CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los padres de Citlali Berenice Giles Rivera, fotoperiodista que murió en el festival Axe Ceremonia el 5 de abril último, hacen un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Queremos un diálogo. Dijo que nos apoyaría; tenemos pruebas y no hay justicia”.

Luis Raúl Giles Martínez y Blanca Lilia Rivera Orozco, en entrevista con Proceso, denuncian que a cinco meses de la investigación por “homicidio culposo” (carpeta CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1) la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no realiza su trabajo y evade pruebas que identifican a Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV (OCESA), como coorganizadora, junto a Eco Live, del Axe Ceremonia. La próxima audiencia que consideran clave es este viernes 19 de septiembre.

Ante el luto por el deceso de su hija, los Giles Rivera se reconocen como “víctimas indirectas” de dos asuntos: por un lado, la “negligencia” ante ese acto, en donde también falleció el fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, y por el otro, la frustración ante el sistema de justicia en México.

El 9 de septiembre último emitieron un comunicado público en el que denunciaron la falta de avances en la investigación y señalan a la Fiscalía capitalina de proteger a empresas organizadoras del evento, específicamente a OCESA como coorganizadora y a Servicios de Protección Privada Lobo, SA de CV, encargada de seguridad de ese festival.

Acompañados de su asesor jurídico, el abogado Fabián Victoria Rangel, el señor Luis Raul Giles relata la indiferencia, retrasos y el trato revictimizante por parte de los funcionarios de la FGJ-CDMX:

“Nos dijeron que se seguiría la carpeta de investigación por homicidio culposo, que la Fiscalía lo seguiría de oficio, independientemente de que tuviéramos un reclamo por las circunstancias en las que había sucedido, y que habría culpables y una reparación integral.

“Todo eso (mi esposa y yo) no lo conocíamos ni sabíamos qué derechos teníamos como víctimas indirectas. Nos cambiaron la vida como familia, ha sido un parteaguas en nuestra vida. De cuatro personas en la familia pasamos a ser tres; no te acostumbras. Si hay personas responsables, deben de pagar, y sobre todo a comprometerse a que esto no puede volver a ocurrir”.

Afirma que el proceso se ha viciado pese a tener una carpeta de investigación que, a su decir, tiene suficientes elementos para avanzar en una resolución:

“En un inicio nos prometen que se va a realizar una investigación, la presidenta se comprometió públicamente, y después el Ministerio Público nos dice ‘es que no han traído ustedes ninguna prueba, algún culpable o un sospechoso’, y cuando se empieza a alimentar la carpeta es ‘¡ahora ya no, es mucho!, este sí, este no’. Al inicio nos estaban pidiendo información, luego resultó que ya no les gustó cómo se estaba manejando la carpeta”.

—Pero cómo, si el trabajo de la Fiscalía consiste en recabar pruebas.

—¡Exactamente! (exclama el trío de voces en entrevista).

Interviene el abogado Fabián Victoria Rangel para redondear lo que ha sucedido legalmente a cinco meses de distancia:

“La familia Giles Rivera se ha encontrado con un Ministerio Público que le ha traslado sus obligaciones, son los que tienen que buscar los indicios, los que tienen que informarle cuáles son esos indicios, los que tienen que pedirle los actos de investigación que son necesarios para encontrar la verdad.

“No sería indispensable que tuvieran asesoría jurídica privada, porque ésa es la función de los ministerios públicos. En este asunto hay varios responsables que son personas físicas y son personas morales. Desde un inicio nosotros observamos a dos de las principales responsables de lo ocurrido: Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y Seguridad Privada Lobo, SA de CV”.

El abogado explicó que partieron de información a la vista de todos: los boletos impresos del Axe Ceremonia en donde se indica a “Eco Live y OCESA” como organizadores, tras lo cual solicitaron al MP “actos de investigación” de contratos, que después de retrasos —ante la presión de una manifestación pública en julio último— hubo un avance que consideró significativo:

“Surgió una resolución administrativa del 6 de mayo de 2025 emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo, donde los especialistas en materia de protección civil analizan todos los documentos y determinan que la organizadora del evento fue Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV.

—¿No es Grupo Eco Live?

—También, Grupo Eco Live es el nombre comercial de dos empresas, la Agencia de los Socios SAPI, de CV, y ON Producciones, SA de CV. Y en esa resolución administrativa se determina que OCESA y Eco Live fueron las organizadoras del evento.

—¿Eso está sustentado en documentos?

—Claro, es una resolución administrativa (oficio número AMH/DGGAJ/OF-0157/2025, expediente 0001/2025/ESP, de fecha 6 de mayo) que al día de hoy sigue vigente y tiene plena fuerza legal, no ha sido anulada por ninguna autoridad competente (documento del cual Proceso tiene copia). Cuando determinan eso hacen un análisis para cuantificar la multa que se les debe imponer. En el caso de OCESA fue de poco más de un millón 800 mil pesos (1,832,868.00).

—¿Cómo obtienen ese monto?

—Respecto de lo que OCESA logró recaudar en ese fin de semana, y les da un resultado aproximado de 350 millones de pesos, con base en eso determinan imponer esa multa. Por otro lado, surgen otros datos de pruebas, como lo es un camión que estuvo el día de los hechos dentro del festival, rotulado con el nombre de ‘OCESA’ con la frase ‘Centro de Mando’ y ‘Seguridad CCTV’ (circuito cerrado de televisión). Después nos enteramos que desde ese centro de mando se monitoreó en tiempo real todo el evento, más de 23 cámaras de videovigilancia que estaban colocadas a lo largo y ancho del festival Axe Ceremonia 2025.

“Los encargados de estar monitoreando en tiempo real esas cámaras fueron los elementos de Servicios de Seguridad Privada Lobo, SA de CV. Dentro del Programa Especial de Protección Civil que se autorizó para realizar el Axe Ceremonia 2025 había una carta responsiva suscrita por Servicios de Seguridad Privada Lobo, SA de CV, donde asumió la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los asistentes al festival hasta el total desalojo del inmueble.

“En otro contrato OCESA, al igual que Seguridad Privada Lobo, se hace cargo de otra parte de seguridad: control de accesos, revisión de boletos, detección de boletos falsos, de distribución de filas, etc”.

Otro elemento que mencionó es el citatorio a patrocinadores del Axe Ceremonia para conocer el documento de invitación. El pasado 22 de julio acudió el apoderado legal de OCESA, quien en presencia de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México aseveró “de manera prepotente” que su representado no organizó, promovió ni desarrolló el Axe Ceremonia.

Abunda el abogado:

“Ese mismo 22 de julio de 2025 llegó la apoderada legal de una empresa patrocinadora, una empresa que es un gigante de la farmacéutica a nivel mundial, una empresa valiente que llegó y exhibió su contrato de patrocinio, y de ese contrato de patrocinio se desprende que OCESA lo firmó y no sólo eso, declaró y se ostentó dentro de ese contrato como la organizadora, promotora y desarrolladora del Festival Axe Ceremonia 2025. No sólo llegó ese documento, después llegaron varios contratos más en el mismo sentido, que decían exactamente las mismas cuestiones. Son datos contundentes”.

Respecto de la posibilidad de tener acceso a ese documento, expresó:

“Mire, en este caso, por ser un dato que forma parte de la investigación, no es posible ventilarlo en este momento”.

—¿No es Unilever? en relación a “Axe”, marca que finalmente retiró el nombre del festival cuando se pasaron sus redes de “Axe Ceremonia” a “Ceremonia”.

—No fue ésa, lo lógico es que la retiraran, aunque siempre se va a recordar así ese festival, como “Axe Ceremonia 2025”.

Aun con las que consideran evidencias irrefutables para solicitar al Ministerio Público agregar a OCESA como imputada, les respondieron que esto no era procedente, dijo Fabián Victoria Rangel:

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene la obligación de recibir los indicios, de recibir la imputación y hacerla en contra de las personas que nosotros consideremos que pueden ser responsables. Y después de eso, al agotarse la investigación, lo pone ante un juez, quien revisa, analiza y determina quién debe ser imputado y quién no. No es una facultad del (agente de) Ministerio Público. Sin embargo, ella ha rebasado sus funciones, sus facultades y ha dicho no.

—¿Qué agente de Ministerio Público es?

—Tenemos información de que Elizabeth Hernández Hernández, responsable de la Coordinación General de Investigación Territorial, tiene la instrucción de no cambiar la calidad a imputadas de las empresas.

Por lo anterior afirmaron que hay dos denuncias en la Fiscalía de Servidores Públicos y el Órgano Interno de Control debido a las omisiones de esas autoridades en el caso. Además solicitaron una audiencia ante un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México para informarle de esa situación. Esa audiencia de omisiones se ha pospuesto. Refirió el abogado:

“Lo que hace la Fiscalía es apresurarse a preparar una solicitud de audiencia inicial para formular imputación respecto de diversas personas físicas y morales, pero sin incluir ni a OCESA ni a Servicios de Seguridad Privada Lobo. El 1 de septiembre piden la solicitud de audiencia inicial que en menos de 24 horas el Poder Judicial de la Ciudad de México la concede. A nosotros tardan en otorgarnos nuestra audiencia un mes y cinco días, y al Ministerio Público en menos de 24 horas la audiencia inicial.

“Nuestra audiencia de omisión está fijada para el 29 de septiembre. Lo correcto era que primero se celebrara la audiencia de omisiones para que se determinara si es o no procedente que OCESA y Seguridad Lobo sean imputadas, y después celebrar la audiencia inicial con todos los responsables que deben estar como imputados, pero no. Persiguen proteger y encubrir a OCESA y Seguridad Privada Lobo. ¿Para qué? Para que no puedan ser imputados. Lo cual, obviamente, perjudica a las víctimas, porque todas esas personas físicas y morales que están imputadas son las más insignificantes.

—¿Se refiere a Eco Live?

—Son pequeñas empresas que OCESA utiliza como un velo corporativo para evadir y diluir su responsabilidad. Eco Live es una de las empresas que está como imputada dentro de la carpeta de investigación ¿son las principales? No. Las principales son OCESA y Seguridad Privada Lobo.

—OCESA, en comunicados, ha expresado que no es organizadora, sino que fungió como proveedora de servicios.

—Y como se lo comenté hace un rato, el apoderado legal de OCESA, viendo a los ojos al señor, el 22 de julio de 2025 le dijo: ‘Mi empresa, mi representada, no organiza, no promueve y no ejecuta el Festival Axe Ceremonia’, y seis horas después llega el contrato de esa patrocinadora valiente en donde OCESA se ostenta como organizadora.

—¿Cuál es el documento clave en todo esto?

—El documento de resolución administrativa en donde se fija una multa a OCESA; si no tuvieran nada que ver en esta investigación ¿por qué la multan?

En dicha resolución administrativa con fecha de 6 de mayo, de la que Proceso tiene copia, se lee en el segundo inciso hacia el final del documento:

“Se ordena y se aplica a la persona moral denominada AGENCIA DE LOS SOCIOS, S.A.P.I. DE C.V. que opera bajo el nombre comercial de "ECOLIVE" y "OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V." titular del ESPECTÁCULO PÚBLICO DENOMINADO "FESTIVAL AXE CEREMONIA 2025", CELEBRADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 290, COLONIA SAN LORENZO TLALTENANGO, CÓDIGO POSTAL 11210, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, una sanción económica equivalente a la cantidad de 16,200 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTAS) VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA VISITA, a razón de $113.14 (CIENTO TRECE PESOS 14/100 M.N.), dando como resultado la cantidad de $1,832,868.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), en términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO inciso A) de la presente resolución, misma que deberá pagar en un plazo no mayor de TRES días hábiles contados a partir de la notificación de la presente...”.

Luego de lo anterior, los padres de Citlali Berenice Giles Rivera añadieron:

“Llevamos un escrito a Atención Ciudadana dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum en donde le informamos de todo esto. Que nos abra las puertas para tener un diálogo con ella, es sumamente importante, porque no conforme con ser las víctimas indirectas la otra parte no se ha conducido de forma honesta, responsable y profesional. Empezamos a trabajar en el Poder Judicial, ¿qué está pasando? Si la presidenta tiene un compromiso sincero que nos abra las puertas, si nos escucha llegaremos a un entendimiento, y posiblemente un acuerdo”.

–¿Qué pasa si llega el 19 de septiembre y todo continúa así?

–Le explicaremos al juez técnica y jurídicamente –responde Fabián Victoria Rangel– por qué no se puede llevar la audiencia inicial, que determine dejarla sin materia hasta que se celebre la audiencia de omisiones, queremos la inicial, pero queremos que vayan todos los responsables, no sólo algunos. No se busca venganza, se busca que los señores conozcan la verdad, que los culpables no queden impunes y que se tenga acceso a una reparación integral.

Blanca Rivera agrega:

“Que se busquen a los verdaderos responsables, no los que ellas (en el Ministerio Público) crean que son los responsables, eso buscamos: justicia”.