CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de ser uno de los refugios de cientos de mexicanos para crear empresas offshore, el gobierno de Felipe Calderón firmó un acuerdo con las autoridades de Las Bahamas que condiciona la entrega de información sobre empresas abiertas a nombre de nacionales en ese paraíso fiscal de las Antillas. El acuerdo fue firmado el 23 de febrero de 2010 por el entonces secretario de Hacienda y actual senador del PAN por la Ciudad de México, Ernesto Cordero Arroyo. Con base en el acuerdo, si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca información sobre un contribuyente mexicano en Las Bahamas, tiene que enviar un escrito detallado a las autoridades tributarias de ese país en el que debe indicar la identidad del ciudadano, la fecha en que operó su sociedad, el propósito por el que pide la información o las razones para considerar que la información solicitada es relevante para el gobierno, entre otros requisitos. Cumplidas estas condiciones, el SAT ni siquiera tiene garantías de recibir la información. El gobierno de Las Bahamas puede negarse a entregarla si considera que el escrito fue mal redactado, que el gobierno de México no agotó los medios para conseguir la información en su propio territorio o si considera que la revelación de los datos puede dañar la seguridad nacional, el orden público o el secreto comercial e industrial. El acuerdo de México con Las Bahamas es similar al modelo que adoptaron 104 países, a propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, el instrumento avanza poco en la lucha contra la evasión de impuestos y la secrecía bancaria, pues no contempla un intercambio transparente y automático de toda la información fiscal en Las Bahamas. Para el pequeño país antillano, ubicado entre el norte de Cuba y el sur de la Florida, en el Océano Atlántico, esta secrecía representa una ventaja competitiva. Según datos del registro de la propiedad de Bahamas, filtrados al Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sus medios internacionales asociados, entre ellos la revista Proceso, por lo menos 431 entidades offshore fueron abiertas en Las Bahamas a nombre de mexicanos entre 2005 y 2015. La base de datos que fue entregada al periódico alemán por una fuente anónima incluye más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones incorporadas a Las Bahamas desde los años 90 hasta principios de este año. La información aporta una nueva mirada a las entrañas del mundo offshore, después de la publicación de #PanamaPapers, la investigación periodística internacional dada a conocer en abril de este año y en la que el semanario formó parte. Abogados, turistas e inversionistas de papel Durante todo el año, cientos de cruceros desembarcan en la costa de Nassau, la capital de Las Bahamas, un archipiélago en el Caribe compuesto por más de 700 islas. Pero apenas una treintena están habitadas, principalmente por descendientes de esclavos africanos que aún reconocen al monarca de Reino Unido. Los cruceros procedentes de Miami llevan oleadas de turistas de toda clase. Desde la élite hasta la clase media, que contribuyen con dos terceras partes del PIB del país, aunque no toda la derrama económica acaba en las arcas del archipiélago. Las empresas navieras han comprado algunas islas de Bahamas a donde llevan a sus pasajeros. En Nassau se concentran los servicios y la actividad comercial dirigidos al turismo. Más de la mitad de la población económicamente dedicada a esa actividad se traduce en un remolino de prestadores de servicios para los miles de turistas que bajan de los cruceros. Decenas de vehículos esperan a quienes buscan las playas y los comercios sobre la avenida principal, Market Street, donde aguardan a los visitantes que buscan comprar relojes, ron o aparatos electrónicos libre de impuestos. Para la mayoría de la población, de apenas 377 mil habitantes en 2013, no hay más que ser prestador de servicios. Para los pocos, la salida es estudiar la universidad en Inglaterra para ser abogado y dedicarse a la vida pública o integrarse al sector financiero. Los despachos de abogados y asesores financieros aportan, a través de la industria offshore, la otra tercera parte del PIB de la Mancomunidad de Las Bahamas. En 2013, esa industria representó más de 11 mil millones de dólares. En 1989, Las Bahamas fue la primera nación caribeña en adaptar su legislación a las necesidades de las personas más adineradas del mundo: integró la figura de Compañía de Negocios Internacionales (IBC, por sus siglas en inglés), también conocida como empresa offshore, a la que exentó de pagar impuestos durante 20 años. No fue sino hasta el 30 de junio de 2001 que el gobierno de Las Bahamas prohibió las acciones al portador, con las que garantizaba el anonimato absoluto de los dueños de sociedades incorporadas en su jurisdicción. Durante años, esta modalidad fue una de las herramientas más empleadas para lavar dinero, y poco a poco fueron eliminadas bajo la presión internacional, como ocurrió en el caso de Panamá. Según el despacho panameño Sovereign Management & Legal, especializado en la incorporación de estructuras offshore, “el gobierno de Bahamas ha adoptado una postura proactiva para seducir inversionistas extranjeros”, ya que las leyes de Bahamas protegen la secrecía de los extranjeros –tanto respecto a sus empresas offshore como de sus cuentas bancarias¬– y los exentan de impuestos. El despacho afirma que Bahamas es un paraíso para abrir empresas offshore, tener cuentas bancarias o títulos financieros, adueñarse de inmuebles, gestionar transacciones internacionales de negocios, y evadir los impuestos sobre bienes y herencias, mientras otras páginas señalan las ventajas de abanderar su nave en Bahamas. Sovereign Management & Legal también recuerda las ventajas de abrir una sociedad de papel en el archipiélago: no existe el impuesto sobre el ingreso, el impuesto corporativo, el impuesto sobre el valor agregado, ni el impuesto sobre riquezas para quienes inviertan en compañías offshore. Tampoco se cobra el impuesto sobre bienes inmobiliarios, sobre ganancias de capital o de herencia. Por si fuera poco, las leyes de Bahamas no obligan a entregar reportes financieros; tampoco contemplan la opción de divulgar información sobre los accionistas de una sociedad. Y más: el gobierno de Bahamas no tiene firmado ningún tratado sobre doble recaudación. Existe un registro público de la propiedad de Las Bahamas consultable por Internet, pero en él sólo aparece el nombre un director de una sociedad y, además, no revela la identidad de los accionistas. Para que sus nombres no aparezcan en este registro, los ricos usuarios del paraíso bancario contratan los servicios de despachos especializados, quienes abren la empresa a nombre de sus “directores de papel”, tal y como ocurre en otros paraísos fiscales. Sólo la Suprema Corte de Justicia de Bahamas tiene el poder de hacer pública la información sobre una cuenta bancaria, y eso mediante una orden específica. La Red para la Justicia Tributaria (TJN, por sus siglas en inglés), una organización que monitorea y lucha contra la evasión de impuestos, estimó que Bahamas forma parte de las jurisdicciones de mayor opacidad bancaria, pues incumple con nueve de los 15 “indicadores de secrecía” y cumple parcialmente con los otros seis. Si bien el volumen de servicios financieros que transitan por Bahamas es relativamente bajo en comparación con los centros financieros más importantes del planeta, como Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur o las Islas Caimán, el índice de secrecía del archipiélago es superior al de estos países, según TJN, y sólo está superado por Liberia, Vanuatu, Samoa, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Brunei. El No de Las Bahamas Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no considera al archipiélago como un paraíso fiscal, pese a que en esa jurisdicción no se cobran impuestos sobre el ingreso, no se intercambia información fiscal, no es transparente y no tiene actividades económicas sustanciales, fuera del turismo. Desde que en 1988 publicaron el informe “Competencia Fiscal Perniciosa: Un Problema Global Emergente”, la OCDE y el Grupo de las 20 economías más grandes (G20) han adoptado distintas medidas para combatir la evasión de impuestos y la excesiva secrecía bancaria, por lo menos en el papel. Una primera iniciativa fue la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, aprobada en 1988 y enmendada en 2009 con un protocolo. Según la OCDE, la convención representa “el instrumento multilateral más comprensible disponible para todas las formas de cooperación fiscal, para frustrar la evasión de impuestos, una prioridad máxima para los países”. El gobierno de Las Bahamas nunca la aceptó. Otros países como Israel, Suiza o Estados Unidos la firmaron, pero sus legisladores no la han ratificado. En 2013, el G20 y la OCDE acordaron una serie de acciones en el marco del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios para erradicar la evasión de impuestos y las prácticas fiscales “agresivas”. El objetivo era reducir a un 10% anual la pérdida en la recaudación global del impuesto sobre sociedades, es decir, hasta 240 mil millones de dólares. De nueva cuenta, las autoridades de Las Bahamas no quisieron formar parte del proyecto. La más reciente de estas medidas es el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras de la OCDE que establece un estándar global único sobre información financiera. El acuerdo prevé que los servicios tributarios intercambien información de manera automática cada año. Entrará en vigor a partir de 2018, pero tras la revelación de los cientos de nombres de mexicanos en los #PanamaPapers, el gobierno de México decidió adelantar su vigencia a septiembre de 2017. Hasta la fecha, 84 jurisdicciones han firmado esta convención internacional. Pero el gobierno de Bahamas se negó otra vez, junto con los gobiernos de Singapur y Panamá, entre otros. Es más, el propio ministerio de Servicios Financieros del archipiélago convirtió esta negativa en un argumento comercial para atraer inversionistas. En la Revista Financiera de Bahamas, publicada en el invierno 2014-2015, la institución recordó que “el estándar provee un intercambio de toda la información financiera en una base anual y de manera automática”, y enfatizó: “Las Bahamas NO son firmantes de esta convención”.