Las denuncias por infiltración, pactos o protección del crimen organizado en las estructuras políticas de Sinaloa, encabezadas por el ahora gobernador con licencia, el morenista Rubén Rocha Moya, surgieron desde el proceso electoral en el cual resultó ganador, pero no se constriñeron a esa entidad, lo mismo que los crímenes de candidatas y candidatos o funcionarios electos atribuidos a los grupos criminales.

El panorama de los comicios de 2021 en estados como San Luis Potosí, Michoacán o Chiapas arrojó desde la exhibición de candidatos y funcionarios en las denominadas narcomantas, hasta denuncias formales que llegaron a las fiscalías estatales, la FGR y los tribunales electorales, incluido el de la Federación. 

En todas las instancias la mayoría fue soslayada y se hizo a un lado bajo el argumento de carecer de las pruebas suficientes para determinar incluso la anulación de procesos.

Los comicios de 2021 por los que el morenista Alfredo Ramírez Bedolla fue electo gobernador en Michoacán, por ejemplo, abrieron la puerta al reconocimiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la operación de grupos de la delincuencia organizada en elecciones de gubernatura.

Ese año, la Sala Superior del TEPJF tuvo por acreditada, de manera expresa y en la parte resolutiva de una sentencia, la intervención delincuencial en una elección de gobernador. El reconocimiento no valió la nulidad de la contienda bajo el argumento de que no fue generalizada, sino sólo en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.

La operación de la delincuencia acreditada en 129 casillas fue calificada entonces por los magistrados como “focalizada” e insuficiente para quitarle el triunfo a Alfredo Ramírez Bedolla, aunque sí derivó en la anulación de las votaciones en los cuatro municipios referidos y con ello la modificación de los resultados de la elección a gobernador.

El día de la jornada electoral en La Huacana personas armadas obligaron a electores a votar en favor de Alfredo Ramírez, otros fueron amagados para que mostraran por quién iban a votar.

En Múgica los representantes de partido fueron desalojados de casillas y sólo se permitió la presencia de los de Morena; en Gabriel Zamora grupos armados se hicieron de las boletas de cinco casillas y las marcaron en favor del hoy gobernador; en Nuevo Urecho incluso hubo bloqueo de carretera.

Las irregularidades reconocidas por el Tribunal no fueron las únicas registradas en esa elección, también hubo quema de boletas, el secuestro de un presidente de casilla y el robo de urnas, entre otros.

Ese año tres candidatos sufrieron atentados a balazos. Fue el caso de Rosa Elia Milán, abanderada del PT-Morena a la alcaldía de Cuitzeo, quien resultó herida y su esposo muerto luego de ser agredida con armas de fuego el 31 de mayo. 

Para las elecciones locales intermedias de 2024 el panorama no cambió en Michoacán. El municipio de Maravatío fue el ejemplo más claro, ahí fueron asesinados Dagoberto García Reyes y Ángel Reyes Zavala, de Morena, así como Armando Pérez Luna del PAN, que buscaban la presidencia municipal.

Estigma de la narcopolítica

En San Luis Potosí un escándalo previo se convirtió en la sombra bajo la cual el actual gobernador del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, resultó ganador de la elección.

Gallardo Cardona fue acusado y detenido por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en enero de 2015, mientras aún era alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado con la capital del estado. 

El Pollo, como ya desde entonces se le conocía, había solicitado licencia a su cargo hacia finales de 2014, pues tenía la intención de participar en el proceso electoral de 2015; sin embargo, fue detenido y recluido en penales de los estados de Sonora y Guanajuato durante casi un año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República contra el edil, tras detectar que más de 209 millones de pesos, provenientes de los ramos 28 y 33, habían sido malversados empleando un entramado de empresas cuyos accionistas eran el propio Gallardo Cardona, cercanos y familiares, informó Proceso en ese entonces. 

Para conseguir la libertad su defensa tramitó un juicio de amparo alegando errores en la formulación de los delitos imputados y así lograron sacarlo de prisión: sus abogados argumentaron que las empresas a las cuales se desviaron los recursos no habían sido creadas ex profeso durante su gestión, sino antes, y que el dinero que triangularon no era de procedencia ilícita, pues se trataba de fondos del gobierno federal, por lo tanto, legales.

Ese mismo año Ricardo Gallardo Juárez, padre del mandatario, asumió la presidencia municipal de la capital potosina, cargo que ostentó hasta 2018, cuando Gallardo Cardona, por su parte, resultó electo como diputado federal por el PRD, para luego renunciar y afiliarse al PVEM, partido aliado de Morena.

En agosto de 2020 la UIF, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una nueva denuncia, esta vez contra 20 personas morales y 19 personas físicas, entre ellas Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, por el desvío de más de 724 millones de pesos durante sus administraciones como alcaldes en Soledad de Graciano Sánchez y en San Luis Potosí, entre 2012 y 2019. Sin embargo, en este caso no se ha llegado a la formulación de nuevas imputaciones formales contra el gobernador verde ecologista.

A mediados de 2022, luego del hackeo masivo del grupo Guacamaya contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se filtró un documento elaborado por personal de esa dependencia adscrito en San Luis Potosí que detalla el “panorama delictivo” en el estado. 

En los documentos citados por Guacamaya se establece una relación entre Ricardo Gallardo Cardona, ya investido como gobernador desde octubre de 2021, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que domina la mayor parte del territorio; se indica que en ese su segundo año como gobernador negoció un “pacto de no agresión” entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Los Alemanes. 

Otro mandatario, aunque de menor rango, que se menciona en ese documento, es Arnulfo Urbiola Román, alcalde del municipio de Rioverde (en la zona Media) desde 2021, y a quien se describe como líder de Los Talibanes, un grupo delictivo que se conformó como una extensión de los denominados “zetas”, en su momento.  

Brisseire Sánchez López, actual diputada local por el XV Distrito, con sede en la Huasteca, es señalada por haber recibido financiamiento de Jorge Luis Soni Bulos, alias el Coquis, líder de un cártel identificado como San Luis Potosí Nueva Generación, para su campaña por la alcaldía de Tampacán, misma para la que contendió por el PRI, aunque luego desertó para incorporarse a las filas del Partido Verde Ecologista de México, instituto político que ahora lideran los Gallardo en San Luis Potosí. 

Denuncias al aire

En Nuevo León la campaña electoral de 2021 para elegir gobernador fue empañada por el cruce de acusaciones entre los candidatos de MC y del PRI, sobre ligas con grupos de la delincuencia organizada.

Los entonces aspirantes, el priista Adrián de la Garza y el emecista Samuel García, presentaron denuncias ante la delegación de la Fiscalía General de la República, exigiendo que se investigara a su adversario bajo la presunción de recibir financiamientos de grupos ligados al Cártel del Golfo.

De la Garza, ahora alcalde de Monterrey y aspirante a contender por la gubernatura en 2027 bajo las siglas del PRI en alianza con el PAN, fue el primero en promover su querella por lavado de dinero mediante la adquisición de inmuebles y por depósitos para financiar la campaña de Samuel García.

La denuncia se presentó el 11 de abril de 2021, a unos días de iniciar la contienda electoral que ganaría Movimiento Ciudadano.

En la denuncia –que nunca prosperó– se señaló que Samuel recibió más de 10 millones de pesos por parte de familiares que actuaron como prestanombres de Gilberto García Mena, alias el June, exlíder del grupo criminal originario de Tamaulipas.

De la Garza, quien también fue candidato por el PRD, exhibió un video casero donde se veía a Samuel García a sus 10 años bailando en una fiesta del June, quien es primo hermano de su padre Samuel García Mascorro, como “prueba irrefutable” de sus vínculos con el narcotráfico.

Los depósitos bancarios para la candidatura de MC fueron hechos por Enrique González Palomares, empleado del despacho de Samuel y su papá, y por Blanca Esthela Garay Torres, cuñada del June, por sumas que iban desde los 100 mil pesos hasta los dos millones. 

Para devolver los golpes mediáticos y legales, el equipo de campaña de Movimiento Ciudadano revivió señalamientos que vinculaban la labor como procurador de Justicia del Estado de Adrián de la Garza con Juan Manuel el Mono Muñoz Luévano, presunto operador del cártel de Los Zetas y sus operaciones en Europa.

El munícipe priista negó las acusaciones, calificándolas de calumnias surgidas de una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional que detectó su nombre en narconóminas, que acreditaban el pago de sobornos a cambio de protección para operar en Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio, actual senador por el estado, respaldó las acusaciones de Samuel García, al señalar que el priista, como alcalde de Monterrey, tuvo ligas con empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, a las cuales otorgó contratos como proveedoras de servicios y obras públicas.

Pero la FGR desechó por inconsistentes todas las acusaciones.

Corrupción y crímenes políticos escalan

En Chiapas la violencia político-electoral ha mostrado una tendencia alarmante al alza, consolidando al proceso de 2024 como uno de los más peligrosos de la historia reciente. Graves acusaciones de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado apuntan hacia las cúpulas del poder municipal.

Durante la jornada electoral ordinaria de 2021 la falta de garantías de seguridad, causada por bloqueos y amenazas de civiles armados, obligó a suspender las votaciones en varias casillas de los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra.

La violencia escaló a un nivel letal en marzo de ese año, cuando Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, fue emboscado y acribillado en su camioneta junto a su hijo de ocho años y un acompañante.

Tras los comicios del 6 de junio de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) colocó a Chiapas entre los cinco estados con mayor número de denuncias por presuntos delitos electorales federales en el país, registrando al menos 48 carpetas de investigación y compartiendo los primeros lugares con la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Puebla.

Las secuelas obligaron a organizar elecciones extraordinarias, pero éstas también terminaron canceladas en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra debido a la abierta intimidación y disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para 2024, las agresiones no sólo se mantuvieron, sino que crecieron en intensidad y alcance. Organismos civiles y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) documentaron decenas de ataques directos a escala municipal, incluyendo atentados con armas de fuego, privaciones ilegales de la libertad y amenazas de muerte contra militantes, candidatos y sus familias.

Este proceso electoral dejó un saldo de ocho homicidios directos. En los municipios de Chicomuselo y Pantelhó las elecciones se suspendieron de manera definitiva tras registrarse ataques armados contra las sedes electorales, agresiones físicas y la quema intencional de boletas. 

El impacto democrático fue masivo: cerca de 108 casillas no pudieron instalarse en la entidad, despojando a más de 60 mil ciudadanos de su derecho al voto.

A la par de la violencia en las urnas, la legitimidad de los gobiernos locales enfrenta duros cuestionamientos. La Dirección de Ética e Integridad Institucional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó formalmente a la Contraloría Interna Municipal de Villa Corzo sobre la recepción de una denuncia ciudadana anónima (Folio: INTERN0413-26).

La acusación señala directamente al actual presidente municipal, José Ignacio Nagaya Vicente, por faltas administrativas graves, malversación de fondos públicos y delincuencia organizada. Dado que la ASF determinó que carece de las atribuciones normativas directas para tramitar el asunto, turnó el expediente completo al órgano de control local para su investigación y efectos legales.

Como implicados clave en la investigación figuran: José Ignacio Nagaya Vicente, presidente municipal de Villa Corzo; José Arturo Orantes Escobar, contratista y constructor privado, y Juan Manuel “N”, presunto líder del Cártel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con el testimonio presentado, al que Proceso tuvo acceso, el alcalde Nagaya Vicente ha justificado de manera sistemática la falta de obra pública para los constructores de la región bajo el argumento de que el gobierno federal no le deposita recursos. Sin embargo, los registros del Sistema Informativo de Obras contradicen su posición. 

La denuncia detalla un presunto monopolio en el que la administración municipal otorgó, de manera exclusiva, contratos que superan los 106.8 millones de pesos a José Arturo Orantes Escobar operando tanto a título de persona física como a través de su empresa.

Los denunciantes aseguran que una gran parte de estas obras públicas son “fantasma” –es decir, cobradas, pero nunca ejecutadas– y que el dinero desviado se destina presuntamente a financiar las actividades del Cártel Chiapas-Guatemala.

Mario Delgado: “Sin pruebas”

En Colima a principios de 2024 la entonces presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, fue expulsada de Morena por haber declarado que la gobernadora de esa entidad, Indira Vizcaíno Silva, había acercado personajes presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa a Claudia Sheinbaum Pardo, durante eventos de precampaña por la Presidencia de la República.

En entrevista con el periodista Ricardo Ravelo, publicada en enero de ese año en el portal Sin Embargo, Griselda Martínez señaló que tanto el entonces gobernador de Sonora como el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, estaban informados de esa situación, e incluso “yo se lo dije a la candidata a través de un mensaje de WhatsApp, pero no recibí respuesta”, precisó.

En días previos, simpatizantes de Griselda Martínez –quien concluía su segundo periodo como alcaldesa y aspiraba a una candidatura al Senado– mantuvieron una huelga de hambre afuera de la sede nacional de Morena para exigir el cese de la intervención de Indira Vizcaíno en el proceso de selección de candidaturas en Manzanillo, y el movimiento habría concluido luego de un diálogo con el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Pero después de la publicación de la entrevista, Martínez fue citada por Delgado Carrillo a una reunión en la que, según la versión de ella, le notificó que a causa de sus declaraciones se habían esfumado sus posibilidades de una candidatura al Senado y que estaba expulsada del partido.

Mario Delgado convocó a rueda de prensa para rechazar que la campaña de Sheinbaum estuviera infiltrada por el crimen organizado, además de negar haber expulsado de Morena a Griselda Martínez, pues refirió que esa decisión corresponde a la Comisión de Honestidad del partido. 

Pero anticipó: “No ofrece ninguna prueba, hace acusaciones sin fundamento y francamente va en contra de nuestro movimiento, de la gobernadora, de nuestra candidata a la Presidencia. Entonces, pues yo creo que no tiene ella interés en seguir participando”.

Griselda Martínez sufrió dos atentados –2019 y 2021– de los que logró salir con vida, pero que no han sido resueltos. 

A finales de febrero de 2024, mediante una carta pública dirigida a Mario Delgado, Griselda Martínez formalizó su salida de Morena, sin dejar de cuestionar la “violencia y persecución política” contra las disidencias.

“Operación levantón”

En Culiacán un grupo armado ingresó por la fuerza a un domicilio en el fraccionamiento residencial Colinas de San Miguel y se llevó por la fuerza a José Alberto Salas Beltrán durante las primeras horas del sábado 5 de junio de 2021. La fecha y el nombre fueron claves: faltaban 24 horas para la elección a la gubernatura y Salas Beltrán era el cerebro operador y financiero del PRI como secretario de organización estatal en Sinaloa. 

Esa mañana muy temprano el partido llamó a conferencia de prensa para confirmar lo que en ese momento se ventilaba como un “levantón”. La solicitud fue que liberaran al militante priista. 

Pero horas más tarde, apenas dejada la sede para comenzar el despliegue electoral, otros operadores del PRI fueron secuestrados por grupos armados en diferentes puntos de la ciudad.

A casi todos los recluyeron en una bodega en la zona del Infonavit Las Flores, hacia el poniente de la ciudad. Ahí les advirtieron que los iban a matar. Entre los capturados iba la ahora diputada Paola Gárate Valenzuela y un grupo de alrededor de por lo menos 20 personas, todas con los ojos y cabezas tapados. 

De este despliegue el partido consideró que al menos cien personas, tan solo en Culiacán, sufrieron esa privación de su libertad el día de la jornada en la que Rocha Moya resultó ganador. 

Algo similar ocurrió en los municipios pequeños que conforman al centro del estado como Angostura y Navolato, donde grupos armados ingresaron a los domicilios de operadores. Una de las personas afectadas narró que buscaban el dinero para la operación de la elección y con el cual cubrirían gastos de traslados y alimentación para personal que acudía a las casillas a lo que en los partidos llaman “la defensa del voto”.

Y no fue exclusivo contra el PRI. Militantes de Movimiento Ciudadano fueron advertidos de no salir a operar la elección, e incluso “guardarse” un día antes, es decir, desde el sábado 5 de junio. Una fuente explicó a Proceso que esa recomendación fue hecha por Sergio Torres Félix, entonces candidato de dicho partido a la gubernatura y quien apenas en enero pasado fue víctima de un ataque armado sobre el malecón viejo, muy cerca de la sede de MC en Culiacán. 

Hasta la fecha sigue convaleciente y desaparecido de la vida política del estado, después de haber sido uno de los pocos opositores al gobierno de Rocha Moya.

El día de la elección, ya en el arranque de la jornada comicial, en Badiraguato secuestraron al hermano de Guadalupe Iribe Gascón, candidata a la presidencia municipal por el PRI, quien instantes después anunció que se bajaba de la contienda y responsabilizaba al partido Morena y a su candidato, José Paz López Elenes, de lo que pudiera sucederle a su hermano y al resto de su familia. Horas más tarde su hermano fue liberado y López Elenes electo presidente municipal por Morena.

Para la noche de ese domingo, Mario Zamora Gastélum, entonces candidato por el PRI junto a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), hizo pública la derrota, pero también señaló la intervención de grupos de la delincuencia organizada. 

En total fueron 44 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Estas tuvieron que ser a escala federal debido a que a nivel local nadie se atrevió a realizar las indagatorias y menos las declaraciones para las denuncias.

Para la mañana del lunes 7, ya con el resultado convertido en oficial y el triunfo de Rocha Moya, se dio a conocer la liberación de José Alberto Salas Beltrán, quien después de lo ocurrido dejó el partido y se fue a MC.

Una denuncia por estos hechos llegó al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), la cual fue revisada por la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez. El Tribunal terminó validando la elección sin mayores contratiempos y el poder político en Sinaloa quedó encabezado por Rocha Moya e Inzunza Cázarez, hoy acusados de narcotráfico por Estados Unidos.

*Con información de Aarón Ibarra, Patricia Monreal, Mario Alberto Palacios, Luis Daniel Nava y Gabriela Coutiño.

Texto principal publicado en la edición 0036 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.