PACHUCA, Hgo. (Proceso).– La construcción del complejo de economía circular que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció para Tula, Hidalgo, ha generado preocupación en organizaciones no gubernamentales, ambientales, académicas y científicas, las cuales temen que dicho centro sea para legitimar y acelerar la quema de residuos en hornos cementeros y en incineradores, en un territorio que enfrenta problemas graves de contaminación.

El proyecto se erigirá en los terrenos de la fallida refinería Bicentenario, los cuales fueron adquiridos hace 15 años mediante un crédito por mil 500 millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) terminará de pagar el 17 de enero de 2027. Esta tierra que permanece estéril desde el gobierno de Felipe Calderón le cuesta al erario, aproximadamente, 250 millones de pesos anuales, entre intereses y abono a capital del préstamo.

La región de Tula, además, es escenario de una diputa entre grupos delictivos por el control de las válvulas de Pemex para robar hidrocarburos, que ha dejado asesinatos y cuerpos desmembrados al menos en los últimos dos gobiernos estatales.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había emitido observaciones porque el predio, que generaba gasto fijo por la deuda, estaba sin utilizar. En busca de justificar la ociosidad de la tierra por la que Pemex paga (mediante su Subdirección de Proyectos Industriales, desde el 26 de mayo de 2016, cuando se hizo cargo del crédito), el gobierno planteó que se erigiera en ese terreno una central de almacenamiento y bombeo de productos refinados, o que retomara la construcción de una refinería con inversión privada.

Ninguna de las dos propuestas se materializó, aunque en la administración anterior se usaron 17 hectáreas para un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inaugurado en julio último, que fue parte de otra deuda social: el desbordamiento del río Tula que inundó aquella ciudad entre el 6 y 7 de septiembre de 2021, con un saldo de 17 muertos. La anegación ocasionó daños al Hospital General de Zona No. 5, ubicado en la calzada Melchor Ocampo. Para cubrir la demanda de servicios en la región se creó el nuevo complejo.

La ASF, no obstante, dejó en evidencia que “la adquisición del predio no ha contribuido al objeto de Pemex de generar valor y rentabilidad al Estado mexicano”.

Proyecto que genera desconfianza

El plan del gobierno de Sheinbaum implica construir dos plantas recicladoras y un inventario de los residuos que se producen en Hidalgo, con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que también pretende se vincule con el saneamiento del río Tula, según declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas.

No obstante, para la Colectiva Malditos Plásticos, el proyecto, anunciado como un remedio ambiental, está lleno de falsas soluciones frente a la crisis socioambiental que vive la zona, una de las que generan mayor polución, con emisores como la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos y la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Incluso, la ciudad de Tula fue declarada la segunda más contaminada mundialmente por la Unesco entre 2002 y 2005.

La colectiva consideró que es muy posible que se fortalezcan nuevas tecnologías de valorización de residuos traducidas al Waste to Energy (WTE), incineración, coprocesamiento, por lo que urgió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que transparente el proyecto.

“Nos preocupa que todo el trabajo comunitario y científico que realizaron los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde por primera vez se buscaron evaluaciones que integraban el conocimiento, saberes y participación de las poblaciones colapsadas por la contaminación en regiones de sacrificio sumidas en la injusticia ambiental, y donde sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han sido conscientemente vulnerados por un genocidio ambiental que parece no terminar, sirvan para legitimar perversamente el incremento en la quema de residuos, como lo han estado haciendo desde gobiernos anteriores con las modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y la propuesta de Ley de Economía Circular que fomentan la incineración y el coprocesamiento de residuos”, advirtieron.

Los proyectos de incineración ya han sido rechazados en la población por un frente de comunidades, que se han unido para luchar contra la polución porque, además de la infraestructura del estado, en el Valle del Mezquital hay siete de las 36 plantas de cemento en el país.

______________________________________

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0020 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.