El enemigo ya no viste uniforme ni se oculta en la selva. Hoy parece camuflarse entre hashtags, perfiles anónimos y foros digitales. El “enemigo interno” se reconfigura como disidente virtual, como voz crítica en redes, como ciudadano que no encaja en la narrativa oficial. Y frente a él, el Estado moderno no siempre responde con derecho, sino con vigilancia. En efecto, no es una exageración. Es una advertencia. Porque si la democracia digital se construye sobre miedo y monitoreo, el derecho deja de ser escudo para convertirse en arma. Y ese giro no es accidental. Es estructural. Veamos.

Primero. La categoría de “enemigo interno” ha sido históricamente útil para justificar excepciones al Estado de derecho. En dictaduras y democracias el aparato de poder ha delimitado quién merece garantías y quién debe ser vigilado. 

En la era digital esa distinción no depende de conductas probadas, sino de patrones de comportamiento. Basta con pertenecer a un grupo, compartir una idea o usar determinadas palabras clave. Nuestras búsquedas, mensajes, trayectos, afinidades y contactos son procesados por sistemas de predicción que asignan niveles de riesgo. 

Según la ONG Access Now, más de 16 países en América Latina ya utilizan herramientas de vigilancia masiva con inteligencia artificial, sin controles judiciales efectivos (2024). Esto incluye desde el uso de drones hasta el análisis automático de redes sociales por agencias estatales. El efecto es doble. 

Primero, inhibidor: muchas personas evitan expresar opiniones por miedo a represalias. Segundo, estigmatizante: ciertos perfiles sociales o ideológicos quedan marcados como potencialmente disruptivos. De ahí que los activistas, periodistas, defensores de derechos humanos o pueblos indígenas aparezcan con frecuencia como objetivos prioritarios de vigilancia, aun sin antecedentes delictivos. La vigilancia no actúa de manera neutral. La sospecha se distribuye desigualmente. 

El algoritmo no sólo calcula; también discrimina. Y cuando los datos reemplazan al juicio humano, el derecho se reduce a una operación matemática donde el disidente es visto como error de sistema. No como ciudadano.

Segundo. La doctrina del derecho penal del enemigo, formulada por Günther Jakobs (1985), distinguía entre el ciudadano como sujeto de derechos y el enemigo como objeto a neutralizar. Esta figura, nacida al calor del terrorismo y del crimen organizado, planteaba que algunos individuos perdían el estatus jurídico pleno por romper radicalmente con el orden. Aunque discutida en su tiempo, hoy esa lógica se rearticula en silencio, amparada en la retórica tecnológica. 

En vez de declarar estados de excepción, se aplican excepciones dentro del Estado. En lugar de leyes especiales, se recurre a sistemas predictivos. Y en lugar de un enemigo claro, se construyen perfiles anónimos que representan amenazas difusas. La criminalización se anticipa. El castigo, también. Un ejemplo claro es el uso de software como PredPol en Estados Unidos, que ha sido denunciado por reproducir sesgos raciales y de clase. 

En México, el caso Pegasus reveló cómo se espiaba ilegalmente a periodistas y defensores de derechos humanos. La lógica es prevenir el daño, aunque no haya delito. Es decir, perseguir conductas potenciales, no hechos concretos. Y en ese contexto, todo es justificable: la vigilancia sin orden judicial, el bloqueo de cuentas, la cancelación anticipada de derechos.

El derecho penal del enemigo no ha desaparecido; sólo ha cambiado de formas de presentarse. Donde antes había tribunales especiales, hoy hay inteligencia artificial. Donde había leyes de excepción, hay software de predicción. El resultado preocupa: ¿es posible que se castiga más por el quién que por el qué? ¿Por el perfil, no por la acción? 

El CURP Biométrico y el acceso a las bases de datos de todos por las fuerzas del orden sin necesidad de autorización judicial no es el mejor mensaje en este contexto. Es verdad que la intrusión digital en la vida privada de las personas se ha practicado desde tiempo atrás, pero en las sombras. No a la luz del día y al amparo legal.  Y es que ello abre la puerta a un proceso de autoritarismo digital silencioso, sofisticado, difícil de detectar. 

Tercero. Cuando el Estado divide a los ciudadanos entre confiables y sospechosos, se rompe el pacto democrático porque la igualdad deja de ser un principio para volverse una apariencia. Y porque la justicia se aleja de la imparcialidad para acercarse al control social. La consecuencia más grave no es sólo jurídica, es cultural. 

Las personas se acostumbran a callar. A no buscar. A no protestar. Y en esa autocensura invisible se desploma el espacio público no porque haya represión abierta, sino porque hay inhibición invisible. El temor se vuelve método. El silencio, norma.

Cuando la opinión pública se construye desde plataformas controladas algorítmicamente la visibilidad no es sinónimo de libertad. Lo que no se ajusta al discurso dominante es estigmatizado, vigilado. El crítico, con razón o sin ella, tiene la palabra, el Estado, el monopolio de la violencia. El juicio público ya no depende sólo de argumentos. Depende de la lógica del trending topic. Así, parece haber una tendencia según la cual el ciudadano deja de ser actor y se convierte en espectador. Y el sistema, en vez de incluir, excluye. 

¿Puede ser que el poder ya no tema al delito, sino al pensamiento crítico? ¿Al disenso informado, a la organización colectiva? Y eso transformaría el debate democrático en una escenografía controlada, donde las preguntas verdaderamente incómodas ya no llegan a la conversación. El enemigo, entonces, no es el violento. Es el que piensa diferente. Y eso, para una democracia, es fatal. 

El derecho penal del enemigo ha encontrado en la era digital su terreno más fértil. Invisibilizado por el discurso tecnológico, opera sin ruido, sin leyes nuevas, pero con consecuencias profundas. Clasifica. Excluye. Silencia. No es el futuro: es el presente en muchos lugares.

El reto está planteado: es menester recuperar el derecho como límite al poder. Y recuperar la ciudadanía como espacio de libertad, no de sospecha por pensar diferente.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Texto de Opinión publicado en la edición 0026 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.