CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México cambia rápido. Pero no siempre en beneficio de todos. La gentrificación transforma barrios populares en zonas exclusivas. Ciertamente trae inversiones, turistas y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo. Pero, al mismo tiempo, expulsa. Suben las rentas, desaparecen las tiendas tradicionales, se diluye la vida comunitaria. Se rompe el tejido vecinal. No es progreso si implica despojo sin reglas. Muchas ciudades del mundo han enfrentado esta misma tensión. Algunas lo han hecho con inteligencia. Otras con valentía. Veamos. 

Primero. La gentrificación no ocurre de un día para otro. No surge por generación espontánea. Se infiltra como la humedad. Comienza con cambios discretos: remodelaciones, cafés, calles más limpias. Luego llegan los aumentos de renta, en zonas donde la ley guarda silencio. “Son problemas entre particulares”, pensarán algunos. Pero no lo son. Finalmente, viene el desplazamiento. Los habitantes tradicionales ya no pueden pagar. Tienen que irse. No por elección, sino por presión. Acaban en la periferia. Más lejos. Más vulnerables. La pobreza se intensifica. La inseguridad crece. El futuro se reduce. Un factor determinante ha sido el auge del alquiler turístico digital. Plataformas como Airbnb convierten viviendas permanentes en hospedajes temporales, lo que encarece el mercado y reduce la oferta para los residentes de largo plazo. Según DataDear, más del 80% de las unidades listadas en esa plataforma están en zonas con alta presión inmobiliaria (https://datadear.org/mx/airbnb-cdmx/). Otro factor es el turismo digital. Personas extranjeras con ingresos en moneda fuerte alquilan o compran propiedades a precios que los habitantes locales no pueden igualar. Esto genera desigualdad sin estridencia, pero con fuerza. Lo que algunos celebran como oportunidad, para otros significa un desalojo silencioso (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61598180). 

El problema no es solo económico. También es social, cultural y simbólico. La gentrificación borra formas de vida, elimina memorias barriales, fragmenta vínculos vecinales. Hasta hoy, la respuesta institucional ha sido débil. Se ha optado por administrar la tensión en lugar de enfrentarla. No existen límites legales al alza de rentas. No se regula de manera efectiva el uso del suelo para fines turísticos. Tampoco hay mecanismos de protección jurídica frente al desplazamiento por razones económicas. En este modelo invertido, los sueldos suben poco y las rentas suben mucho. Los que menos tienen pierden antes. El mercado impone sus reglas. Y la ciudad se acomoda a ellas, resignada. 

Segundo. Varias ciudades del primer mundo –no comunistas ni socialistas, por cierto– han dicho basta. Han enfrentado la gentrificación con leyes, impuestos y participación ciudadana. Y no detuvieron su desarrollo. Solo le pusieron límites. En Berlín, el gobierno delimitó zonas de conservación del entorno social (Milieuschutzgebiete), donde no se permiten remodelaciones que eleven artificialmente el valor de los inmuebles ni cambios en su uso habitacional. También intentó congelar las rentas durante cinco años. Aunque el tribunal constitucional anuló la medida, el debate social fue contundente: la vivienda es un derecho, no solo un activo financiero (https://www.berlin.de/sen/wohnen/mietendeckel/). En 2021, Berlín compró cerca de 15,000 viviendas a grandes corporativos. ¿El objetivo? Impedir que el mercado decida quién puede o no vivir en la ciudad (https://www.dw.com/en/berlin-to-buy-nearly-15000-apartments-to-curb-housing-crisis/a-59223448). 

Barcelona, por su parte, impuso medidas firmes contra la turistificación. Prohibió nuevas licencias de alquiler temporal en zonas saturadas y obligó a que el 30% de las nuevas construcciones se destinara a vivienda protegida (https://www.barcelona.cat/habitatge/es/noticia/nueva-regulacion-para-el-30-de-vivienda-protegida-en-nuevas-promociones_962195). Además, expropió viviendas vacías e impulsó cooperativas habitacionales. El suelo dejó de verse como simple mercancía. Se trató como bien común. Nueva York, por su parte, mantiene un sistema de renta estabilizada. Miles de departamentos tienen límites legales al aumento anual. Y, además, promueve las Community Land Trusts, organizaciones que compran terrenos para retirarlos del mercado especulativo y ofrecer vivienda asequible de manera permanente. La vivienda no se privatiza. Se protege. Se comparte (https://www.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/community-land-trusts.pdf). 

Estas ciudades no paralizaron la inversión. Tampoco expulsaron al capital. Solo establecieron reglas claras. Reglas para que nadie quedara fuera. 

Tercero. La Ciudad de México tiene opciones. No parte de cero. Existen leyes, suelo público, instrumentos fiscales y experiencia acumulada. Lo que falta es decisión. 

Aquí cinco medidas viables para amortiguar este fenómeno: 

• 1. Controlar las rentas.  Establecer topes al aumento anual en zonas de alta presión inmobiliaria. Usar como referencia el índice de inflación o el incremento salarial. Crear un registro obligatorio y público de contratos de arrendamiento. No se trata de castigar a los propietarios, sino de proteger a los inquilinos. 
• 2. Regular el alquiler turístico. Limitar el número de unidades por anfitrión. Otorgar licencias por zona. Aplicar impuestos específicos. Sancionar a quienes operan sin autorización. La vivienda debe ser hogar, no hotel. 
• 3. Recuperar suelo para vivienda social. Adquirir predios estratégicos para destinarlos a vivienda pública o cooperativa. Ceder suelo público en comodato a organizaciones sociales. Estos modelos ya existen en ciudades de América y Europa. Funcionan. 
• 4. Aplicar impuestos justos. Penalizar fiscalmente a las viviendas vacías y a aquellas dedicadas solo a inversión especulativa. Establecer beneficios para quienes alquilan a largo plazo con precios razonables. El sistema fiscal debe proteger el arraigo, no premiar la expulsión. 
• 5. Proteger el derecho a quedarse. Incluir el derecho a permanecer en la legislación local. Crear mecanismos de defensa frente al desalojo económico. Ofrecer mediación obligatoria, asesoría jurídica gratuita y fondos de emergencia para casos extremos. 

La gentrificación no es un destino. Tampoco es una fatalidad. Es una decisión política, directa o indirecta. No es desarrollo si borra a quienes dieron vida al barrio. No es crecimiento si expulsa en silencio. 

La Ciudad de México aún está a tiempo. Puede decidir si quiere ser una ciudad para vivir o una ciudad para resistir. La pregunta ya no es si puede hacer algo. La pregunta es: ¿quiere? 

@evillanuevamx 

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