La historia del software espía Pegasus en México representa uno de los episodios más oscuros de la vigilancia estatal contemporánea.

Desde su desarrollo en Israel (país conocido como Startup Nation), Pegasus se vendió como una herramienta de inteligencia legítima, diseñada para combatir el crimen y el terrorismo en un país rodeado de enemigos y en alerta permanente. En México su historia se oscurece: espionaje estatal, ilegal y repleta de violaciones a los derechos fundamentales. Esta pesadilla tecnológica ha atravesado sexenios, sistemas de justicia y ahora señala directamente al expresidente Peña Nieto como receptor de sobornos, lo cual confirma que la tecnología también está entrelazada con el poder y la impunidad.

Pegasus, desarrollado por NSO Group en Israel, se infiltraba en dispositivos iOS y Android mediante un simple mensaje de texto. Permitía espiar mensajes, llamadas, ubicaciones, activar micrófono y cámara. Fue descubierto en 2016 tras intervenir el iPhone de un activista. Se definió como “el ataque de smartphone más sofisticado” jamás visto.

NSO justificó que sólo vende su software a gobiernos autorizados, pero investigaciones de Citizen Lab expusieron su uso masivo: infectó 50,000 dispositivos globalmente, 15,000 sólo en México bajo la administración de Peña Nieto, incluidos periodistas como Carmen Aristegui y defensores de Ayotzinapa.

Tomás Zerón, exfuncionario de la Procuraduría General de la República, fue señalado en filtraciones de WikiLeaks como promotor de la compra y distribución del spyware. Hoy está prófugo precisamente en Israel, donde también se reclaman datos sobre contratos con NSO.

Tras el litigio que inició WhatsApp contra NSO se demostró que 456 números mexicanos fueron infectados entre abril y mayo de 2019, durante el gobierno de López Obrador, 37?% del total global de ese periodo, vulnerando libertades y violando derechos consagrados en tratados internacionales.

Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo?19 confirmaron víctimas como el defensor Raymundo Ramos e integrantes del Centro Prodh. Aunque AMLO y la Sedena negaron categóricamente el uso de Pegasus y que su gobierno espiara, los contratos filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya revelaron compras directas durante su sexenio, un espionaje militar encubierto bajo la etiqueta de “labores de inteligencia”.

Bajo el pretexto de procurar la seguridad pública, las recientes reformas legislativas aprobadas durante un periodo extraordinario de sesiones construyen un andamiaje legal para institucionalizar una vigilancia sin contrapesos, normalizar la intervención sin orden judicial, el acceso a bases de datos de todo tipo, incluidas las biométricas mediante la CURP con foto, y la geolocalización en tiempo real a través de los teléfonos celulares.

No satisfechos con este entramado de espionaje e impunidad, desde Israel una bomba política fue lanzada: según The Marker, dos empresarios israelíes habrían pagado 25 millones de dólares a Peña Nieto para asegurarse contratos por Pegasus. Obviamente, lo niega; pero la revelación llega días después de que el expresidente cuestionó a AMLO por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del AIFA. La gran interrogante es si estas prácticas continúan en el gobierno de Sheinbaum.

El espionaje estatal socava la libertad de expresión, asociación y privacidad. Al ser activistas, periodistas y víctimas de la violencia sus objetivos, el mensaje es perseguir, intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos. El derecho a la privacidad deja de existir cuando un Estado tiene acceso a datos sin control ni contrapeso alguno. Al normalizar el espionaje, se crea un clima de autocensura y vigilancia. Si cualquier teléfono puede ser intervenido, los espacios de acción ciudadana se estrechan cada vez más.

En el periodo extraordinario de sesiones se aprobaron reformas en esa dirección. “Legalizan” la intervención y el monitoreo sobre la vida cotidiana de las personas. La ley de la Guardia Nacional permite intervención de comunicaciones, geolocalización sin control judicial y facilita la vigilancia militarizada. La Ley de Seguridad Nacional e Inteligencia facilita la interconexión de bases de datos y acceso biométrico sin autorización judicial.

La Ley General de Población y de Personas Desaparecidas logró la implementación obligatoria de la CURP biométrica y una plataforma nacional con vigilancia continua. La nueva ley en materia de telecomunicaciones preserva la geolocalización y ubicación en tiempo real y el resguardo de datos por dos años. La Llave MX es la nueva identificación digital vinculada a datos biométricos de la CURP con alcance para el sector privado.

Este conjunto normativo consolida un andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T, capaz de transformar el Estado en un sistema digital de control social sin precedentes y sustituir la necesidad de utilizar el software Pegasus a hurtadillas como ha ocurrido.

Un Estado que interviene comunicaciones sin orden judicial pierde legitimidad y erosiona la democracia. La confianza pública se desvanece cuando los ciudadanos se sienten vigilados. Además, se obstaculiza el libre ejercicio periodístico y la defensa de derechos: lo que antes se investigaba hoy se calla por miedo a las implicaciones de saberse observado por el panóptico digital.

En este contexto, las herramientas tecnológicas dejan de ser inicialmente neutras: se convierten en instrumentos autoritarios. Como resultado de la elección y el populismo judicial, surge el riesgo de una subordinación judicial hacia el Ejecutivo para validar el espionaje.

Conforme la pesadilla y las revelaciones en torno al caso Pegasus aumentan, hay que insistir en la transparencia, que se publiquen los contratos de Pegasus, los nombres de responsables y los detalles de su financiamiento, incluidas las sanciones por haber realizado conductas fuera de la ley. Hay que exigir nuevas reformas con controles judiciales reales, protección a la privacidad y tutela institucional a la salvaguarda de los datos personales. Desde luego, declarar el espionaje como violación a los derechos fundamentales, con reparación efectiva.

Si un Estado puede intervenir sin freno en las comunicaciones privadas, todos somos un objetivo. Si los gobiernos adquieren estos sistemas bajo esquemas de corrupción, y posteriormente se legisla para “legalizar” esas prácticas, el peligro es sistémico. Una democracia se protege con Estado de derecho, leyes e instituciones, no con software de espionaje.

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