Pero la memoria pública no es tan débil como quisieran los estrategas electorales del PRI, que desearían borrar de su pasado una larga lista de miembros importantes de sus filas involucrados en el narcotráfico desde hace medio siglo.

El modelo mexicano prolonga el litigio, contradice el artículo 17 constitucional y beneficia a quienes tienen más recursos.