Desde hace 12 años publiqué un texto en la revista Proceso (1397) en el cual, de acuerdo con un reporte del FBI con fecha de agosto del 2002, varios gobernadores mexicanos eran investigado por vínculos con los capos de la droga.

Se trataba entonces de una investigación que apuntaba hacia la estrecha relación entre el exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington, y el narcotraficante Osiel Cárdenas. Aunque también se mencionaba al exgobernador del PAN, Francisco Barrio.

El documento daba cuenta de las versiones de la presunta protección que recibía Osiel Cárdenas por gobernadores y autoridades federales.

"Es bien sabido que el traficante de droga Osiel Cárdenas ha sido protegido por el jefe de la PJF (Policía Judicial Federal) y que también mantiene relaciones con la oficina del gobernador en Ciudad Victoria, Tamaulipas".

El informe continuaba y sin dar nombres ni fechas de la información, señalaba: "Se cree que los gobernadores de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas están apoyando el negocio del tráfico de drogas dentro de su territorio (jurisdicción), dando protección a los vendedores de drogas".

Para esa época Sonora era gobernada por Armando López Nogales, Nuevo León por Fernando Canales Clariond y Chihuahua por Patricio Martínez.

Diversos personajes de México y Estados Unidos trataron de desmentir la información publicada por Proceso y mandaron cartas exigiendo una aclaración. Políticos mexicanos y estadunidenses protestaron por lo publicado, pero el director Rafael Rodríguez y don Julio Scherer hicieron lo propio corroborando la información. “El tiempo nos dará la razón” concluyeron. Y así fue.

La historia de colusión entre personajes de la política, en este caso de gobernadores, y del mundo del narcotráfico en México es larga y abultada. No solo de un partido sino casi todos tienen en sus haberes personajes vinculados a grupos criminales.

Y el gobierno de Estados Unidos lo ha sabido y lo sabe.

Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán (2012-2014) del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Luego estuvo rodeado de escándalo después de que su hijo Rodrigo Vallejo Mora, apodado El Gerber, fuera grabado en un encuentro con Servando Gómez alias La Tuta.

Jesús Reyna García (del PRI), encargado de ocupar el cargo de gobernador interino de Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo, fue llevado a la cárcel en 2014 por la fiscalía mexicana, investigado de “posibles contactos” con el cártel narcotraficante de Los Caballeros Templarios.

Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI de marzo a diciembre de 2011, fue detenido en España en enero de este 2016, señalado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, así como malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

Antes estuvieron los casos de Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista de Quintana Roo de 1993 a 1999, quien fue detenido en México en mayo de 2001 y extraditado a EU en mayo de 2010. Un tribunal federal de Nueva York lo condenó a pasar 10 años y 11 meses tras las rejas, por conspirar para blanquear dinero del narco. Villanueva se declaró culpable de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de permitirle operar al Cártel de Juárez en esa entidad al sur de México.

Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz (2004-2010), fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña.

Pero también los gobernadores del PAN en Morelos, Marco Antonio Adame y Sergio Estrada Cajigal, fueron denunciados con tener vínculos con organizaciones criminales, principalmente con el Cártel de Sinaloa. En el caso del primero con los Beltrán Leyva y el segundo con Juan José Esparragoza, a partir de sus lazos sentimentales con Nadia Esparragoza, hija de El Azul”.

No sólo gobernadores de distintos partidos han sido vinculados con el narcotráfico, en la lista se tienen nombres de presidentes municipales, legisladores, periodistas, militares, empresarios, impartidores de justicia y de seguridad pública. Son muchos lo que forman esta colusión narco y política que se ha enraizado en la estructura social del país.

Por cierto... Ahora se habla de una nueva lista de políticos ligados a grupos del crimen organizado que de ser cierta robustece la necesidad de romper esta alianza de poderes narcopolíticos que se han enquistado en la epidermis gubernamental.