TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Diez años después de la trágica muerte de Marisol Martiríz Guzmán, originaria de El Salvador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se prepara para emitir una disculpa pública oficial a su familia debido a que su fallecimiento se debió a una negligencia médica. 

Este acto largamente esperado se produce tras una década de lucha por justicia, y reconoce la negligencia médica como la causa directa de su fallecimiento en las instalaciones del IMSS en el municipio de Bochil, Chiapas. Un reconocimiento tardío, pero necesario, informó el Fundar, un centro de análisis e investigación. 

Fundar señaló que el lamentable suceso, ocurrido el 20 de julio de 2015, generó una ola de indignación y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivas feministas. Marisol, una migrante salvadoreña que buscaba atención médica, perdió la vida debido a una serie de omisiones y errores que ahora el IMSS admite. 

La disculpa pública, que está programada para realizarse el 21 de este mes en el municipio de Bochil, en la región norte de Chiapas, donde residía la víctima, dijo Fundar al destacar que el evento representa un hito significativo para la familia de la víctima, quienes, con el apoyo de diversas organizaciones, mantuvieron viva la exigencia de rendición de cuentas. 

“Aunque el dolor de la pérdida es irreparable, este reconocimiento oficial es un paso hacia la reparación del daño y la garantía de no repetición.” 

Fuentes cercanas al caso indicaron que la disculpa incluirá un reconocimiento explícito de las fallas en la atención médica brindada, así como el compromiso del IMSS de revisar y fortalecer sus protocolos de atención, especialmente para poblaciones vulnerables como las personas migrantes. 

Marisol tenía 30 años cuando murió el 20 de julio de 2015 y llevaba 12 años viviendo en Bochil con su marido y sus hijos: una niña de 10 años y dos niños de 8 y 2 años en aquel momento. 

“Cursaba su cuarto embarazo, con 39.2 semanas de gestación. La noche del 19 de julio llegó al Hospital Rural del IMSS de Bochil, presentaba vómito y náuseas, aunque sin dolores de parto. En el hospital detectaron que el producto había muerto, por lo que le realizarían una cesárea, ya que se trataba de una urgencia.” 

Fundar explicó que, de acuerdo con el expediente clínico, Marisol “tenía un probable desprendimiento prematuro de placenta, una urgencia obstétrica, de las más graves, con alto riesgo de muerte. Tras la cesárea y dado su estado grave se requería trasladarla a un hospital de mejor resolución, ya que en Bochil no tenían más hemoderivados ni el equipo para atenderla”. 

Pero el traslado inició seis horas después de concluida la cesárea, a pesar de que Bochil se encuentra a sólo una hora y media de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. El retraso se debió a que el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez no tenía médico de cuidados intensivos que recibiera a Marisol. 

El organismo afirmó que “tampoco se implementó el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas de manera efectiva, con base en el cual Marisol debió haber sido trasladada a alguno de los hospitales de las instancias firmantes del Convenio con capacidad adecuada para su atención. Cuando llegó al Hospital de Tuxtla Gutiérrez ya había muerto”. 

Señaló que en el caso hay otras irregularidades y violaciones; la atención de Marisol en el Hospital de Bochil estuvo a cargo de médicos residentes de tercero y cuarto año, así como de un médico pasante de servicio social, sin la experiencia suficiente y sin la supervisión del médico responsable, ya que en el hospital de Bochil sólo había un médico ginecobstetra de base para el turno matutino. 

“El hospital no cuenta con hemoderivados suficientes, y el retraso del traslado de Marisol al IMSS de Tuxtla obedeció a la falta de médico en la Unidad de Cuidados Intensivos”, subrayó. 

Fundar destacó que, “días antes de su muerte, el hospital ordenó la realización de un ultrasonido y otras pruebas a Marisol, pero no le fueron efectuadas, alegando el propio hospital no contar con el equipo”, por lo que la salvadoreña “no se los pudo realizar por falta de dinero para hacérselos de manera privada”. 

El colectivo agregó que “además, el útero extraído a Marisol durante la cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, aun cuando el hospital debió efectuar un estudio histopatológico que habría ayudado a determinar las causas de la emergencia obstétrica”. 

Para poder documentar el caso, Fundar tuvo que interponer un juicio de amparo para acceder al expediente clínico, porque éste le fue negado a la familia”. 

El caso de Marisol fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones cometidas y, tras diversos obstáculos, en diciembre de 2018 emitió finalmente una propuesta de conciliación al IMSS, que aún está en etapa de cumplimiento, en la que se pide, entre otras cosas, una disculpa pública y la toma de medidas que aseguren que eventos como el de Marisol no se repitan. 

Después de 10 años de haber sucedido estos hechos, el próximo 21 de julio se realizará la disculpa pública en Bochil, donde vivía la víctima.