COLIMA, Col., (apro) .- Cientos de personas realizaron una marcha por calles del primer cuadro de esta ciudad, en protesta contra la ampliación del puerto de Manzanillo sobre la Laguna de Cuyutlán, por considerar que la construcción y operación de ese megaproyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum provocará la destrucción de los ecosistemas existentes en torno a ese vaso lacustre. 

Convocada por el movimiento Salvemos Cuyutlán, la manifestación reunió a pescadores y salineros que laboran en la laguna, así como a activistas de organizaciones defensoras del medio ambiente y ciudadanos en general, quienes portaban mantas y pancartas coreando consignas como “¡Manglares sí, puerto no!”, “¡Señor, señora: no sea indiferente, nos matan la laguna enfrente de la gente!”, “¡De norte a sur, de este a oeste, defenderemos la laguna cueste lo que cueste!” 

La marcha partió del jardín Núñez rumbo al monumento al Rey de Colimán, pero en el camino hizo una parada frente a las instalaciones de la oficina de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde el titular, Humberto Retana Santana argumentó que el proyecto portuario no ha sido aprobado, y que actualmente se encuentra en etapa de evaluación en la sede central de la dependencia, en la Ciudad de México. 

La ampliación del puerto de Manzanillo, en la que se prevé una inversión de alrededor de 131 mil millones de pesos, fue anunciada en noviembre del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Ante los reclamos de los manifestantes, quienes ante la Semarnat exigían que esa institución cumpla su responsabilidad de proteger el medio ambiente, el funcionario les ofreció recibir su pliego petitorio para turnarlo a sus superiores. 

Más tarde, en la glorieta del Rey de Colimán, al sur de la ciudad, realizaron el acto central de la manifestación, donde la activista Lourdes Cárdenas leyó el “Manifiesto en defensa de la Laguna de Cuyutlán”, en el que se advirtió que ese cuerpo lacustre se encuentra amenazado por un proyecto que pretende convertirlo en un puerto industrial, destruyendo uno de los ecosistemas más valiosos del país. 

“La Laguna de Cuyutlán —señaló el documento— no es un terreno baldío, ni un espacio vacío que pueda venderse al mejor postor. Es un santuario de aves migratorias, un humedal vital para el equilibrio ecológico de toda la región, el corazón natural de Colima”. 

Añadió que en sus aguas “se forjó una de nuestras tradiciones más antiguas: la producción artesanal de sal, reconocida como una de las mejores del mundo, herencia viva de generaciones que han trabajado el sol y el mar para darnos un producto único, símbolo de identidad y de orgullo colimense”. 

De acuerdo con el pronunciamiento, de la industria salinera y la actividad pesquera que se realiza en la Laguna de Cuyutlán dependen cientos de familias que están siendo amenazadas, perseguidas y engañadas. 

“Denunciamos la violencia y la intimidación que diversas instancias de gobierno han ejercido contra pescadores, líderes comunitarios y ciudadanos que han alzado la voz; no se puede hablar de progreso mientras se reprime y se silencia a la gente”. 

Tras exigir el respeto absoluto al derecho constitucional a un medio ambiente sano, tal como lo establece el artículo 4º de la Constitución Mexicana y el Acuerdo de Escazú, los manifestantes rechazaron la “consulta en línea” que hizo la Semarnat sobre el proyecto, pues se trató de “un proceso fraudulento, excluyente y antidemocrático que impide participar a quienes no tienen acceso a las herramientas e información necesarias, precisamente los más afectados por este proyecto”, por lo que exigieron “una consulta presencial, transparente, supervisada por la sociedad civil, y no por las mismas autoridades que buscan imponer el puerto”. 

Indicaron también que la zona de la laguna alberga vestigios arqueológicos prehispánicos que han sido ignorados en los estudios de impacto ambiental, ante lo cual exigieron que se detengan las obras hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) garantice el rescate y la protección del patrimonio histórico. 

“Nos oponemos a que se fragmente el proyecto en múltiples estudios para esconder su verdadero impacto; ya se iniciaron obras ilegales sin permisos, se aprobaron bardas perimetrales sin consulta y se publicaron licitaciones antes de que terminara el proceso público. Todo esto demuestra que el gobierno y las empresas ya decidieron destruir la laguna, aunque la ley y el pueblo digan lo contrario”. 

Así también, responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la Secretaría de Marina y la Administración Portuaria de Manzanillo, de “cualquier acto de represión, intimidación o violencia contra quienes defendemos este territorio, porque este movimiento no es de una organización, es del pueblo entero”.