CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se dará pleno cumplimiento a las disposiciones legales vigentes para la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal.

Sin embargo, continúa pendiente la creación del padrón de anfitriones, establecida en la Ley de Turismo. 

Este miércoles 16 de julio, durante la presentación del Bando Uno por una Ciudad Habitable y Asequible, con Identidad y Arraigo Local, la morenista también se comprometió a fortalecer la regulación sobre este tipo de alojamientos:

“Se determinarán, con una metodología objetiva y rigurosa, los parámetros para regular la operación de viviendas de uso temporal, a fin de evitar el desplazamiento de los habitantes actuales, así como la pérdida del arraigo e identidad de la comunidad”. 

La declaración de Brugada se da a dos semanas de la protesta contra la gentrificación, que puso en el foco la discusión en torno a este fenómeno que ocasiona el desplazamiento de habitantes originarios y el encarecimiento de las rentas en el corazón de la capital mexicana, es decir, con mayor concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Aunque la gobernante local afirmó que se dará pleno cumplimiento a las legislaciones vigentes, no dio detalles sobre la creación del padrón de anfitriones que lleva más de un año pendiente, pues el 4 de abril de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial una reforma a la Ley de Turismo, en la que se establecieron obligaciones a los anfitriones de las plataformas, entre las cuales, destaca la de su registro en dicho padrón, que debió ser habilitado por la Secretaría de Turismo (Sectur). 

Tampoco habló sobre las modificaciones a las leyes de Turismo, de Vivienda y de Reconstrucción Integral de la capital, que impulsó el ex jefe de Gobierno y actual director del ISSSTE, Martí Batres.

Dichas reformas fueron aprobadas el 2 de octubre de 2024 y establecen un tope de 50% a las noches que cada propiedad puede ofertar al año en aplicaciones como Airbnb, así como la prohibición de registro en estas aplicaciones para viviendas de interés social.