CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tejiendo Redes Infancia y Reinserta exigieron al Estado mexicano “una respuesta urgente” al reclutamiento forzado de miles de niños, niñas y adolescentes, evidenciado en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de personas en México. 

Las organizaciones resaltaron que una de las conclusiones del organismo regional alertó que las desapariciones de 18 mil 192 niñas, niñas y adolescentes, al 19 de agosto de 2025, tiene una “relación fundamental” con la actuación del crimen organizado, “con aquiescencia de agentes estatales”. 

El documento alerta que el aparente reclutamiento “voluntario” de la niñez y adolescencias, están en realidad motivadas “por pobreza, exclusión, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ausencia estatal y búsqueda de pertenencia”.  

Las organizaciones destacaron que el informe de la CIDH da cuenta de que los estados en los que se ha detectado reclutamiento forzado a través de ofertas laborales son Nayarit, Jalisco y Zacatecas, en tanto que también hay reclutamiento con distintas estrategias en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

“Frente a esta realidad, resulta urgente que el Estado mexicano avance en la tipificación del delito autónomo de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado”, exigieron las organizaciones firmantes del posicionamiento.  

“Nombrar esta violencia en el marco penal no sólo es indispensable para prevenir, investigar, sancionar y reparar, sino también para generar un piso mínimo institucional que permita construir políticas públicas, mecanismos de protección y estrategias de prevención acordes con la magnitud de la crisis”, agregaron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.   

El informe de la CIDH “refleja la expansión de estrategias de captación criminal dirigidos tanto a infancias y adolescencias como a juventudes, en las diversas regiones de nuestro país”, advirtieron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.  

Tras recordar que desde hace años las organizaciones habían denunciado la participación del crimen organizado en las desapariciones de personas menores de 17 años, así como la falta de enfoques comunitarios e interculturales de esta población, sobre todo tratándose de niños indígenas.  

Tejiendo Redes Infancia y Reinserta destacaron que la CIDH logró documentar a través de testimonios de víctimas sobrevivientes, que muchas de las desapariciones de adolescentes están vinculadas a “ofrecimientos económicos o promesas vinculadas al uso de armas”, y que algunos jóvenes regresan con vida, otros permanecen en las estructuras criminales y otros más fallecen en hechos violentos. 

Al resaltar que la CIDH confirmó que detrás del aparente reclutamiento “voluntario” persisten factores como “la pobreza, la ausencia de oportunidades, la violencia física y sexual al interior de las familias, la debilidad institucional y la cercanía cotidiana con dinámicas del crimen organizado, generan escenarios de vulnerabilidad que facilitan la captación de infancias y adolescentes, muchas veces bajo la búsqueda de pertenencia, protección o reconocimiento social”, las organizaciones apuntaron que son situaciones que están relacionadas con “violencia estructural”.  

“En ese sentido, el informe subraya que las y los adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en contextos de criminalidad organizada, debido al riesgo constante de ser captados y utilizados, comprometiendo su vida, integridad y posibilidades de desarrollo integral”, apuntaron.  

Tras exigir la atención a las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe para proteger a la población infantil y las infancias en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado e implementar de manera efectiva el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes, las organizaciones llamaron a detener las desapariciones de menores de edad. 

“No se trata únicamente de buscar a nuestras personas desaparecidas. Se trata de impedir que continúen siendo captadas, utilizadas, violentadas y violentadas por estructuras de macrocriminalidad que opera en diferentes territorios del país.  

“Reconocer esta realidad y actuar frene a ella es una obligación urgente del Estado mexicano y una responsabilidad colectiva que no puede seguir postergándose”, sentenciaron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.