CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recalcó este lunes que la desaparición de personas representa “una grave crisis de derechos humanos en México”, con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, e insistió en que “muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”, y que en estos casos se puede definir la conducta como desaparición forzada.

 “El alto número de desapariciones en contextos temporales y territoriales en que han prosperado las operaciones del crimen organizado permiten afirmar que es imposible que las autoridades del Estado no conocieran de esas operaciones. Ello apunta a la posible configuración de una situación de aquiescencia que debe ser atendida, neutralizada y esclarecida por el Estado, en los lugares donde hubiera ocurrido o se encuentre ocurriendo”, planteó el organismo en un amplio informe presentado hoy en la Ciudad de México por Andrea Pochak, la vicepresidenta de la CIDH.

A lo largo de las 238 cuartillas del documento, la CIDH documentó realidades desgarradoras la situación de las desapariciones en México, incluyendo un apartado sobre mujeres, personas migrantes y LGBTIQ+, otro sobre el reclutamiento forzado de jóvenes, otro importante sobre la impunidad que “se describe como un problema infranqueable”, y volvió a mencionar el aumento “alarmante” de señalamientos de desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado en el contexto de la militarización de la seguridad pública.

Aunque llegó a un diagnóstico muy parecido al que elaboró el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) el pasado 2 de abril, la CIDH no equiparó las desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad” y aparte reconoció algunos avances en las políticas públicas en México en años recientes.

“Respeto institucional”

De hecho, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó de una forma muy distinta entre un informe y otro: repudió el documento del CED y arremetió contra sus integrantes por hablar de crímenes de lesa humanidad y no mencionar la voluntad de la administración actual por atender el flagelo; en contraste, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un informe hoy, en el cual resaltó que el gobierno recibió el documento “con respeto institucional”.

De hecho, ambas dependencias enviaron a sus subsecretarios de Derechos Humanos –Arturo Medina Padilla para la Segob y Enrique Ochoa para la Cancillería– para participar en la presentación del informe, durante la cual Pochak resaltó que continúan las desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado, estatales y municipales, principalmente, y refrendó la importancia de la colusión entre agentes del Estado y actores criminales en la perpetración de estos crímenes, que podrían representar “formas de aquiescencia”.

“No constata actualmente que exista, desde el Estado mexicano, una política preconcebida de desaparición de personas”, planteó la relatora, y agregó que “frente al accionar del crimen organizado, la CIDH llama al Estado mexicano a reforzar sus obligaciones internacionales de proteger la vida, integridad de todas las personas que habitan en su jurisdicción, y fortalecer las medidas necesarias para identificar, erradicar y neutralizar su infiltración en los órganos administrativos, judiciales y de seguridad”.

Durante la presentación, la buscadora Bibiana Efigenia Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete, hombre desaparecido, denunció que “es indigno cualquier tipo de avance que se quiera presumir del Estado mexicano cuando no han tenido en más de un sexenio la dignidad de recibirnos cinco minutos. Su respuesta fue tapar con vallas el palacio nacional para que no les estorbemos”.

La buscadora también criticó la iniciativa reciente del gobierno de Sheinbaum de “actualizar” los datos del registro oficial de personas desaparecidas y de considerar que 46 mil de ellos no tienen datos suficientes para su búsqueda. “Ahora no van a contar los que no contamos con carpetas de investigación, como si tuviéramos condiciones dignas para denunciar”, deploró la mujer, quien agregó: “todavía tienen la vergüenza de decirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos cuando los que los politizan son funcionarios públicos”.