CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas se implementa en un contexto crítico: la capital del país tiene el primer lugar nacional por desapariciones y no localizados y las familias buscadoras se encuentran en un escenario marcado por omisiones institucionales, fallas estructurales y la ausencia de mecanismos efectivos de justicia que siguen trasladando la carga de la búsqueda a las propias víctimas.

Con sólo seis meses y 23 días de haber asumido la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada presentó la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, un plan de alcance sexenal que concentra recursos públicos, coordinación interinstitucional y nuevos mecanismos de atención a familiares. 

Su estrategia se articula en acciones específicas de búsqueda, inversión presupuestal y fortalecimiento institucional; e incorpora la creación de una ventanilla única para reportes de desaparición, el inicio de programas de exhumación e identificación forense y la construcción de un Centro de Resguardo Temporal para fallecidos no identificados y no reclamados –previo a su envío a fosas comunes–, así como medidas de prevención, acompañamiento emocional y una coordinación metropolitana con el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Al cierre de 2025 la implementación de esas acciones se limita a la puesta en marcha de la ventanilla única, materializada en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), inaugurado el 10 de noviembre último y al inicio de las exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores, que comenzaron el 18 de noviembre.

En su presentación, realizada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030 fue respaldada públicamente por familias buscadoras que acompañaron el acto e incluso estuvieron en el templete junto a la jefa de Gobierno. 

Sin embargo, durante 2025 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país por el número de desapariciones, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que con corte al 30 de diciembre de 2025 reportó dos mil 286 casos en la capital, de los cuales mil 322 corresponden a hombres y 964 a mujeres. En segundo lugar se ubicó el Estado de México, con mil 829 casos, seguido de Guanajuato, con 972 registros.

Ignorar la trata y el reclutamiento forzado

Aunque Brugada dedicó gran parte de su primer año de Gobierno a la creación de gabinetes interinstitucionales para atender diferentes problemáticas, incluidas las ocasionadas por extorsión o despojo, hasta el momento la morenista ha evitado en su discurso el reconocimiento de dos delitos que atraviesan la desaparición y, de acuerdo con colectivos de familias buscadoras, requieren una atención clave para frenar el fenómeno que azota no sólo la capital mexicana, sino el resto de la República: la trata de personas y el reclutamiento forzado.

La estrategia para la búsqueda de personas no incorpora acciones específicas contra esos dos delitos y no forma parte de la agenda pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ni de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, denuncia que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México evitan abordar públicamente esos delitos: “México no quiere entrarle al tema del reclutamiento forzado y de la trata”. 

En el caso de la capital del país, la madre buscadora y activista explica que existe conocimiento institucional sobre patrones de desaparición vinculados a rangos de edad y zonas específicas, particularmente en hombres jóvenes, sin que ello se traduzca en una política explícita para atender ambos delitos.

En entrevista, Palmeros detalla que, pese a la existencia de la estrategia de búsqueda y a la creación de nuevas estructuras institucionales, no hay un reconocimiento público por parte de la actual administración sobre la presencia del reclutamiento forzado y la trata de personas. 

Si hablas de trata –denuncia Palmeros–, no escuchan, sabiendo que existe.

Cuatro agentes para toda la ciudad

Si bien Jaqueline Palmeros reconoce que el plan presentado por Brugada para atender las desapariciones es ambicioso, incluso lo describe como “atinado”, ya identifica fallas graves en la operación del CAIBP a tres meses de su operación.

Dice que el Centro no corrigió los vicios institucionales que las familias buscadoras han señalado desde años atrás, sino que los concentró en un solo espacio, pues se integró, en gran medida, mediante el traslado de ministerios públicos, policías de investigación y otros servidores públicos previamente señalados por prácticas revictimizantes y falta de resultados en la búsqueda de personas, sin que mediara una depuración de perfiles ni una capacitación especializada en protocolos de desaparición. 

Lamenta que esta continuidad de personal impacte directamente en la operación del CAIBP, cuya capacidad es limitada para atender tanto las denuncias inmediatas como los casos de larga data. La activista comparte que, en su experiencia dando acompañamiento a familias buscadoras, ya identificó que el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención (GEBRI), responsable de la búsqueda inmediata, cuenta formalmente con cuatro elementos para toda la ciudad, número que en algunos turnos se reduce a tres, dos o incluso una sola persona, lo que imposibilita responder de manera efectiva al volumen diario de denuncias.

Menciona que, aunque el modelo de concentrar a las instituciones en un solo edificio respondió a una exigencia histórica de las familias, la falta de coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas local, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) persiste manteniendo rezagadas carpetas de investigación sin diligencias ni avances sustantivos. 

El presupuesto asignado para la creación del Centro fue de 40 millones de pesos, recuerda Palmeros; y sobre ello, es determinante: 

Fueron invertidos en un CAIBP que se está cayendo a pedazos, que no tiene personal capacitado, que no está siendo debidamente coordinado. 

Sobre las exhumaciones iniciadas en el Panteón Civil de Dolores, dice que se realizaron conforme a protocolos, pero cuestionó que el Gobierno de la CDMX las haya denominado “plan piloto”.

“No puedes abrir una fosa común, sacar 23 cuerpos y después decir, bueno, es que creo que no me funcionó, pues a ver quién tuvo la suerte de que en esos 23 individuos viniera su ser querido desaparecido, si es que está ahí y si no, pues los demás con la pena”. 

Impunidad 

Palmeros sostiene que la estrategia presentada por Brugada se concentra en la localización de personas, pero deja fuera de manera estructural la búsqueda de justicia. 

Afirma que, para las familias, encontrar a una persona no representa una reparación íntegra de la justicia y que, incluso, una eventual sentencia no repara el daño cuando el sistema judicial es incapaz de sostener los casos: 

Hablando de la justicia, no la hay, y va a ser muy raro el caso de desaparición que obtenga una sentencia ejemplar, que se lleve como debe ser llevado ante los juzgados, y que no estemos temblando siempre las víctimas. 

Señala que existe un rezago sistemático en la judicialización de las carpetas de investigación y que, cuando los casos llegan a tribunales, muchos responsables son liberados o absueltos por fallas procesales. Denuncia que esta situación se repite en distintos expedientes y no constituye casos aislados.

La activista atribuye parte del problema a la falta de defensores especializados en desaparición, pues los defensores de oficio asignados a las víctimas desconocen la Ley General de Víctimas, los protocolos de desaparición y las particularidades jurídicas de estos delitos, lo que causa que los casos se debiliten desde su integración. 

Entonces, extendió esta crítica a jueces y magistrados, a quienes señala por no saber juzgar una desaparición. 

Como ejemplo, expone el caso de su hija Jael Montserrat Uribe Palmeros, quien fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa y fue localizada sin vida en el Ajusco, en noviembre de 2024, tras cuatro años y medio de búsqueda. 

Pese a que la madre encontró a su propia hija y proporcionó indicios a la carpeta de investigación, no ha obtenido justicia por el feminicidio y los responsables no enfrentaron consecuencias penales.

Reconocimiento implicito de la crisis 

Palmeros considera que, aunque la jefa de Gobierno no reconoce de manera pública que exista una crisis de desapariciones en la Ciudad de México, la presentación de su estrategia refleja que el tema se ha convertido en una de las principales preocupaciones de su administración. 

Añade que la propia mandataria local compartió que la estrategia responde a una instrucción de la Presidencia de la República, lo que en su opinión confirma que se trata de un problema que no se limita a la capital, sino que tiene un alcance nacional.

Para las familias buscadoras el reconocimiento público sigue pendiente: “Trabalenguas, entredichos, entre dientes, pero al final del día no se ha reconocido públicamente y, obviamente, esa es la delgada línea entre nuestra dignidad y la falta de honestidad por parte de un gobierno”.

Sobre la prevención, confirma que no existen protocolos ni programas dirigidos a infancias y adolescentes en escuelas, universidades o espacios públicos. 

Detalla que aproximadamente 20% de las desapariciones corresponde a niños y adolescentes; y que, sin acciones de prevención, las instituciones sólo actúan cuando el daño ya está hecho, lo que obliga a las familias a iniciar denuncias y activar procesos de búsqueda en todos los casos, incluso cuando no se conoce el contexto de la ausencia.

 “El día que las familias no tengamos que meter la mano para que una persona sea localizada, entonces yo podría decir, esto está funcionando, pero siempre las familias vamos por delante”.