CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Para Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la politización en los debates que sostendrá el nuevo Pleno es inevitable.

En la elección del 1 de junio último, ella ganó uno de los nueve lugares disponibles en la Corte, por lo que mantendrá su cargo por los próximos 11 años en los que, afirma, buscará ser más cercana a la gente.

En entrevista con Proceso, desde su oficina en el quinto piso de la sede alterna de la Corte, al sur de la Ciudad de México, Ortiz Ahlf consideró que, pese a ser identificada como allegada a la 4T, sus resoluciones muestran su independencia.

Ortiz y los ocho nuevos integrantes del Pleno iniciarán funciones el 1 de septiembre próximo.

Hasta ahora la mayoría ha mostrado tener perfiles mediáticos y todos mantienen una cercanía con la 4T, por lo que la ministra decidió no rechazar la idea de que esta nueva época en la Corte será politizada, aunque afirmó que eso no es nuevo.

“Lo de la politización ya lo teníamos amarrado desde antes. Espero que los debates sean técnicos; o sea, tienen que ser técnicos, jurisdiccionales, no políticos. Sin embargo, a veces salen así, pero eso ya estaba”, dice.

“Me acuerdo de varios asuntos que sin dar argumento alguno, sobre todo de proceso legislativo, que estaban votando por cuestiones políticas más que con fundamentos jurídicos y de la nueva Corte se espera que sea igual, o sea, no se puede quedar exento de esas cuestiones totalmente porque hay un trasfondo siempre, que se puede decir político, pero mientras esté argumentado jurídicamente, o sea, técnico, nadie está en contra”.

El 2 de julio último, en un encuentro con la prensa, Ortiz sorprendió al manifestar su apoyo total a la propuesta de Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente de la Corte, de hacer sesiones en diferentes lugares de la República.

En esta ocasión la ministra retomó el tema y aclaró que el único objetivo de esta propuesta es que la gente sienta cerca a los ministros, aunque no especificó de qué manera eso abona a la justicia federal.

“Todo esto nos va a servir para las próximas elecciones porque es una manera de concientizar las funciones que tenemos los ministros, las que realiza el Poder Judicial federal y transformar a la ciudadanía en una muy concientizada y conocedora de las funciones que realiza el Poder Judicial”, considera.

No sé si al final se vaya a aprobar esta propuesta que la traigo yo y otros ministros electos, pero tiene que haber mayoría.

Rechaza que esa propuesta sea populista, como ha denunciado la oposición a Morena y aliados o incluso algunos académicos. 

“Es totalmente falso, a mí me surgió la idea por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jamás pensé que fuera populista. Jamás, no se le puede calificar a la Corte Interamericana como populista”, expone.

Anteriormente, cualquier persona podía ingresar al salón de plenos de la Corte o a las Salas a ver las sesiones de manera presencial, también el público podía solicitar cualquiera de los recorridos que ofrece la institución por el edificio sede en avenida Pino Suárez, donde se cuenta la historia tanto del Máximo Tribunal como de los murales que alberga.

Desde la pandemia por covid-19 los recorridos se cancelaron temporalmente y ahora se realizan de manera reducida, y las sesiones son a puerta cerrada.

La ministra recordó que después de la pandemia se trató de reabrir las sesiones al público, pero una vez que concluyó el periodo de Arturo Zaldívar e inició el mandato de Norma Piña esta propuesta no prosperó.

“Se medio discutió, pero empezó luego luego el periodo de Norma Piña y ella ya no quiso abrir, no dijo el porqué”, apuntó.

Independientemente de la propuesta de la Corte itinerante, la ministra explicó que los nuevos integrantes del Pleno analizan la posibilidad de tener columnas en medios de comunicación, recorrer individualmente el país para impartir charlas y conferencias, difundir las funciones y resoluciones que emitirán, así como tener mayor presencia en redes sociales.

Prisión preventiva oficiosa

Antes de llegar a la SCJN, a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra fue consejera de la Judicatura Federal, órgano que también ha sido cuestionado por la opacidad con la que opera.

Ortiz no pudo explicar el porqué el CJF rechazó abrir sus sesiones, pero afirmó que se espera que los órganos que sustituirán a dicho cuerpo colegiado, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), sean más transparentes, pero –aclara–eso dependerá de sus propios integrantes y de las leyes reglamentarias que emita el Congreso.

“Lo deseable es que las sesiones del TDJ sean públicas porque la transparencia abona, abona a todos, a la ciudadanía, a las personas justiciables, abona al mismo órgano, justifica su labor”, dice.

Los magistrados del TDJ fueron electos también el 1 de junio, la mayoría son cercanos a López Obrador; mientras que de los cinco integrantes del OAJ, tres serán designados por la actual Suprema Corte, uno por el Poder Ejecutivo y otro por el Poder Legislativo. Todos iniciarán funciones el 1 de septiembre próximo.

La reforma judicial incluyó la figura de jueces sin rostro, pese a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil por considerarla violatoria de derechos humanos. Sin embargo, la ministra considera que conocer el rostro de los juzgadores no es garantía de protección ni para las víctimas ni para los imputados.

“Es un tema difícil de resolver, esta idea no es exclusiva del sistema jurídico mexicano, se ha hablado de ellos en países con presencia del crimen organizado como Colombia, Brasil y, bueno, la razón fundamental de esto es que los juzgadores tuvieran anonimato por seguridad”, refiere.

Te da más garantía el que no conozcas el rostro porque no van a ser presionados. Lo importante es el principio de intermediación; más que verles el rostro lo que necesitas es tener acceso a que tengas audiencias, que todo el proceso lo encabece un juez, que haya intermediación entre el juez y la persona, que no sea por un tercero, como un secretario u otra persona.

Aunque la Corte tiene la tarea de analizar la figura de la prisión preventiva oficiosa, derivado de una resolución de la CorteIDH que establece que es inconvencional, probablemente la actual conformación no tendrá tiempo de pronunciarse.

Sin embargo, la ministra explica que los procesos llevados ante la CorteIDH, como éste, son contra el Estado, no contra uno de los tres Poderes de la Unión.

“El Poder Judicial tiene como primera función la de aplicar la Constitución, si no se puede, tenemos el control de convencionalidad que se aplique con los tratados de derechos humanos, salvo que exista contradicción, pues en tal caso hay una jurisprudencia que establece que, si eso pasa, prevalece la Constitución”, explica.

“Finalmente, para que México quede exento de cualquier responsabilidad, independientemente de cómo resuelva el Poder Judicial, el que tiene que cambiar la Constitución para ajustarla a ese criterio de la CorteIDH es el constituyente, para modificar el 19 constitucional, porque de lo contrario no quedaremos exentos de la responsabilidad internacional”.

Reconoce que la SCJN no puede decirle al Poder Legislativo cómo hacer su trabajo, pero sí debe garantizar la Constitución, aplicarla como está, y en el caso de la prisión preventiva únicamente podrían enviar un exhorto para que el constituyente tome la decisión de reformar el 19 constitucional.

“No todos los delitos deberían estar en el 19, ¿se puede cambiar esta situación?, sí, pero de parte de la Corte sólo podríamos hacer exhortos”, añade.

Oportunidad para la oposición

Por la cercanía que tiene con el expresidente López Obrador y Morena, la autonomía de la ministra ha sido criticada, principalmente por votar en bloque con las otras dos ministras afines a la 4T, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes también conservarán sus cargos en la nueva Corte.

Sin embargo, Ortiz Ahlf afirma que desde que llegó a la SCJN se ha mantenido independiente y autónoma.

“Tengo ejemplos de sentencias de total independencia y autonomía, como el caso de las dos personas que fueron detenidas que eran familiares del fiscal general (Alejandro Gertz) y que ahí voté con independencia y autonomía pese a que mi esposo trabajaba para él, o sea, era el fiscal electoral”, recuerda.

Actualmente, Morena y aliados en el Congreso aprobaron una reforma a la Ley de la Guardia Nacional, cuya redacción podría permitir la intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial.

Sin embargo, Ortiz Ahlf afirmó que esta actividad sí tiene que ser con autorización judicial previa pues la CorteIDH ya ha analizado la figura de la GN y ha decidido que no es violatoria de derechos humanos siempre que actúe bajo las normas y cánones del derecho internacional en esta materia.

“Por primera vez está regulado el uso de la fuerza, aunque fue incorporada a las Fuerzas Armadas, la normatividad se ajusta al derecho internacional público y sus funciones no son las mismas que las del Ejército; aunque sí parece una organización militar, de obediencia militar, las funciones que realizan lo hacen como autoridades civiles protegiendo los derechos humanos”, dice.

Para que la Corte conozca de acciones de inconstitucionalidad contra ésta y cualquier reforma legal aprobada por la supermayoría que actualmente tienen Morena y aliados en el Congreso, 33% de los integrantes de las cámaras –dependiendo de la ley que impugnarán– debe realizar el trámite.

La ministra expone que la oposición requiere de uno o dos votos para reunir ese 33%, lo que abre una posibilidad remota de que puedan impugnar alguna de las reformas.

Podrían encontrar el voto de algún diputado o senador para obtener ese porcentaje necesario, ya lo veremos sobre la marcha (…) Tener la mayoría en una Cámara, se sabe, en cuestión política no significa certeza absoluta, no sabemos si la oposición logra acuerdos con algún integrante de los partidos aliados.

Para Ortiz Ahlf la eliminación de las salas en la Corte obliga a que, en esta nueva etapa, los ministros sólo conozcan con acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y excepcionalmente amparos que involucren derechos fundamentales.

Que aquellos amparos que versan sobre cuestiones procedimentales, que son la mayoría de los que llegan al Máximo Tribunal, sean desechados para resolverse en los tribunales colegiados.