Reforma judicial
Sin integrarse aún, el órgano que autorizará guardias y vacaciones de jueces en invierno
El Consejo de la Judicatura Federal hará una propuesta que deberá ser validada por el nuevo Órgano de Administración Judicial que entrará en funciones en septiembre.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que aún no ha sido integrado, el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) será el encargado de autorizar las vacaciones de invierno y guardias para los jueces federales.
En marzo pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó el acuerdo relativo al calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito correspondiente al periodo de verano, que se aplica desde el pasado 15 de julio y culminará el 4 de agosto próximo.
Según el documento, el CJF precisó que para organizar los días en que los jueces de Distrito que estarán de guardia y de vacaciones en el periodo de invierno, realizará una propuesta misma que deberá ser validada por el OAJ que, conforme a la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, deberá entrar en funciones el 1 de septiembre próximo.
“Es preciso mencionar que, respecto de las vacaciones relativas al periodo de invierno de 2025, en su oportunidad se someterá a consideración de la Comisión de Transición, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Carrera Judicial, analice y autorice la propuesta, en el entendido de que dicha determinación quedará sujeta a la validación del Órgano de Administración que entrará en funciones el 1 de septiembre de 2025”, precisa el acuerdo publicado.
El OAJ se conformará por tres integrantes designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); uno por el titular del Poder Ejecutivo y otro, por designación del Congreso de la Unión.
En el caso de las designaciones que corresponden a la Corte, la reforma exige que el nombramiento sea por mayoría de 8 votos, que actualmente es la votación calificada para el Pleno, el cual está conformado por 11 ministros.
Sin embargo, desde el pasado 11 de marzo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que estas designaciones deben correr a cargo de los nuevos integrantes del Máximo Tribunal del país, elegidos por voto popular en la última elección y cuyo Pleno sólo estará integrado por 11 ministros.
“Es absurdo, ya se van las y los ministros de la Corte actual (…) quieren dar un albazo, háganme el favor, dejar ellos su propio órgano administrativo, pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tiene que haber tres organismos asociados al Poder Judicial”, indicó en su conferencia de prensa matutina de aquel 11 de marzo.
“Yo creo que es mejor que en este momento se dediquen, por lo menos en estos cinco meses que les quedan, a evitar que haya estos amparos a los delincuentes o resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos, sería muy bueno, a lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público y dejen de estar dando albazos a algo que le corresponde a la nueva Corte, que va a ser elegida por el pueblo de México”.
Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2025.
En entrevista con Proceso, publicada el pasado 8 de julio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que será la actual integración de la Corte la que realice esas designaciones.
Ello, pese a que la propia Ortiz Ahlf y Lenia Batres, quienes permanecerán en la nueva SCJN, se pronunciaron públicamente contra esta intención y también lo calificaron como un albazo.
Esta casa editorial consultó con la oficina de comunicación social de la Corte sobre el tema, pero se indicó que hasta ahora no hay información al respecto.
Si sólo Ortiz Ahlf y Batres mantienen sus posturas de que corresponde al nuevo Pleno hacer las designaciones, quedarían 8 ministros que aún pueden votar, incluida Yasmín Esquivel, quien también mantendrá su cargo en el nuevo Máximo Tribunal.
Pero si Esquivel Mossa o cualquier otro ministro rechaza que la designación la hagan antes del 1 de septiembre los actuales integrantes del Pleno, corresponderá a la nueva Corte pese a que, con ello, se estaría contraviniendo la propia Constitución.