CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La crisis que enfrenta el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo) pasa por la falta de insumos, déficit de personal, maltrato de cuerpos y acumulación de cadáveres no identificados, problemas que han sido denunciados públicamente por personal de la propia institución sin que hasta el momento haya una solución. 

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México han evitado pronunciarse de fondo sobre las condiciones en que opera el organismo forense.

El deterioro del funcionamiento del Incifo afecta la atención y dignidad de las víctimas directas e indirectas en la capital mexicana, quienes además denuncian prácticas cuestionadas, como la donación de cuerpos no identificados a instituciones educativas fuera de los tiempos legales establecidos. Esa situación agrava la vulnerabilidad de los restos humanos bajo custodia estatal y representa un nuevo nivel de revictimización al dificultar la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia, mientras la falta de insumos y personal sigue retrasando necropsias vitales para esclarecer homicidios, suicidios y accidentes.

En las instalaciones del Incifo el déficit de personal y las cargas excesivas de trabajo no sólo se reflejan en documentos apilados, también en cadáveres acumulados, con una tendencia a aumentar. 

Un perito forense, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, compartió en entrevista: “Lo que hace como tres años eran cinco mil, en 2023, por ejemplo, fueron de seis mil 459 y en 2024, siete mil necropsias anuales. Si va a seguir aumentando tienen que prevenirlo”. 

Al mismo tiempo los cuerpos acumulados en la institución corren el riesgo de ser donados, sin ser identificados y fuera de los tiempos legales, a una institución educativa, o incluso que se vulnere su derecho a ser tratados con dignidad en las propias instalaciones de la institución. 

Existen pruebas de lo anterior: a finales de junio último, mientras los trabajadores del Incifo se encontraban en una protesta para exigir mejores condiciones laborales y solidarizarse con el paro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en redes sociales se filtraron videos con imágenes que evidencian el maltrato de cadáveres por parte de algunos peritos, entre ellos Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología. 

Los videos trascendieron en medios de comunicación, pero no fue así entre las autoridades del Poder Judicial, encargado del Incifo. De acuerdo con el perito entrevistado, ante sus inconformidades los trabajadores recibieron una “respuesta tibia” que se centró en un aumento salarial de 5% y no atendió las causas en profundidad; incluso, permitió que las violaciones a la dignidad de los cadáveres continúe impune, ya que el presidente magistrado, Rafael Guerra, sólo declaró al respecto que los videos fueron tomados hace un año.

“Parece que se le olvidó (a Guerra) ajustar las cuentas de los involucrados, o no quiso”, lamenta el perito sobres las irregularidades denunciadas. 

“No hemos tenido ningún llamado por parte de la Contraloría para las quejas que se han metido. De hecho, Andrés Oriol, que ha salido en estos vídeos sobre maltrato de cadáver, igual continúa en sus funciones”, aseguró el profesional de las ciencias forenses que se dijo indignado ante la indiferencia de las autoridades. 

Además alertó que, si la situación no es atendida, “estallará una crisis que no podrán negar ni esconder” en la que los principales afectados serán las víctimas directas e indirectas de la capital mexicana: 

A veces no se dimensiona, pero nuestro trabajo está relacionado directamente con la atención a las víctimas. Hacemos todas las necropsias judiciales que están relacionadas con homicidio, suicidios, accidentes, aquellas que están relacionadas con fallecimientos de personas no identificadas. 

Familias buscadoras, revictimización 

Para las familias buscadoras no es una novedad la crisis que atraviesa el Incifo, pues desde hace más de un año denuncian maltrato por parte de los funcionarios que forman parte de la institución, así como la falta de personal y la poca ética en el manejo de cuerpos no identificados.

Después de la difusión del material gráfico que confirma los señalamientos, ante las víctimas indirectas de desaparición el Poder Judicial de la CDMX también mantiene silencio, así como el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía General de Justicia local. 

El 8 de julio último, integrantes de los colectivos Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y Una Luz en el Camino presentaron una denuncia en la Fiscalía capitalina y una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable de los actos vejatorios, contenidos contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado en la capital del país. 

Al cierre de esta edición, no hay avances en las indagatorias del recurso legal que presentaron las familias. 

La madre buscadora Jaqueline Palmeros consideró en una conversación con Proceso que el Instituto de Ciencias Forenses requiere de una reestructuración institucional profunda que “no se está dando”. 

Aún más, la también activista dijo que, con la situación actual en el instituto, los colectivos ven poco realistas los compromisos en materia forense que asumió la administración de Clara Brugada con la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, presentada en abril último ante la presencia del magistrado presidente. 

Para la hermana buscadora Yadira González, el maltrato de cadáveres no es la única violación institucional de la que son víctimas las familias buscadoras: 

Hay una práctica sistemática de donar los cuerpos sin tener una identificación plena, tenemos la información de que se estuvieron donando por muchos años o se siguen donando desde hace muchos años cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al Incifo, incluso tenemos algunos datos de días de haberse donado. 

El cuerpo de su hijo fue donado

Sobre la donación de cuerpos fuera de los parámetros legales por parte del Incifo a instituciones educativas, Laura Cabañas acudió a las instalaciones de Proceso para dar testimonio sobre el caso de su hijo, Julio César Cervantes Cabañas, un hombre de 47 años, que desapareció el 20 de septiembre de 2021. 

Aunque Cervantes Cabañas fue encontrado sin vida sobre la vía pública de la alcaldía Coyoacán en enero de 2024, su madre nunca fue notificada sobre el traslado del cuerpo al Incifo y pasaron 10 meses para que lograra localizarlo, sin el apoyo de las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas. 

“Nunca me avisó ni la Fiscalía, ni el Incifo. Quien me avisó fue una persona del Instituto Nacional Electoral que tenía las huellas de mi hijo y las fue a cotejar al Incifo para ver si estaba ahí. Efectivamente, ahí estaba, ahí estuvo porque a los cinco días lo echaron para la escuela de medicina (del Instituto Politécnico Nacional IPN), lo donaron, lo traficaron, no entiendo”. 

Laura Cabañas compartió que, después de recibir la visita del funcionario del INE, salió “corriendo” hacia las instalaciones del Incifo, ahí fue atendida por una doctora que le notificó que el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas había sido donado y le dijo: “Pero no se preocupe, dele gracias a Dios de que no fue echado a la fosa común”. 

Frente a las cámaras, el rostro de la madre se descompuso y su voz se quebró en el momento en el que comenzó a describir las condiciones en las que recibió el cuerpo de su hijo: “Lleno de reactivos, negro, sin tráquea, sin lengua”. 

“No ha habido justicia para mi hijo, ni por su asesinato, ni por el maltrato que sufrió después”, asegura la madre, para quien es necesario que las autoridades “aprendan de memoria el concepto de dignidad”.