La creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC) en México representa una de las apuestas de mayor complejidad en cuanto a diseño, presupuestación e implementación de políticas sociales que enfrenta hoy la 4T.

A diferencia del impulso de otro tipo de programas sociales específicos, el Sistema Nacional de Cuidados constituye un reto mayúsculo tanto para el gobierno federal como los estatales, principalmente por el gran número de intervenciones, servicios y enfoques que deben implementarse para reducir las desigualdades y dotar de infraestructura a la atención de la población que requiere cuidados, así como visibilizar la importancia social de las personas que cuidan.

Hablar de un sistema nacional de esta naturaleza lleva implícito no sólo reconocer derechos desde la ley o el papel; su objetivo central es hacerlos operables y articular instituciones, políticas, programas y estrategias para ofrecer servicios de atención y cuidado de calidad, particularmente para la población más vulnerable. Si bien la tarea no es sencilla, desde la experiencia internacional se sugiere que la puesta en marcha de este tipo de políticas nacionales sólo puede alcanzarse de manera efectiva bajo criterios de progresividad, homologación de servicios y planeación fiscal de largo plazo.

Sin embargo, el cambio de paradigma respecto al cuidado en sus diversas nociones no sólo es normativo o institucional, también pasa por una fibra esencialmente cultural. El cuidado visto como una responsabilidad compartida implica que el Estado asuma un papel activo en su facilitación, pero también fomentar que la ciudadanía participe en la distribución equitativa de las tareas de cuidado en el ámbito comunitario y familiar, al tiempo que las empresas y fuentes de empleo adopten políticas para la conciliación de la vida laboral y familiar, con especial énfasis hacia las mujeres madres y en beneficio de la primera infancia.

Se trata entonces de un sistema que no exige únicamente al gobierno la habilitación de determinados servicios o políticas públicas, sino que en gran medida se nutre desde sinergia entre actores sociales, comunitarios y del sector privado para que sea eficaz. Pretender lo contrario sería negar que en México aún perviven barreras sociales –que van más allá de la publicación de decretos– y que representan desafíos latentes en el esfuerzo de instrumentar un sistema de derechos de esta envergadura.

Esta corresponsabilidad en la forma de entender los cuidados es crucial para dejar atrás la visión anacrónica e inequitativa que consideraba esta labor como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Las mediciones más recientes del INEGI por desgracia confirman esta premisa. Las labores de cuidado en México siguen distribuidas en forma desproporcional hacia las mujeres y personas de escasos recursos.

De acuerdo con el reporte “Cuidados para la primera infancia: recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados” elaborado por Early Institute, Ethos y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del total de las personas cuidadoras en México, el 75% son mujeres, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022). De la misma forma, cuando se analizan los cuidados de la primera infancia, las mujeres son las principales cuidadoras (96.0%), en su mayoría madres (86.3%) y abuelas (7.6%), que dedican un promedio de horas superior al de los hombres para el cuidado directo de niñas y niños de 0 a 5 años.

A razón de estos datos, desde Early Institute hemos insistido que una de las claves para comenzar la arquitectura de dicho sistema la constituye precisamente el enfoque estratégico que representa el cuidado hacia la primera infancia. Este sector engloba casi el 10% de la población mexicana, por lo que garantizar el derecho al cuidado infantil, universal y de calidad, que fortalezca su educación, nutrición, salud, protección social y desarrollo integral, permitirá de manera simultánea reducir las brechas de desigualdad hacia las mujeres y familias de forma estructural.

En un México. donde sólo el 44% de los niños de 0 a 5 años en México accede a servicios de cuidado, educación inicial o preescolar -lo cual se traduce en que cerca de 6.8 millones de niñas y niños queden fuera de este tipo de atenciones- nos parece que la ruta del Sistema Nacional de Cuidados tiene un foco claro y prioritario que apuntalar sin mayor divergencia ni dilación.

En el inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que desde el IMSS y el DIF se comenzaría con la instrumentalización progresiva del Sistema Nacional de Cuidados a partir de una restructura de los centros de bienestar infantil para las mujeres más pobres, jornaleras agrícolas y para mujeres de ciertas industrias, como la maquila, específicamente en la región de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tan sólo la semana pasada el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, suscribieron un convenio de colaboración para el desarrollo de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) anunciados por el gobierno federal en abril de este año. En paralelo, la Secretaría de Gobernación ha anunciado que durante las próximas semanas de agosto se espera la publicación del nuevo Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2025-2030.

A juzgar por la expectativa generada de estos anuncios, pareciera que la decisión de instrumentar el Sistema Nacional de Cuidados es un hecho en la agenda de la 4T. No obstante, el segundo año de gobierno de la presidenta, que comenzará a partir de octubre próximo, será clave para medir la eficacia y profundidad de estas intenciones.

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*Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

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