CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Al filo de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, a Radio Universidad-Pueblo (hoy Radio UAGro) llamaron normalistas de Ayotzinapa para pedir ayuda ante las agresiones en su contra que terminarían con la ejecución de tres de sus compañeros, tres civiles y la desaparición de otros 43 alumnos en la ciudad de Iguala.

"La línea editorial es algo que no nos perdonan (Radio Universidad-Pueblo), fue la primera que abordó la desaparición de los 43 estudiantes y la de miles de personas en la entidad. Aquí vienen madres a denunciar la desaparición de sus hijos. Eso golpea directamente al Estado", coinciden locutores.

Lanzada al aire el martes 4 de mayo de 1982, la emisora, concebida para dar voz a los universitarios, a la clase trabajadora y campesina, resistió por décadas los embates del poder a manos del PRI. Pero la tentación por desaparecerla sigue latente, ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación y sus aliados, consideran integrantes de esta radio.

En aquel 1982, el poder en México era ejercido de manera muy autoritaria. El Estado, el gobierno y el partido eran uno solo, era el sistema PRI Gobierno, recuerda Enrique González Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG, hoy UAGro) de 1981 a 1984.

“Se caracterizaba por ser un sistema muy violento, muy represivo, experto en el fraude electoral y muy corrupto”.

La UAG, dice, ya había desarrollado un proyecto educativo distinto a esas características que se fundamentó en las necesidades de la población para tratar de satisfacerlas.

González Ruiz venía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que contaba desde hace años con su emisora, por lo que creía que no había nada de extraordinario que la UAG (ahora UAGro) tuviera su estación.

Guerrero, recuerda, tenía problemas y habría que responder con un proyecto educativo propio, que se enraizara en las mejores tradiciones de la entidad, por lo que había que dar voz a la gente y hubo que echar a andar XEUAG Radio Universidad-Pueblo.

Solicitó de manera formal a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal un permiso para su operación, pero la respuesta fue tajante: en el espectro no había espacio radiofónico para conceder nuevos permisos.

Entre otras justificaciones, se les dijo que la antena que requerían era muy alta y que podría interferir los vuelos de avionetas o aviones que cruzaran por Chilpancingo.

González Ruiz promovió un amparo y con una suspensión concedida echaron a andar la emisora.

"Es un derecho que tiene la universidad, no hay ninguna razón para negarlo. La difusión cultural está dentro de las funciones de la ley orgánica", indica.

La universidad contrató al ingeniero en Electrónica, el tamaulipeco Eduardo Villaseñor Mercado, el mismo que construyó el equipo de transmisión de radio del primer ayuntamiento popular en Juchitán, Oaxaca, instaurado por la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) en 1981.

Villaseñor Mercado halló en el sistema radiofónico un espacio para la radio universitaria. Al inicio cubrió 15 kilómetros a la redonda, pero el proyecto se creó para llegar a todas las regiones de Guerrero.

Es decir, era falso que no existía una frecuencia, como habían dicho los expertos del gobierno federal.

Embate y resistencia

El primer sabotaje que tuvo la Radio Universidad-Pueblo fue de parte de la misma SCT, en alianza con concesionarios de radio de Chilpancingo, recuerdan fundadores.

Las autoridades mandaron una señal pirata que obstaculizaba su transmisión. Para eso utilizaron una estación local de radio en Chilpancingo que “vició” el sonido, por lo que de la frecuencia universitaria salía “un zumbido espantoso”.

Contra un pirata, un bucanero. Los técnicos construyeron un transmisor portátil de 500 watts que llevaron a escuelas de la UAG de Acapulco, las dos costas, Ciudad Altamirano y Taxco. Las transmisiones en las regiones tuvieron mucha audiencia.

Como resultado, representantes de la SCT se comunicaron con el rector para decirle que iban a retirar las interferencias y admitieron que habían usado a unos concesionarios de Chilpancingo.

Esa primera etapa fue dirigida por Luis del Toro y Nájera y un equipo de universitarios.

Para solicitar el permiso de la Radio Universidad-Pueblo también se convocó a una marcha de Acapulco hacia el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Dentro de las mismas instalaciones de la SCT, el rector Enrique González realizó una huelga de hambre por más de 20 días.

La manifestación recibió el respaldo de rectores de otras universidades, intelectuales, medios de comunicación independientes, grupos culturales y democráticos del país.

"Hubo mucha cultura alrededor de la lucha y mucho apoyo de los sectores democráticos en México que luchaban contra un enemigo feroz que era el PRI. Ese que golpeaba, mataba y mandaba desaparecer. Era perverso, no jugaba", trae a la memoria González Ruiz.

Para reforzar la propuesta de comunicación popular, del 22 al 24 de noviembre más de mil trabajadores de la comunicación del país y de algunos de Centroamérica, así como organizaciones sociales, se dieron cita al primer Foro Nacional en Defensa de la Libertad de Expresión e Información Popular, convocado por la UAG en Acapulco.

El caricaturista Rogelio Naranjo (1937-2016) ilustró el cártel de este foro de avanzada que analizó el papel de los medios comerciales, el intento del gobierno por llamar a los proyectos de comunicación alternativos y se buscó hacer una acción conjunta nacional.

Los resutados de ese foro se relatan en las páginas 40 y 41 del libro publicado por González Ruiz, La Universidad-Pueblo. Un proyecto traicionado (editorial Tiempos del Sur, 1989), mismo que paradójicamente no se encuentra en las bibliotecas de la propia universidad.

En el encuentro, indica el texto, se repudió la concepción mercantil que encerraba la frase del expresidente José López Portillo “no pago para que me peguen”, así como los mecanismos tradicionales para comprar y corromper las conciencias.

Se exigió el respeto irrestricto a la libertad de expresión, no como una dádiva del gobierno, sino como una conquista popular, además se demandó la expropiación del monopolio Televisa y su entrega a los trabajadores.

En el encuentro se propuso la creación de una agencia alternativa de noticias, un foro permanente de comunicación popular, estaciones de radio en manos de sindicatos, ejidos y organizaciones sociales, así como el pago del salario mínimo profesional a los periodistas del puerto de Acapulco.

La entrega de la radio

Durante 1983 la emisora universitaria funcionó sin problemas, pero en 1984, en su afán por recibir subsidios federales y para afianzar su tercer periodo como rector de la UAG, Rosalío Wences Reza firmó un convenio con el entonces secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.

El pacto tenía el objetivo de desmantelar el proyecto de educación popular de la UAG construido de 1972 a 1983.

El tres veces rector acordó con el gobierno federal cerrar las casas de estudiantes, los comedores universitarios y desaparecer las becas universitarias.

También ofreció interponer una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra ocho integrantes de la administración universitaria anterior, entre ellos el exrector Enrique González, al que acusaba de no comprobar el subsidio federal.

La denuncia fue hecha con base en el resultado de una auditoría por parte del despacho Gyves y Velasco, que no se sostuvo por falta de elementos.

Pero Wences Reza también pactó con Reyes Heroles liquidar los bufetes jurídicos gratuitos, la posibilidad de reducir de 38 a 14 escuelas preparatorias y la principal: el cierre de Radio Universidad-Pueblo.

Así fue. La estación universitaria cortó transmisiones el 8 de enero de 1985 e inició un periodo de silencio de más de dos años.

Fue en 1987, durante la rectoría de Ramón Reyes Carreto, que un grupo de extrabajadores, encabezados por el periodista Sergio Ocampo Arista, acudió a informarle que pondrían a funcionar de nueva la radio.

El 7 de junio de 1987, Radio Universidad-Pueblo volvió al aire sin permiso.

Una presión permanente que tiene la Radio Universidad-Pueblo es que no cuenta con un presupuesto para operar.

La UAGro, controlada desde hace 10 años por Javier Saldaña Almazán, a través del pago de prebendas a trabajadores, académicos y grupos internos de poder, sólo destina ministraciones para el pago de salarios. En la estructura de la universidad aparece como “departamento de radio”.

El Estado no ha perdonado

A las 11 de la mañana del 23 de febrero de 2022, ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, apoyados por elementos de la Guardia Nacional, representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) irrumpieron en las instalaciones de Radio Universidad en el centro de Chilpancingo.

Un policía militar entró con violencia hasta la cabina, manoteó el micrófono del operador Víctor Wences Barragán, le ordenó apagar el equipo y salir.

Se trató de una verificación para comprobar si la radio tenía instalada y en operación equipos de radiodifusión e infraestructura para usar el espectro radioeléctrico.

Reporteros, activistas y organizaciones sociales se manifestaron afuera de la radio para impedir que se llevaran el equipo.

En septiembre de 2023, el IFT otorgó a la radio universitaria una concesión para operar de manera legal bajo las siglas XHCPEV-FM, en el 101.9 de Frecuencia Modulada (FM), con la que operan hasta la fecha.

Pero los intentos de controlar (o desaparecer) la radio no han cesado.

El 1 de julio pasado, trabajadores denunciaron que el área jurídica de la UAG recibió un requerimiento por parte del IFT para llevarse el transmisor y equipo. Detrás, acusaron, estarían presuntos operadores de los senadores Félix Salgado, de Morena, y Manuel Añorve, del PRI, quienes salieron a deslindarse y aseguraron que se trataba de un infundio.

La intervención del IFT no se ha concretado, pero el personal se mantiene en una tensa calma.

Para Sergio Ocampo, el Estado “no ha perdonado” a la radio la línea editorial de dar voz al pueblo que implementaron el exrector Enrique González y Luis del Toro.

No les ha gustado que se haya dado voz a sectores populares. Hemos estado en la formación de sindicatos democráticos, en el proceso de la Normal de Ayotzinapa, en las masacres de Aguas Blancas y El Charco, en el surgimiento de las guerrillas y recientemente en la lucha de los campesinos contra la instalación del proyecto hidroeléctrico La Parota.

También han cubierto los cambios de gobierno en Guerrero y el país.

Pone como ejemplo la cobertura al “éxodo por la democracia” del entonces excandidato a gobernador Félix Salgado para denunciar fraude electoral, o cuando Zeferino Torreblanca se convirtió en el primer gobernador de oposición a Guerrero en 2005.

“Las radios no querían entrevistarlo y vino aquí, quería pagar el señor. 'Oiga, ¿cuánto se debe? ', preguntó.  'No, acá no se cobra '”.

La radio cuenta con 18 trabajadores y en sus programas de radio colaboran periodistas y especialistas de otras ramas.

A finales de abril último, con el pretexto de la elección judicial, se les redujo de dos a una hora de transmisión a los programas El Tlacolol Radio y Charlas de Café, ambos críticos al gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio.

El Tlacolol Radio es un programa de defensa del derecho a la información y libertad de expresión, así como de análisis político y social de la entidad.

El director de la radio, también desde hace más de 10 años, Víctor Hugo Wences Martínez, no respondió a la solicitud de entrevista.

Ocampo Arista dice que se espera que en un mediano plazo las autoridades de la UAGro hagan la petición para ampliar la cobertura.

“Nosotros lo pudimos hacer, ya tenemos la experiencia, pero no tenemos el equipo, no tenemos el dinero ni para funcionar a veces”.

Pero entendemos: tener una radio como Radio Universidad operando en toda la entidad obviamente que al gobierno no le conviene porque se tendría una sociedad más informada.