CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del empresario mexicano de origen judío, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.  

Esta decisión se produce en medio de señalamientos que lo vinculan a presuntas actividades de lavado de dinero, corrupción y contratos públicos millonarios en México.  

Margolis, conocido por su influencia en el sector empresarial, enfrenta ahora un nuevo capítulo de controversia que pone en entredicho su historial y conexiones políticas. 

Las acusaciones contra Margolis no son recientes.  

Desde hace años, su nombre ha sido asociado con casos de alto perfil, como el de Vallarta-Cassez y el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.  

Margolis mantuvo una relación cercana con García Luna, lo que lo habría beneficiado con contratos gubernamentales durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta conexión ha sido señalada como un factor clave en las investigaciones que ahora lo tienen en la mira de autoridades tanto en México como en Estados Unidos.   

El pasado 2 de agosto un artículo de Los Ángeles Press detalló que Margolis fue identificado en un dictamen pericial de 2017, basado en el Protocolo de Estambul, como participante directo en actos de tortura contra Israel Vallarta, implicado en el caso Vallarta-Cassez.  

El informe describe agresiones graves, incluyendo torturas físicas y psicológicas, que dejaron secuelas en Vallarta. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Fiscalía General de la República no ha iniciado acciones penales contra Margolis, lo que ha generado críticas sobre la impunidad en el caso. 

La revocación de la visa de Margolis también coincide con reportes del 6 de agosto en X, que lo señalan como “persona de interés” en investigaciones en ambos lados de la frontera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. 

Estas acusaciones refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.  

Durante el gobierno de Calderón, García Luna facilitó contratos a empresas vinculadas a Margolis, según fuentes periodísticas, lo que le permitió amasar una considerable fortuna. El caso de Margolis Sobol refleja los desafíos que enfrenta México en el combate a la corrupción y la impunidad, especialmente cuando se trata de figuras con conexiones políticas de alto nivel. La relación con García Luna, quien enfrenta una condena de 38 años en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa, pone en perspectiva el alcance de las redes que Margolis habría tejido.  

Por ahora, la revocación de su visa representa un golpe significativo a su estatus, limitando su movilidad internacional y aumentando el escrutinio sobre sus actividades. Mientras las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones, la sociedad civil y medios independientes continúan exigiendo transparencia.