XALAPA, Ver., (Proceso).- El motín ocurrido el 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, donde ocho personas privadas de la libertad murieron y otras diez resultaron lesionadas, expuso deficiencias estructurales y operativas que habían sido documentadas desde hace años por organismos de derechos humanos, en un contexto de creciente violencia en el norte de Veracruz.

La violencia en el penal fue precedida de varias advertencias.

De 2018 a 2023, el penal de Tuxpan fue incluido en seis ediciones consecutivas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En esos informes se señalaron fallas en los procedimientos disciplinarios, carencia de normativas internas y deficiencias en la clasificación de las personas privadas de la libertad, elementos que, según la CNDH, representaban riesgos para la seguridad.

Entre 2018 y 2019, los diagnósticos penitenciarios detectaron acciones de autogobierno, la realización de actividades ilícitas y el cobro de sobornos y cuotas al interior del penal de Tuxpan. En esos años, el centro recibió calificaciones reprobatorias en rubros relacionados con el control de seguridad, la supervisión de actividades por parte de autoridades, el ingreso de objetos prohibidos, y la extorsión a personas privadas de la libertad por el uso de servicios básicos.

Estas observaciones implicaban riesgos significativos para la gobernabilidad del centro y vulneraciones directas a los derechos humanos de la población interna.

Aunque en años posteriores se reportó una mejora en algunos indicadores, la CNDH continuó señalando deficiencias estructurales en el control interno, la existencia de cobros irregulares en diversas áreas —como asignación de espacios, pase de lista o acceso a servicios— y una débil supervisión institucional. También se advirtieron omisiones normativas, fallas en la clasificación de internos y carencias en los mecanismos para presentar quejas.

En 2023, el penal alcanzó su mejor calificación con 7.0, superando las evaluaciones reprobatorias de años anteriores, pero manteniendo áreas de riesgo sin corregir.

Ese mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solo documentó dos quejas en el penal, las cuales fueron resueltas.

Para 2024, el Cereso de Tuxpan ya no fue incluido en el diagnóstico nacional de la CNDH, pese a que la región atravesaba uno de los picos más altos de violencia vinculada a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo Sombra, una escisión del Cártel del Golfo.

 Un motín anunciado

Dos días antes del motín, una narcomanta fue colocada en las letras turísticas de Tuxpan, dirigida a Juan Carlos Arriaga, subdirector del centro penitenciario:

“Va el primer aviso”, advertía el mensaje, sin firma, pero con la frase “El que avisa no traiciona”.

Este no fue el primer incidente. En junio, el entonces director del penal, Antonio Huesca Figueroa, fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad. Cuatro meses antes de su asesinato, otra narcomanta había sido colocada en el mismo punto turístico, con amenazas similares y acusaciones sobre las condiciones internas del penal: “  Sigue prestándote a la m… y te vamos a matar…. Tienes el penal hecho una mier…”.

Antonio Huesca, quien previamente se desempeñó como director del penal de Poza Rica, había sido señalado por familiares de internos en 2017 por presuntos cobros indebidos dentro del centro penitenciario.

El 2 de agosto, tras los disturbios, circularon imágenes de incendios al interior del penal y personas heridas con quemaduras. Paralelamente, en redes sociales se difundieron dos videos en los que internos atribuían el motín al cobro de cuotas de extorsión.

En uno de ellos, de seis minutos, los reclusos afirmaban pertenecer a un grupo delincuencial y denunciaban amenazas a sus familias: “Si no colaboras, matan a un familiar allá afuera. Como pasó con la taxista que no quiso cooperar”.

Las autoridades estatales no confirmaron ni desmintieron el contenido de los videos. La gobernadora Rocío Nahle anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) realizaría un diagnóstico del penal, el cual sería presentado públicamente.

 Ola de violencia tras el motín

En las 48 horas posteriores al motín se registraron seis homicidios en la región, entre ellos, ataques directos, cuerpos desmembrados en la carretera Poza Rica–Cazones y una agresión contra elementos de la Guardia Nacional.

Ante esta situación, el Gobierno federal desplegó 300 elementos de la Guardia Nacional y 80 de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad en Tuxpan. También se realizaron revisiones en los penales de Poza Rica y Papantla.

Este tipo de operativos no son nuevos; Tuxpan ha vivido un aumento de violencia: en los primeros meses de 2025, se reportaron los asesinatos de cuatro empresarios y un comandante de la Fiscalía estatal, lo que derivó en un despliegue anterior que incluyó patrullajes, presencia en puntos estratégicos y filtros de control.

A pesar de estas medidas, la violencia persistió.

Historial de deficiencias

El Cereso de Tuxpan acumuló, durante años, observaciones por parte de la CNDH. En 2018 obtuvo una calificación reprobatoria de 5.5 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, con énfasis en fallas de gobernabilidad. Ese año se documentaron cobros a las personas internas por el uso de servicios básicos como teléfono, alimentos y limpieza.

Aunque en años posteriores mejoró su calificación, se mantuvieron problemas como la inadecuada separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y alimentación, así como fallas en los registros y planes de reinserción social.

En su pronunciamiento tras el motín, la CNDH reconoció que, si bien hubo avances, subsistían riesgos importantes: falta de normatividad interna, ausencia de mecanismos eficaces para la prevención de incidentes violentos, y deficiente supervisión por parte de la dirección del penal.

El organismo reconoció que el moti´n que derivo´ en disturbios e incendios al interior del centro fueron provocados por las personas privadas de libertad ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de personas internas hacia ellas y sus familias.

“Si bien, el centro ha observado mejoras sustantivas en algunos aspectos relevantes para la mejora de las condiciones de estancia digna e integridad personal, persisten diversas a´reas de oportunidad a las que se debe prestar especial atencio´n porque constituyen riesgos para la seguridad y el gobierno tales como: insuficiencia de programas para la prevencio´n y atencio´n de incidentes violentos, insuficiencia de vi´as para la remisio´n de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; falta de supervisio´n del funcionamiento del centro por parte de la persona titular; falta de normatividad que rige al centro e inadecuada clasificacio´n de las personas privadas de la libertad, entre otras”, señaló la comisión en su pronunciamiento.

Tuxpan, zona de conflicto

La violencia en Tuxpan se ha intensificado desde 2024. Ese año fueron abandonados 13 cuerpos en hieleras y bolsas negras junto a las letras turísticas de la ciudad, con mensajes firmados presuntamente por grupos criminales. El entonces gobernador Cuitláhuac García atribuyó el hecho a la disputa entre el CJNG y el grupo Sombra.

El conflicto ha impactado también a municipios vecinos como Álamo, Cazones y Poza Rica, donde se han registrado expresiones similares de violencia.

En 2025, la región continuó con altos índices de criminalidad. El asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra y taxista en Álamo, fue atribuido por autoridades federales a conflictos entre grupos delictivos por el cobro de cuotas. El hecho fue mencionado en los videos de los internos en el motín de Tuxpan como un ejemplo de represalias contra quienes se negaban a cooperar.

Desde el motín, al menos seis personas han sido asesinadas en la zona, confirmando que la violencia no ha cesado.

Ahora se sabe que seis de las personas privadas de la libertad que resultaron involucradas y víctimas (cinco fallecieron y uno quedó herido) en el motín del Cereso son ciudadanos guatemaltecos, según confirmaron autoridades de ese país, aunque no se han explicado las circunstancias en que estuvieron implicados.