CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El futuro de Karla Fernanda, acusada de matar a su madre y a su tío en su departamento en la alcaldía Álvaro Obregón, está en manos del juez Alfredo Cárdenas Delgado, quien este miércoles 9 de abril emitirá su sentencia entre las enfermedades mentales que padece la joven de 21 años, el contexto de violencia en el que vivía y las acusaciones del ministerio público. La Fiscalía capitalina solicita una “medida de seguridad” de 120 años en el reclusorio.

El caso del feminicidio y homicidio que generó indignación pública no sólo en la capital, sino en el país, en agosto de 2022, llegará a su desenlace cuando el juez Décimo Cuarto de Tribunal de Enjuiciamiento de la CDMX decida si hace válida o no la condición de “inimputable” de la joven; es decir, que no puede ser juzgada por su condición sicológica, como coincidieron cuatro especialistas de diferentes instituciones públicas.

Los especialistas presentados por la defensa coinciden en que Karla Fernanda padece trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, esquizofrenia y una edad mental de ocho años. Eso, aunado al entorno de violencia familiar y sexual, así como la desatención del Estado que sufrió desde niña, la habrían llevado a atacar a sus familiares, según las evaluaciones.

En entrevista, Héctor Pérez, abogado de Karla Fernanda, denuncia que el proceso de “criminalización” de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) contra la joven, la falta de una red familiar de apoyo y las condiciones de sobrevivencia a la que está sometida entre las internas del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, la han orillado a intentar suicidarse dos veces.

Pero no es lo peor: de acuerdo con el abogado, la acusación del ministerio público Alberto Valadez Aguilar, quien prácticamente pide una cadena perpetua, tiene inconsistencias y contradicciones que enturbian el caso y ponen al descubierto la incapacidad de la autoridad para atender este tipo de situaciones.

“La quieren dejar en la cárcel no por ser responsable penalmente, sino porque tiene discapacidad. Ése es mi punto: el Estado dice que no es responsable, pero como es peligrosa y no sabe qué hacer con ella, ‘pues métela a la cárcel’. Al Estado le parece que es peligrosa, pero dejarla en la cárcel es también un peligro”, advierte su defensor en entrevista con Proceso.

Y sentencia: “Karla necesitaba un entorno seguro, pero le fallaron su familia, el Estado y la sociedad. Más que un crimen, es una tragedia”. En cambio, dice que “puede reinsertarse a la sociedad con un adecuado tratamiento y atención especializada”. Eso espera de la decisión del juez.

La acusación contra Karla Fernanda está a cargo de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJCDMX. Requeridas por Proceso, fuentes de la Fiscalía aseguraron que la defensa no ha logrado probar la inimputabilidad de la acusada. “Nosotros tenemos la obligación de probar el hecho y la participación, y la defensa debe probar las causas de la inimputabilidad. Será el juez quien determine y estaremos a lo que resuelva”, aseguraron.

Dentro del departamento

Según las declaraciones durante el juicio oral, la noche del 11 de agosto de 2022, la policía Nuzhet Hurtado llegó al departamento 301 del edificio ubicado en Periférico Sur 1467, de la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón. Fue a petición de conocidos de Paola Georgina Gorostieta, madre de Karla Fernanda, quienes sospecharon que algo había pasado. Los vecinos dijeron que días antes se escuchó una pelea, aunque eso era común.

La oficial abrió la puerta y halló a la joven con sus perros “Luna” y “Odi” -una pitbull y un criollo-, el cadáver de su madre y su tío Juan Carlos Gorostieta, quien tenía una discapacidad. Karla Fernanda tenía manchas de sangre y el departamento estaba sucio y desordenado, con olor fétido y total abandono. Las víctimas tenían golpes con un objeto duro, lesiones con un objeto con filo y mordidas de perro.

Según la policía, el tío de Karla, moribundo, le alcanzó a decir que ésta los agredió. Entonces la detuvo “en flagrancia” y sin resistencia. Sin embargo, el defensor Héctor Pérez dice que el perito en Criminalística de la Fiscalía de Feminicidios dijo que eso era “imposible” porque la víctima tenía, al menos, siete horas de fallecido y que el médico del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) dijo que murió en un lapso de cinco a siete minutos.

“No hay testigos presenciales ni evidencia gráfica del hecho”, recalca el abogado, por lo cual no están claros los hechos.

Inimputable y criminalizada

Después de que se descubrió el hecho, también se reveló la tragedia en la vida de Karla Fernanda: Creció en un entorno insalubre y sin servicios básicos; estudió hasta segundo de secundaria; su padre la abandonó cuando era niña y estuvo internada en el DIF, donde acusó que fue agredida sexualmente.

También recibió tratamiento en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, pero no tuvo el suficiente apoyo del Estado ni de su familia para atender sus padecimientos, acusa su abogado. Y explica que cuatro especialistas han diagnosticado que la joven es “inimputable”; es decir, que no puede ser juzgada por su condición psicológica.

Emmanuel Santos Narváez, del Instituto de Salud Mental del Estado de México, determinó que Karla Fernanda “actuó bajo un estado psicótico grave, con capacidad de comprensión y autodeterminación abolida. La combinación de antecedentes personales, vulnerabilidad psicosocial y falta de atención adecuada contribuyó al desenlace. Se requiere un enfoque integral para su tratamiento y reinserción social”.

Rosario Azúa Torres, del Incifo, concluyó “que la acusada debe ser considerada como inimputable permanente, porque está diagnosticada con el trastorno del neurodesarrollo (trastorno del espectro autista), con discapacidad intelectual y, por esta razón, no comprende los hechos que se le atribuyen”.

Humberto Arturo Corona Hernández y Gabriela Santos Mendoza, del Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, la diagnosticaron con “trastorno del control de los impulsos/retraso mental leve, alteraciones de la conducta que requieren atención médica. Abuso sexual declarado por el menor, por persona ajena al grupo primario. Soporte familiar inadecuado. Trastorno hiperquinético e inatento”.

En noviembre de 2023, Proceso consultó a la entonces fiscal Ernestina Godoy, hoy consejera Jurídica de la Presidencia, sobre la condición de inimputabilidad de Karla Fernanda. La funcionaria aseguró que no sería procesada, pero esa declaración quedó en el olvido. Ahora, bajo el mando de Bertha Alcalde, la FGJCDMX insiste en la condena de 120 años.

Por su parte, su defensa solicita que la Fiscalía actúe “con perspectiva de género y discapacidad y valore su criminalización y solicitud de medida de internamiento, además de que coadyuve con su defensa en que el Estado le brinde la atención que requiere”.

Un ejemplo de la criminalización que acusa el abogado es que, además de omitir la condición de vulnerabilidad de Karla Fernanda, el ministerio público Alberto Valadez Aguilar identifica en su chat de WhatsApp el caso como “La Loquita”. Más: en las audiencias se dirige a ella no por su nombre, sino como “esta persona” o “la de azul”, por el color de su uniforme.

“¡Que me dejen salir al patio!”

Desde agosto de 2022, Karla Fernanda está privada de su libertad en el Reclusorio Sur. En estos 2.8 años ha intentado suicidarse dos veces, asegura su defensa. Y es que, detalla, no ha tenido el tratamiento médico y social recomendado para estar tranquila y controlada por su condición psicológica.

En algunas audiencias del juicio oral a las que la reportera ha tenido acceso, se ha comprobado que difícilmente entiende de qué la acusan y los detalles de lo sucedido, así como la propia dinámica de la comparecencia. Se le nota ausente, con mirada perdida, hablar lento, cuerpo encorvado, las manos cruzadas o en la cabeza. Cuando el juez le pregunta si quiere decir algo, se refiere a las condiciones que vive en la cárcel: “¡Que me dejen salir al patio!”, “que ya no me peguen”, “no me dejan salir a los cumpleaños ni a los bailes”.

La condición de Karla Fernanda es tal, que la asociación civil “Documenta”, mediante la facilitadora Adriana García, la acompaña en las audiencias y la ayuda a comunicar situaciones básicas como decirle al juez que no desayunó, que no tomó sus medicamentos o que tiene momentos de “barreras de atención, comprensión y memoria”.

En las audiencias destaca la actitud del juez Alfredo Cárdenas Delgado para dirigirse a “la señorita Karla”: “¿Cómo estás?, ¿comprendes este hecho?”, le pregunta con voz pausada y suave; “Karla, ¿quieres declarar?”, “¿Quieres ver estas fotos?”, en referencia a la petición del MP que pide mostrar frente a ella las imágenes del departamento donde pasaron los hechos.

Con una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el juez le ha dicho claro: “Cualquier situación, yo te puedo ayudar también”. Este miércoles, después del medio día, se conocerá su decisión sobre el futuro de Karla Fernanda.