CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerca de 500 exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exigieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que se investigue el uso de 50 inmuebles y 14 plantas de generación eléctrica en manos de la dirigencia del líder Martín Esparza Flores: la denuncia se presentó tras el reportaje de Proceso que reveló una red de minería ilegal de criptomonedas en Nuevo Necaxa, Puebla, ligada al organismo. 

Exsecretarios generales del SME, encabezados por Rosendo Flores Flores, y extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), realizaron una protesta frente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y pidieron investigar el "uso discrecional" e "ilegal" de los predios que se otorgaron por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto mediante un "memorándum de entendimiento". 

En un mitin a las afueras de la institución, los integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval” acusaron que esos inmuebles, de los cuales 28 aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), han servido únicamente para que los dirigentes del SME “hagan negocios y se enriquezcan”. 

Además, acusaron que mientras algunos de ellos reciben 5 mil pesos al año como supuestos dividendos, la dirigencia de Martín Esparza "recibe miles de millones de pesos". Y que empezaron a detectar irregularidades en los lugares, al menos desde 2017. 

"Exigimos que deje de tener manos libres Martín Esparza, porque hace lo que quiere con los inmuebles, tanto con los que se han cedido, como las que son propias del SME. En ambos casos, este hombre no rinde cuentas y hace lo que quiere”, demandó Rosendo Flores.

Recordó que hay bienes que son propios del sindicato y otros que en 2015 entregó el gobierno de Peña Nieto al SME, a través de un "memorándum de entendimiento" con el cual, la dirigencia sindical se desistió de los juicios colectivos e individuales que incluían el reclamo de pasivos laborales que pertenecían a 44 mil electricistas que trabajaban en LyFC, previo a su extinción.  

En un documento entregado al Indaabin y cuya copia obtuvo Proceso, se señala que en al menos uno de los bienes que se entregaron por ese acuerdo y que aparece en el DOF, que es el campamento del kilómetro 153 en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, Puebla, fue descubierto que se estaba robando energía eléctrica durante un operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apoyado por fuerzas federales. 

Los electricistas aseguran que pudieron documentar que hasta 2023, por venta de energía eléctrica, la dirigencia del SME obtuvo más de 15 mil millones de pesos, pero que sólo repartió entre los trabajadores dividendos por 450 millones de pesos. 

En la denuncia, dirigida a Pablo Escalona Almeraya, presidente del Indaabin, se aclara que la desincorporación de los bienes a favor del SME publicada en el DOF, indica que deben cumplir los artículos 84, Fracción XIII, y 93 de la Ley General de Bienes Nacionales, que refieren a que se destinen al cumplimiento de los fines de un sindicato, que no son con ánimo de lucro, y que no darles uso distinto al acordado. 

La semana pasada, el secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que tienen detectadas tres granjas de criptomonedas clandestinas que operan en el estado, en particular en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo.

Ramón Pacheco Llanes, exvocero del SME en la gestión de Rosendo Flores y actual presidente del FAU, anunció que alistan una demanda penal contra Esparza por el “huachicoleo” de energía eléctrica que descubrió la CFE en instalaciones del sindicato en Nuevo Necaxa, y que entregarán también documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Los exsindicalizados aseguraron que si el gobierno decide actuar, también encontrarán que están inmiscuidas personas de la CFE ligadas al exdirector Manuel Barttlet.