CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La víspera del anuncio arancelario del presidente Donald Trump, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer el Informe de la Estimación Nacional de Comercio de 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior, en el que se enumeran los obstáculos que, a juicio de esa administración, afectan la relación comercial con México.

El contenido del informe expone varias de las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enarboladas por Morena, que colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición compleja de cara a la revisión del T-MEC, luego de la imposición unilateral de aranceles por parte de Trump al acero, el aluminio y a los autos producidos en México.

Los señalamientos no son menores. Desde retrasos en aduanas hasta decisiones unilaterales en materia de salud y medio ambiente, el documento difundido el lunes 31 de marzo último, advierte que el modelo de país que ha impulsado Morena podría representar un punto de fricción con Washington en la renegociación del tratado comercial.

A la luz de estos señalamientos, los principios que han dado cohesión al movimiento político en el poder –como la recuperación del control energético, la protección del campo mexicano y la soberanía regulatoria– podrían volverse un obstáculo diplomático en los próximos meses.

El informe, de carácter técnico pero con profundas implicaciones políticas, denuncia que México “sigue presentando deficiencias en los requisitos reglamentarios en diferentes puestos fronterizos y una aplicación desigual en la frontera de las normas y reglas de etiquetado mexicanas”.

A ello se suma el hecho de que “la industria continúa reportando retrasos de 18 a 24 meses para la resolución de registros sanitarios y solicitudes de permisos de importación”.

Uno de los puntos más sensibles para el actual gobierno es el rechazo sistemático del uso del glifosato.

Según el USTR, “México no ha brindado la oportunidad de comentarios públicos, no ha presentado notificaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni ha proporcionado evidencia científica para los rechazos. El glifosato sigue registrado para su uso en México”. Esta política, defendida desde Palacio Nacional tanto por López Obrador como por Sheinbaum como parte de una agenda ambientalista y soberanista, es vista por Estados Unidos como una restricción arbitraria al comercio.

Las críticas también alcanzan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que, según el informe, presenta “retrasos significativos en la recepción de las aprobaciones necesarias de registro y comercialización (…) para ciertos pesticidas y productos químicos agrícolas”.

Barreras en telecomunicaciones

Otra de las preocupaciones para Estados Unidos son las barreras regulatorias que persisten en el sector de telecomunicaciones en México.

El gobierno de Trump señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —órgano autónomo eliminado recientemente mediante la reforma constitucional— ha impuesto obstáculos al comercio de productos de telecomunicaciones móviles a través de la Disposición Técnica IFT-012-2019.

Esta norma exige que las pruebas para medir la Tasa de Absorción Específica (SAR), referidas al nivel de radiación de los dispositivos, se realicen exclusivamente en territorio mexicano, lo que limita la competencia y encarece el proceso de certificación.

Washington también advierte que el entorno competitivo en México sigue siendo limitado. A pesar de las reformas anteriores, los nuevos participantes en el mercado deben enfrentarse al proveedor dominante, que conserva cerca del 70% de la cuota de mercado y fue designado como "agente económico preponderante" por el propio IFT.

En materia de biotecnología, el reporte apunta directamente a la Ley de Bioseguridad, a la que califica de restrictiva.

“México rechazó las solicitudes de cultivo de algodón genéticamente modificado en 2019 y 2020. Por lo que no se presentaron solicitudes en 2021, 2022 y 2024”, se expone en el documento. Además, subraya la preocupación por “la amplia disponibilidad de productos pirateados y falsificados” en el país, tanto en mercados físicos como en línea.

Otro elemento de tensión es el cambio de interpretación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ha exigido a compañías de seguros estadunidenses el pago retroactivo del IVA desde 2015. Este tipo de decisiones, además de generar desconfianza jurídica, pone en entredicho la solidez institucional que se prometió fortalecer, sostiene Estados Unidos.

Pero el corazón del conflicto está en la política energética. Desde diciembre de 2018, el entonces gobierno de López Obrador impulsó una agenda para restablecer la supremacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). El gobierno de Sheinbaum ha ratificado y promovido el predominio de ambas empresas públicas en el mercado.

“México ha adoptado diversas medidas para lograr este objetivo (...) En enero de 2025, el (entonces) presidente presentó un paquete de reformas (...) incluyen como principio una garantía de la prevalencia de la CFE (...) y establecen una preferencia por la CFE sobre los particulares en la generación y comercialización de electricidad”, detalla el USTR.

Los puntos que preocupan de la 4T

Estos aspectos que se le adjudican a Morena y que ahora Sheinbaum tiene como pendientes, según el consultor en políticas públicas y comercio internacional, Jorge Molina, no son meros apuntes técnicos, sino que constituyen la base de negociación para lo que vendrá en la revisión del T-MEC.

“Está muy claro en dónde están los puntos de fricción o dónde están los irritantes con Estados Unidos, y en tanto México demuestre la voluntad política para poderlos arreglar y no tratar de mantenerlos como irritantes, va a ser que las cosas caminen más sencillo entre los países, sobre todo por los problemas que ya hay con los aranceles”, comenta en entrevista con Proceso.

No obstante, Molina advierte que la administración mexicana, “al menos en la parte energética, no ha presentado intenciones de modificar, ni en la parte del SAT, Cofepris y aduanas”.

Esto tensiona la posición de Claudia Sheinbaum, quien hereda no sólo un gobierno, sino una narrativa y una agenda que, aunque fue clave para construir la base social de Morena, ahora podría comprometer su capacidad de maniobra internacional.

Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Óscar Ocampo señala que muchas de las barreras son de larga data, aunque reconoce que algunas sí son propias del obradorismo:

“Vamos a llamarle que vienen desde hace muchos años. El caso de la importación de papas, el caso de propiedad intelectual, el caso de las aduanas, todo eso son quejas, vamos a llamarle recurrentes. Sin embargo, enfatiza que “sí sobresale que algunas son específicas de la administración de López Obrador y que sí podrían ser puntos a discutir en el T-MEC.

“Pensemos en el glifosato, en el maíz amarillo, en la energía, en la eliminación del regulador de telecomunicaciones, está la minería”, comenta en entrevista con este medio.

Para Ocampo, Sheinbaum ha dado ciertas señales de cambio, pero aún hay muchas definiciones pendientes. Y señala:

Por la reforma energética, las leyes secundarias de algún modo aterrizan la preocupación que expresa. Pero otras no, otras siguen en el aire, como qué va a suceder con la minería a cielo abierto, qué va a suceder con el litio.

Un elemento que juega a favor de México, según el director de Desarrollo Económico del IMCO, es que no se mencionaron ni el sector automotriz ni el tema laboral, dos asuntos particularmente sensibles para la Casa Blanca.

“Así que es interesante ver cómo la parte técnica, la parte del sector privado, tienen ciertas quejas, mientras que políticamente las quejas van por otro lado”, añade.

La revisión que se viene

BBVA señaló en un análisis reciente que, tras la llamada “liberación” de Trump y el anuncio de nuevos aranceles, podría adelantarse la revisión del T-MEC.

“Esperamos una renegociación profesional que brinde mayores concesiones a Estados Unidos (...) pero que aún podrá dar ventajas a México en temas como regulación, infraestructura, logística y desarrollo de proveedores”, apuntó el área de análisis del banco.

El 2 de abril último Proceso reveló que 58 legisladores estadunidenses enviaron una carta al presidente Biden en la que instan a adelantar la revisión del tratado.

“Instamos a su administración a utilizar el proceso de revisión del T-MEC para llevar a cabo una renegociación”, se lee en el documento fechado el 31 de marzo.

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la revisión del T-MEC representa uno de los principales desafíos de política exterior.

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que “ofrece oportunidades y también riesgos, especialmente en materia de energía, de reforma judicial y de la implementación del resto de las reformas constitucionales”.