CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la expectativa mundial sobre las medidas arancelarias que emitirá el presidente Donald Trump, un grupo de congresistas estadunidenses instó al mandatario adelantar la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) argumentando que las condiciones actuales no los favorecen.

Un documento al que tuvo acceso Proceso, firmado por 58 legisladores, sostiene que el acuerdo comercial promulgado en 2020 “ha fallado a los trabajadores estadunidenses, a los agricultores familiares y a las comunidades de todo el país”.

“En 2020, algunos de nosotros apoyamos el T-MEC, otros se opusieron y algunos no estaban en el Congreso (...) Instamos a su administración a utilizar el proceso de revisión del T-MEC para llevar a cabo una renegociación”, se lee en la carta enviada el 31 de marzo.

Los congresistas argumentan que, desde la entrada en vigor del T-MEC, las corporaciones multinacionales continúan utilizando la deslocalización como un arma contra los trabajadores, amenazando con trasladar sus operaciones fuera de Estados Unidos. 

También advirtieron que el déficit comercial de su país con México y Canadá aumentó significativamente y que el incremento de importaciones bajo el T-MEC ha perjudicado a los trabajadores, agricultores y empresas en sectores clave como el automotriz, siderúrgico y aeroespacial.

En su carta, los legisladores aseguran que, bajo las normas actuales del tratado, es probable que estos efectos negativos se profundicen y que, incluso, la presencia de China en la región aumente a través de México. 

“Desde la implementación del tratado las empresas chinas han incrementado su inversión en manufactura en México para eludir las sanciones comerciales de Estados Unidos contra importaciones chinas desleales, como los vehículos eléctricos, y para aprovechar el acceso libre de aranceles al mercado estadunidense bajo el T-MEC”, sostienen.

Propuestas

Los congresistas proponen que una versión actualizada del T-MEC fortalezca el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM), el cual ha mostrado resultados mixtos en la aplicación de las normas laborales del tratado. Por ejemplo, consideran que, hasta ahora, el acuerdo no ha generado mejoras económicas generales para los trabajadores mexicanos, ni ha garantizado la representación de sindicatos independientes o los aumentos salariales necesarios para eliminar los incentivos de deslocalización de empleos estadunidenses.

También señalan que las disposiciones del T-MEC diseñadas para disuadir la deslocalización y fomentar la relocalización de la producción deben ser reformuladas.

Para ello, plantean mejorar el requisito de “Contenido de Valor Laboral” en la industria automotriz, condicionar los beneficios del tratado a que los trabajadores reciban un salario justo y reforzar la transparencia para rastrear los ingresos. También proponen establecer un “salario mínimo en toda América del Norte” para los trabajadores de manufactura en sectores clave y crear un Mecanismo de Respuesta Rápida ambiental específico por instalación, que permita hacer cumplir las obligaciones de reducción de emisiones y garantizar la transparencia en los datos de contaminación.

Además de estas reformas, los legisladores sugieren que se realicen ajustes en las tasas arancelarias para bienes manufacturados clave, en coordinación con México y Canadá, con el objetivo de “asegurar herramientas de aplicación suficientes”.

En el ámbito de la contratación pública, los congresistas consideran que la revisión del T-MEC debe incluir una renegociación para eliminar la prohibición de la política “Buy American”, que obliga al gobierno de Estados Unidos a tratar los productos mexicanos y canadienses como si fueran estadunidenses en adquisiciones federales. 

“El mercado de contratación pública federal de Estados Unidos es muchas veces mayor que el de México y Canadá combinados, con más de 750 mil millones de dólares en adquisiciones anuales; por lo tanto, la prohibición de ‘Buy American’ elimina una fuente clave de inversión en la manufactura nacional. Este cambio requerirá que los tres socios del T-MEC ajusten sus compromisos de adquisiciones en la Organización Mundial del Comercio, un compromiso que instamos a su administración a obtener en el proceso de revisión del tratado”, sostienen.

Otro de los puntos de preocupación expuestos en la carta es el impacto del T-MEC en la formulación de políticas nacionales en temas como la privacidad de datos y el precio de los medicamentos.

Sostienen que las disposiciones sobre comercio digital, que no estaban incluidas en acuerdos comerciales previos de Estados Unidos, podrían ser utilizadas para impugnar políticas federales y estatales destinadas a proteger la privacidad de los ciudadanos y limitar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas. 

Además proponen eliminar las reglas sobre flujos y almacenamiento de datos y código fuente para evitar que se socaven regulaciones existentes o en proceso de formulación, además de modificar disposiciones de “no discriminación” que podrían impedir la aplicación de políticas antimonopolio.

También insisten en que el tratado debe eliminar las disposiciones que favorecen a los monopolios farmacéuticos en detrimento del acceso a medicamentos asequibles, incluyendo las disposiciones de “ADPIC-plus” que, afirman, benefician a las grandes farmacéuticas en perjuicio de los consumidores.

 “Un T-MEC renegociado debe incluir disposiciones que afirmen el derecho de los gobiernos a utilizar licencias obligatorias para atender necesidades de salud pública y a negociar precios más bajos para los medicamentos recetados”, enfatizan.

Por otro lado, consideran fundamental eliminar por completo las disposiciones restantes de Solución de Controversias Inversionista-Estado dentro del T-MEC, argumentando que estos mecanismos permiten a inversionistas extranjeros impugnar regulaciones y fallos judiciales nacionales.

También proponen que el tratado sea rediseñado para garantizar condiciones justas para los agricultores familiares y las comunidades rurales, asegurando que las grandes corporaciones agroindustriales no continúen obteniendo enormes ganancias a expensas de los productores más pequeños.

Argumentan que los procesadores de alimentos, empacadores de carne y comerciantes de granos de América del Norte han impuesto precios récord a los consumidores, mientras que los agricultores reciben pagos por debajo del costo de producción. 

Para revertir esta situación, sugieren que el T-MEC sea renegociado con el fin de establecer precios justos y estables para los productores y exigir normas obligatorias de etiquetado de país de origen para productos como carne de res, cerdo, lácteos, huevo y mariscos permitiendo a los consumidores conocer la procedencia de sus alimentos.