CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre los principales riesgos para México en 2026 se encuentra la posibilidad de que el T-MEC deje de ser un mecanismo de certidumbre comercial y se transforme en una renegociación en la que el país pierda buena parte de sus beneficios; que se prolongue la debilidad de la inversión privada; y que la falta de experiencia, sumada al afán político del nuevo Poder Judicial, termine afectando a empresas específicas. 
 
Derivado del arranque de este año, la consultora Integralia realizó un análisis sobre los 10 principales riesgos que enfrentará el país en 2026. Además de identificarlos, los clasificó mediante un esquema de semáforo para estimar la probabilidad de que cada uno de ellos se materialice. 
 
Entre los riesgos que la consultoría considera más probables en materia económica destaca que la revisión del T-MEC derive en una renegociación de fondo, en la que “México se ve obligado a realizar concesiones en temas de seguridad, barreras no arancelarias, contenido regional y contención a China (en inversión y comercio)”.  
 
Este escenario, sostiene Integralia, implicaría un cambio sustancial en las reglas del juego bajo las cuales han operado las exportaciones y las cadenas de valor en América del Norte. 
 
De concretarse, la consultora prevé que esta dinámica genere mayor incertidumbre para los inversionistas, así como desafíos logísticos y un incremento en los costos de operación para las empresas mexicanas, particularmente aquellas integradas a procesos productivos regionales y altamente dependientes del comercio exterior. 
 
Otro riesgo identificado por Integralia es que se prolongue la debilidad de la inversión, como resultado de la incertidumbre asociada a la implementación de reformas previamente aprobadas, entre ellas la judicial, la desaparición o transformación de órganos autónomos, los cambios a la Ley de Amparo, así como modificaciones en sectores estratégicos como aduanas y aguas. 
 
A ello se suman, según el análisis, “las señales contradictorias del gobierno, particularmente en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura”; ámbitos en los que las decisiones regulatorias y de política pública han generado dudas entre inversionistas  nacionales y extranjeros sobre la estabilidad de las reglas y el respeto a los contratos. 
 
Integralia señala un tercer riesgo con alta probabilidad de materializarse, “la politización y la falta de experiencia” del nuevo Poder Judicial.  
 
De acuerdo con la consultoría, durante su primer año de operación podrían presentarse fallas procedimentales, retrasos en los tribunales y sentencias con escaso sustento jurídico. 
 
Este escenario, tendría efectos directos al “afectar a empresas específicas y al clima de negocios en general”, en un momento en el que la economía mexicana ya enfrenta un entorno de crecimiento débil.