Proceso presentó en junio de 2023 un reportaje sobre la crisis de fentanilo que azota al país, hoy, a propósito de la presentación de la campaña antidrogas del gobierno de Claudia Sheinbaum, compartimos con nuestros lectores el texto completo publicado en la edición 2434, para su análisis y discusión. 

Al menos desde 2017 el fentanilo desembarcó en el puerto de Ensenada y su consumo se extendió por las calles sin ser detectado por las autoridades sanitarias. Los datos de sobredosis se escondían entre los efectos de los opioides en general hasta que estalló la crisis internacional por el trasiego de esa droga a Estados Unidos. Ahora esa falta de información dificulta las labores preventivas que realizan organizaciones civiles y humanitarias en la entidad, donde ya es un problema de salud pública.

ENSENADA, B.C. (Proceso).- Mario (pidió ser llamado así, “sólo Mario”) sostiene con su curtida mano derecha una jeringa que contiene lo que cree que es fentanilo. Lo asegura mientras platica recargado en la malla ciclónica que rodea El Corralito, un parque rotario en el puerto de Ensenada.

“Sí, es éste. Esta madre es fentanilo, el hielo (ice), está todo mezclado”, afirma el hombre de 59 años, originario de Colima y también usuario de heroína desde hace casi tres décadas.

Mario se enganchó con la heroína cuando trabajaba en una compañía guardando pescado en un cuarto de refrigeración. Le extrañaba ver a compañeros que sólo usaban una camisa, hasta que descubrió que se inyectaban en los sanitarios para soportar la jornada a tan baja temperatura.

Le ofrecieron la droga y primero la rechazó, aunque terminó por ceder. Sufrió llagas y buscó ayuda médica, pero continuó con el consumo. Llegó a gastarse hasta 800 pesos en dosis. Ahora nada más le invierte de 50 a 100 pesos, al tiempo que sobrevive con trabajos eventuales, como lavar automóviles. Ha llegado a dormir bajo los puentes.

“Es una esclavitud esto, ni te imaginas”, responde sobre lo que podría advertirle a un joven desde su experiencia. Al lado de Mario se sienta otro hombre. Es más reservado, aunque se anima a señalar la vena en su brazo tatuado que ocasionalmente es traspasada por la aguja. No brinda más detalles.

Casos como el de Mario reflejan que esta droga sintética está en circulación desde hace tiempo en esta ciudad porteña, a 110 kilómetros de la frontera sur de California, Estados Unidos, donde en 2021 se registraron casi siete mil muertes por sobredosis relacionadas con opioides.

De ellas, más de cinco mil 700 estaban asociadas al fentanilo, y en ese mismo año, en el vecino país contaron más de 100 mil muertes por sobredosis.

La prensa estadunidense reflejó los alarmantes datos de salud: dos de cada tres muertes tuvieron como origen esta droga, misma que ahora es decomisada con mayor frecuencia en Baja California.

Rogelio Castro Segovia, director y fundador de la asociación civil Por Amor a las Calles, estima que hay alrededor de mil 800 personas sin techo en el puerto de Ensenada, municipio que en el censo de 2020 registró poco más de 330 mil habitantes.

En esta población, que suele refugiarse debajo de los nueve puentes que cruzan el arroyo local, se ha detectado el consumo de drogas inyectables, además de alcoholismo o problemas mentales.

“Poco a poco va acrecentándose la problemática. Que la presencia del fentanilo ya está en Ensenada, es indudable y lo podemos ver en las personas en situación de calle, en jóvenes”, lamenta.

Para Francisco López Corellia, del módulo de información y traslados del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (Creead) Zona Uno, AC, de Ensenada, la situación está prácticamente fuera de control:

“Se volaron la barda: todos los días lo vemos llegar”, refiere, e indica que los usuarios consumen el fentanilo fumado, inyectado, inhalado, de la forma en que la encuentren, además de que ha tenido conocimiento que la dosis puede costar 50 pesos en las calles.

“Es una locura: como polvo, piedrita... Algunas se deshacen en agua, otras las rompen para inhalarla. No se sabe ni lo que están agarrando. Cuando empiezan a consumir les dan gato por liebre. Las fórmulas son muy asquerosas”.

Mezclas mortales

Víctor Clark Alfaro, profesor en la Universidad Estatal de San Diego y director del Centro Binacional de Derechos Humanos, en Tijuana, refiere que desde 2017 comenzaron a detectar la demanda de la droga entre algunos deportados que estaban en condición de indigencia.

Los cárteles introdujeron el fentanilo mezclado con heroína, cocaína o mariguana con el propósito de crear una clientela adicta, como si fuera un “proceso de educación para provocar resistencias” en esta población, detalla el también antropólogo social.

La sustancia puede venderse en las calles en pastillas, a 25 pesos cada una, o en presentación de papel secante con menos de un miligramo.

Es barato como lo fue el cristal (metanfetamina), prosigue el profesor, pues a pesar de la inflación sigue costando lo mismo que hace 10 años: 50 pesos. Esto, en los llamados globitos, mientras que la dosis inyectable de heroína va de los 25 a 30 pesos.

Los globitos son pintados de distintos colores como una forma de mercadotecnia, para representar la división de la ciudad entre los grupos delictivos, al grado que un vendedor podría meterse en problemas en caso de ofrecer el producto fuera de su zona.

“La heroína la mezclan con el fentanilo, pero los adictos no saben. Expresan que es más potente. Una vez que pasó este proceso de crear resistencias, sin saber qué consumían, ahora ya lo demandan sin mezcla alguna. Es cuando se introduce al mercado local”, indica Clark Alfaro.

Agrega que, si estos grupos no lo hubieran hecho en forma gradual, hubieran matado a su clientela potencial. “Las dosis son muy específicas: dos miligramos o se mueren”, puntualiza.

Sobre la cantidad de usuarios que puede haber en Tijuana, el analista dice que es difícil dar una proyección, pues las autoridades no proporcionan algún dato, de ahí que las cifras más fehacientes sean las otorgadas por los centros de rehabilitación.

Saíd Slim Pasarán, cofundador de Verter, AC, que cuenta con la primera sala de consumo en México y América Latina para que los usuarios de heroína y cristal ingieran sin correr riesgos, coincide en que resulta complicado hablar de una cifra de usuarios, pues no existe un mapeo y el gobierno tiene “sesgado” el tema.

“No quiere abordarlo, está invisibilizado y las asociaciones civiles hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, expresa.

Los datos para Tijuana y Ciudad Juárez datan de 2005 y 2007, por parte del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el cual estableció que entre 10 mil y 15 mil personas se inyectaban droga en el bordo de Tijuana.

“Es una cifra aproximada en ese año. Yo creo que sí es real, pero han muerto muchísimas personas. Probablemente haya la mitad de esa cifra en Tijuana, y en Mexicali siempre ha habido una tercera parte de lo que ha habido en Tijuana”, explica Slim Pasarán.

También se mostró extrañado que, en pleno 2023, no exista una declaratoria de alerta sanitaria en el país, a pesar de que Estados Unidos arroja registros históricos de muertes por sobredosis asociadas al consumo de opioides, pues ya rebasan 100 mil por año.

“No hay números de cuántas muertes por sobredosis hay, no hay números de cuántas personas consumen fentanilo. Al contrario: han invisibilizado el problema. Es un problema epidemiológico de hace muchos años y no hay una señal de alerta sanitaria. No hay nada, no hay acciones en concreto, solamente lo que hacemos en la sociedad civil”, remarca.

Lilia Isabel Pacheco, coordinadora general del Centro Comunitario de Reducción del Daño, Prevencasa, fundado en 2007 en Tijuana, comparte que ante la escasez de goma (heroína negra), los usuarios optaron por la China White (combinación de fentanilo chino con heroína mexicana) para evitar el síndrome de abstinencia, pero sin saber que contenía el opioide sintético.

Aclara que en su organización no coinciden en que las personas fueron usadas “como conejillos de indias para probarla”, sino que se va ajustando la dosis: “Nosotros lo notamos porque en un día podemos atender seis sobredosis, pero al siguiente es una o ninguna. Esto significa que a lo mejor las personas ni siquiera saben exactamente qué tanto traen de fentanilo. Lo venden y empiezan a presentarse sobredosis”, detalla.

Sobre el panorama en la entidad, explica que el consumo inició con la población que ya usaba heroína inyectable: personas entre los 30 y 40 años, principalmente (85% hombres y el resto mujeres), con historiales de deportación, al provenir de otros estados de la república, y los originarios de Baja California.

También se trataba de ciudadanos estadunidenses residentes de este lado de la frontera, incluso en situación de calle, con tal de tener acceso al consumo de sustancias, debido a la crisis de opioides y una menor prescripción de fármacos en Estados Unidos.

“Realmente no ha sido un crecimiento de personas que están inyectándose droga. Al contrario: ha ido decreciendo por el número de muertes de sobredosis o el número de muertes por violencia. Lo que sí ha crecido es el número de personas que utilizan el fentanilo por otras vías: inhalada, fumada o por vía oral (pastillas)”, abunda.

Pacheco puntualiza que el problema es que las autoridades sanitarias no realizan exámenes toxicológicos para saber por qué se presenta una sobredosis de opioides, pero estos casos llegan y también son registrados por la Cruz Roja Mexicana, pues cuando revierten la situación la persona reporta el consumo.

En el caso de Prevencasa, utilizan tiras reactivas, con un costo de 60 a 100 pesos, que dan resultados en segundos.

—De 10 que hagan, ¿cuántos les dan positivo?

—Nueve.

La coordinadora general aclara que las tiras detectan presencia o ausencia, pero no la concentración, pues para esto se necesita otro tipo de aparatos, además de subrayar la falta de información por parte de las autoridades sanitarias.

“No hacen pruebas. Nos van a decir ‘no hay sobredosis de fentanilo’ porque no hacen la prueba, no lo van a saber. Si se presentan casos de sobredosis por algún opioide, pues entonces lo lógico es que sea un opioide ilegal, ya sea heroína o fentanilo. ¿Y qué es lo que más se ha decomisado? Fentanilo, ahí está la respuesta”, remarca Lilia Isabel Pacheco.

Para el médico Raúl Rafael Palacios Lazos, director de la Unidad Tijuana Soler, de los Centros de Integración Juvenil, AC, es mejor que los usuarios se mantengan alerta ante las sustancias que ingieren.

“Vigilar si lo que están consumiendo es la droga de elección que andan buscando –recomienda– o definitivamente tienen que pensar que puede estar adulterada con fentanilo. Esto lo puede llevar a un efecto que no esperaba y ahí es donde tiene que tener cuidado”.

Esto, dice, porque son cada vez más frecuentes los testimonios de personas que refieren haber probado la droga, que contrastan con el escenario de hace unos tres años.

Palacios Lazos coincide en que los usuarios no sabían lo que compraban “y se desmayaron, perdieron el conocimiento; los recogió una ambulancia o los llevaron sus papás a urgencias; les dijeron que los signos y síntomas que presentaban eran por fentanilo”.

Por último, desde su punto de vista, considera que debe hacerse una campaña entre la población de usuarios de drogas inyectables, acerca “de que tengan cuidado con lo que están comprando. Va a ser muy difícil porque la persona lo que quiere conseguir es algo para no sentir las molestias por dejar la droga. Lo que le vendan lo va a comprar. Esa es la realidad, pero al menos que esté consciente de hay un riesgo”.

“Invisible” para el Sector Salud

Kilo a kilo, pastilla a pastilla, el fentanilo ha terminado por distribuirse en las ciudades de Baja California, al grado que en dos años y medio suman más de dos toneladas de droga decomisada por las autoridades estatales y federales.

Lo anterior, de acuerdo con un conteo elaborado por Proceso mediante solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la revisión de boletines oficiales, ya que no hay una estimación oficial general de los decomisos para dimensionar el problema en la entidad.

El pasado 5 de abril Gady Zabicky Sirto, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), alertó en una conferencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que Baja California es el único lugar en México donde el fentanilo “tiene un asomo de problema de salud pública” y que en “México sí hay un trasiego importante de esta droga hacia los Estados Unidos”.

El conteo para este reportaje fue realizado con los datos entregados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SscBC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) para 2021, 2022 y lo que va de 2023.

La suma fue de dos mil 79.789 kilogramos y 186 mil 941 pastillas o comprimidos, además de precursores químicos, laboratorios desmantelados o domicilios cateados.

Solamente la SscBC compartió una estimación del costo de esa droga en la calle: “Las equivalencias de venta varían desde uno a 30 dólares por pastilla de fentanilo, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República”.

De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, allá una tableta puede costar 50 dólares, un gramo hasta 200 dólares, y un kilo puede ir de 20 mil hasta 30 mil dólares, aunque las cifras suelen variar dependiendo de la fuente consultada.

En cuanto a personas detenidas, sólo la SscBC reportó que “se han asegurado un total de 64 personas relacionadas con estos aseguramientos (sic), de acuerdo con los datos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana”.

La Sedena indicó que del 1 de enero de 2021 al 4 de junio de 2023 “el personal militar durante el citado periodo, en el Estado de Baja California, ha detenido y puesto (a) disposición de las autoridades correspondientes a dos mil 184 personas”, aunque no especificó si estuvieron relacionadas directamente con el trasiego de fentanilo.

Asimismo se consultaron seis boletines en la página oficial de la FGR, del 8 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2023. Ahí solamente se señala a dos personas detenidas al momento de los decomisos.

Aunque el fentanilo abunda en las calles de la entidad, en la estadística oficial del Sector Salud sigue prácticamente “invisible”, pues no existe un solo caso de sobredosis u intoxicación registrado como tal ante la Secretaría de Salud de Baja California y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Proceso también solicitó, vía la PNT, si existía algún registro en torno a 2020, 2021, 2022 y lo que va de 2023 en los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Quintín, Tecate, San Felipe y Playas de Rosarito.

Salud BC, mediante el oficio del 3 de mayo SGS-DAM-001314-2023, fue redundante en sus respuestas: “No se cuenta con registros de caso de sobredosis u intoxicación por droga fentanilo”, “No se cuenta con registro de casos en este periodo” y “Sin registro de casos en este periodo de tiempo”.

En tanto que el IMSS, en un documento fechado el 24 de mayo, indicó: “Se tiene registro de 0 (cero) casos”, de acuerdo con el oficio número 029001-2F0100/CGM414/2023, de la Coordinación de Gestión Médica de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del OOAD Baja California.

Para José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de la entidad, lo anterior se debe a dos causas: los casos no se registraban específicamente antes de la crisis internacional y las tiras reactivas para detectarlos fueron compradas recientemente.

Medina recuerda que la Secretaría de Salud federal solamente contaba con la opción de indicar si la persona se había intoxicado por algún opioide. “El fentanilo no existía –comenta–, no estaba en el ojo del huracán como estamos ahora, por eso le ponían ‘intoxicación por opioide’ de manera genérica”.

El funcionario agrega que la dependencia local también adquirió el medicamento para revertir el consumo (naloxona) por un monto de poco más de ocho millones de pesos de recursos estatales, pues la problemática no estaba contemplada en el presupuesto federal.

“Llevamos dos meses con esto, por eso no se ha generado una estadística formal. En su momento, estamos preparados para poder dar esos números que, insisto, ahorita no existen por esa razón, pero van a estar a corto plazo”, asegura Medina Amarillas.

Reportaje publicado el 25 de junio en la edición 2434 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.