Un año después de concluir su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ufanarse de que su Plan C es ya, en sus puntos medulares, letra constitucional.

Y esto lo hizo sin necesidad de convocar a un proceso constituyente, como lo han hecho otros mandatarios latinoamericanos decididos a cambiar el régimen político de sus países. Y lo hizo, también, sin necesidad de extender su mandato.

Sólo le bastó dejar escrito el guion de su proyecto transexenal, el Plan C, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Legislativo –donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, lo que les permite modificar la Constitución– han seguido al pie de la letra desdeñando a la oposición política, a la academia y a la sociedad civil.

López Obrador mostró el camino en septiembre de 2024, su último mes de gobierno, cuando en 15 días, ya con un nueva Legislatura en funciones, sacó adelante la reforma judicial que le habría de dar a Morena el control del Poder Judicial en las elecciones de junio de este año, las cuales estuvieron marcadas por los famosos “acordeones” para “orientar” a los votantes.

Antes de entregar el poder presidencial a Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el líder moral de Morena también dejó lista la reforma constitucional que integró formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que selló la militarización de la seguridad pública.

Lo que siguió después, ya en el gobierno de Sheinbaum, ha sido la implementación expedita de los puntos de gran calado del Plan C, como la extinción de los organismos autónomos, la redefinición del control estatal en empresas estratégicas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

También, la aprobación de las leyes secundarias de las reformas judicial y de la Guardia Nacional.

Desde su finca en Palenque, López Obrador ha visto cómo sus principales postulados políticos ya adquirieron rango constitucional.

El profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, Nicolás Figueroa García-Herreros, afirma que lo ocurrido en México en el último año a nivel legislativo “tiene todas las características de un proceso constituyente” diseñado para lograr “un cambio de régimen basado en la hegemonía de un partido”.

Y señala que, a diferencia de procesos constituyentes que ampliaron la democracia, el pluralismo y los derechos ciudadanos, como la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, lo que está en marcha en México es un proceso de reformas constitucionales profundas que han llevado a la concentración del poder y a la imposición de nuevas reglas para posibilitar la continuidad del proyecto político lopezobradorista.

En ese sentido, afirma el abogado, doctor en sociología y autor de varios estudios sobre procesos constituyentes en América Latina, el caso mexicano se parece más a la Constituyente de Hugo Chávez en 1999, que marcó el inicio de la militarización y de la captura de todos los poderes del Estado por parte del chavismo en Venezuela, que a la Constituyente colombiana de 1991.

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.