El filósofo y sociólogo Armando Bartra, un intelectual de izquierda que ha estudiado los procesos políticos de la historia reciente de América Latina, está convencido de que el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador es equivalente a las asambleas constituyentes que permitieron cambios de régimen en varios países de la región en los últimos 30 años.

En entrevista con Proceso, Bartra sostiene que el paquete de reformas estructurales consideradas en el Plan C del mandatario, el cual cuenta con el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, producirá, en los hechos, una “nueva Constitución” que plasmará el proyecto político, económico y social de la Cuarta Transformación (4T).

Esta nueva Constitución mexicana, que es posible aprobar modificando varios artículos del texto actual con la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y la que puede lograr en el Senado, tendría que rescatar el progresismo de la Constitución de 1917 y, “por otro lado, ponerlo al día con los retos nuevo milenio”, señala el académico.

Para el autor de 30 libros, entre ellos Los nuevos herederos de Zapata y El fin del principio: hacia la segunda etapa de la 4T, lo que se verá en las próximas semanas en México es un proceso equivalente al de las asambleas constituyentes que en su momento impulsaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007).

Ellos, dice Bartra, lograron plasmar sus reformas progresistas en esas nuevas constituciones surgidas de dinámicas constituyentes, mientras que en México el proyecto de la 4T quedaría incorporado a la Carta Magna con la aprobación, por parte del Congreso, de las 18 iniciativas de López Obrador conocidas como Plan C, más cuatro que ha planteado Sheinbaum.

Si estas reformas pasan en las cámaras de Diputados y el Senado, donde se discutirán a partir de septiembre próximo, cuando la nueva Legislatura tome posesión, esto sería “de hecho, no de derecho, una nueva Constitución” de carácter progresista, sin necesidad de pasar por una Asamblea Constituyente, asegura el profesor e investigador.

Las reformas centrales del Plan C son la del Poder Judicial, donde los jueces y magistrados serían electos por votación popular; la política, que contempla la eventual desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales; la administrativa, que pone en la mira a los organismos autónomos; la que busca elevar a rango constitucional programas sociales como el de pensiones; la de salud universal y la del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Además, Sheinbaum ha dicho que impulsará en el Congreso, donde contará con las mayorías, la entrega de apoyos a mujeres de entre 60 y 64 años, la ampliación de becas para educación básica, la eliminación de la reelección y cambios a la ley del ISSSTE. 

Bartra sostiene que estas reformas son las que producirán una nueva Constitución, tal como ha ocurrido en las grandes transformaciones que ha tenido México en su historia: la Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución, cada una de las cuales se plasmó, en su momento, en cartas magnas que reflejaron los postulados de esos procesos.

La derrota del bloque conservador

El intelectual, siempre vinculado a movimientos sociales, señala que en 2018, tras el triunfo electoral de López Obrador, comentó con el entonces presidente electo sobre la necesidad, o no, de comenzar su gobierno con un paquete de reformas constitucionales, dado que Morena había logrado mayoría calificada en el Congreso.    

El planteamiento de López Obrador, recuerda, fue que, efectivamente, la Constitución mexicana había sido gravemente alterada en sus postulados nacionalistas, progresistas y populares para favorecer intereses privados, pero que, aun así, se podía trabajar con esa Carta Magna y, sobre la marcha, ir introduciendo reformas.

Pero los tres primeros años de gobierno se priorizó la agenda social, luego vino la pandemia del covid-19 y, en 2021, Morena perdió la mayoría calificada en el Congreso. 

“Ahí –sostiene– las reformas constitucionales, en general, ya no pasaban, porque había una derecha decidida a no dejarlas pasar, a bloquearlas. Ahora, con la derrota del bloque conservador (en los comicios del 2 de junio y la conformación de una mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y probablemente en el Senado) no van a poder bloquearlas”.

Para Bartra, “no es deseable para la democracia” tener mayorías calificadas y “aplanadoras legislativas”, pero es la única forma de sacar adelante la agenda de reformas progresistas de López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo cual “es absolutamente legítimo”, porque el contundente triunfo electoral de Morena fue una decisión democrática de los electores.  

Y con esto, señala el académico, ya hay que dejar de hablar, como muchos lo hacían, de “la llamada Cuarta Transformación” o de “la 4T” entre comillas, y hay que hablar “de una gran transformación y de un cambio de época” en el que habrá grandes reformas que son “necesarias” para México, como la del INE y la del Poder Judicial, contempladas en el Plan C.  

“Creo que es claro que ya estamos en una nueva época y en un cambio de régimen, y una de las definiciones de esta nueva realidad política van a ser los cambios constitucionales”, afirma el filósofo, sociólogo y antropólogo social, quien ha impartido clases en la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco).

Bartra coincide con quienes piensan que, en esta nueva época, en México se instaló una nueva hegemonía, “pero no es la hegemonía de un partido (Morena, en este caso) sino que es la hegemonía de un proyecto político, social y cultural, de izquierda, progresista y posneoliberal”.

Postulados de López Obrador, como “por el bien de todos, primero los pobres”, están siendo asumidos en la mayoría de la sociedad mexicana “como sentido común, en el concepto gramsciano, porque, según (el teórico marxista italiano Antonio) Gramsci, si tú logras hacer que tus valores, objetivos y principios se vuelvan sentido común, eres hegemónico, y yo creo que la Cuarta Transformación se ha vuelto hegemónica”, señala Bartra.

Y sostiene que, en su momento, los partidos surgidos de la Revolución Mexicana, especialmente el PRI, representaron también un proyecto hegemónico porque lograron hacer suyo el pensamiento de la Revolución Mexicana y del cardenismo, hasta “la derrota moral” de la masacre estudiantil de 1968, cuando comenzó su declive.

Luces y déficits 

El profesor Armando Bartra participa de manera activa en Morena y en el Instituto Nacional de Formación Política del partido fundado por López Obrador, a quien le reconoce el haber logrado avances en la redistribución del ingreso en sus seis años de gobierno mediante el aumento del salario real de los trabajadores, que se duplicó en el periodo, y de los subsidios sociales. 

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2022 la pobreza se redujo en 5.6 puntos porcentuales y 5.1 millones de mexicanos salieron de esa condición. En contraste, la pobreza extrema aumentó en una décima de punto (pasó de 7% a 7.1%), lo que equivale a 400 mil mexicanos.  

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, mejoró en ese periodo al pasar de 0.484 en 2018 a 0.458 en 2022, lo que indica que México avanzó en la distribución del ingreso y que los pobres reciben una mayor porción del producto nacional y los ricos una menor.    

“La redistribución del ingreso es muy buena porque reduce un poquito la pobreza y reduce un poquito la riqueza extrema”, dice Bartra, quien considera que López Obrador se convirtió en “el mayor activo” de la izquierda mexicana y que el presidente logró algo “excepcional”: que le vaya muy bien al final del periodo, con niveles de popularidad superiores a 60 por ciento.

Señala que “esto es una herencia muy importante” para Claudia Sheinbaum, aunque “el segundo piso” de la 4T que ella ha prometido construir “tiene que ser diferente” y atender los “déficits” que ha tenido el gobierno de López Obrador.

A diferencia de los apologistas acríticos de la 4T, el académico e investigador social habla con claridad de los “déficits” lopezobradoristas.    

Plantea, por ejemplo, que el combate a la violencia que sufren las mujeres tiene que ser “más decisivo” en la presidencia de Sheinbaum; que los niños y adolescentes deben ser atendidos “con la misma intensidad” que los ancianos, lo que no ocurrió en este gobierno, y que falta una política de cuidados con enfoque de género.

Sin una política de cuidados, que no ha habido, ni en México ni en muchos lugares del mundo –señala–, las mujeres no van a salir de la prisión doméstica. Ellas asumen cuidados de niños y ancianos, de salud, educación, alimentación y vivienda que el Estado debe asumir y que no está asumiendo. La política de cuidados es un déficit de este gobierno.

Señala que otro “tema mal atendido” en este gobierno es el de los jornaleros agrícolas, que son los más pobres del campo y carecen de tierra. Son tres millones de familias para las que no hay programas sociales, asegura.   

Y dice que, aunque en este sexenio se atendió la pobreza de los pequeños propietarios rurales, no hubo políticas equivalentes para enfrentar la pobreza urbana, que en términos absolutos es la mayor del país. De hecho, la pobreza extrema nacional aumentó levemente en estos años.  

“No estoy señalando ausencias absolutas –indica–, ni quiere decir que como López Obrador no le dio el énfasis que debió haberle dado a algunos temas, pues entonces la izquierda los perdió. No. Esos temas están ahí y yo creo que los está retomando Claudia Sheinbaum”.

Bartra destaca que en México, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, los movimientos sociales no han perdido vigor por la llegada de la izquierda al poder, sino todo lo contrario.

Hay grupos feministas y ambientalistas, en particular, que han sido críticos con López Obrador y que lo han acusado de ser un presidente conservador en esos temas.  

Bartra considera que López Obrador es un político de izquierda, progresista, pero con rasgos conservadores en algunos temas, como el de género y el medioambiental, aunque en este último se producen “discursos fundamentalistas”, en los que él, como defensor de la naturaleza, también ha incurrido. 

Por fortuna, afirma, hay un movimiento feminista “muy poderoso que está exigiendo a los gobiernos que se dicen de izquierda una toma de decisiones más fuerte, lo que me parece una excelente noticia”.

También hay “un movimiento ambientalista fuerte y hoy no podemos pensar en un posneoliberalismo de izquierda que no sea conscientemente, premeditadamente, ambientalista”.

Por lo tanto, afirma el profesor Bartra, “estoy muy, muy, muy contento de que existan estos movimientos, que exista el reclamo”.

“No hay tal militarización”

Para el sociólogo y filósofo, hay que usar las palabras “con rigor” y, en ese sentido, cree que la afirmación de que el gobierno de López Obrador ha militarizado al país y a diversas áreas de la administración pública es muy poco rigurosa.   

Y pone como ejemplo el Tren Maya, cuya construcción y operación fue encomendada por López Obrador a la Sedena, pero como “no es una obra de diseño militar” no puede considerarse un proyecto militarista.  

“Lo que tenemos –dice el intelectual de izquierda– es que la Sedena, que es una Secretaría, está absorbiendo una serie de actividades productivas y de servicios que tienen que ver con aeropuertos, construcción del Tren Maya y de refinerías y manejo de líneas de aviación”. Esto obedece a “decisiones administrativas” que no tienen una lógica militar. 

Por tanto, de acuerdo con Bartra, en el gobierno de López Obrador “no hay tal militarización”. 

Militarismo es lo que hizo Felipe Calderón como presidente (2006-2012) al declararle la guerra al narcotráfico y mandar al Ejército a echar bala sin que eso haya tenido efecto alguno en la erradicación del fenómeno, asegura.

Es, también, lo que hacen los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, quien declaró “objetivos militares” a los integrantes de las bandas criminales, y de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo modelo de seguridad provoca la violación masiva de derechos humanos por parte de policías y soldados.

Bartra sostiene que nada de eso hay en México. Tampoco observa que exista un proceso de militarización si se entiende éste como una estrategia gubernamental que genere decisiones políticas de enfoque militar. 

Para centros de estudios y ONG como el Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, la militarización es una realidad en el país que se ha intensificado en años recientes con la transferencia de funciones y presupuestos, originalmente pensados para instituciones civiles, a las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con Bartra, la lógica de López Obrador al trasladar funciones civiles a militares es que, de esa manera, los proyectos se podrían desarrollar con más rapidez y más eficacia, “sobre la base de que tenemos un aparato de Estado reumático, corrupto y no funcional, así como una relación perversa con los empresarios”.

Entregar al Ejército los proyectos emblemáticos del sexenio fue, en ese sentido, “una decisión administrativa que puede ser discutible, que puede ser buena o mala, pero yo creo que es buena”, asegura.

La pregunta, dice, es si esto ha convertido al Ejército en un factor decisivo en la política mexicana. “Yo creo que no”, señala.

–¿Pero puede suceder esto? –se le pregunta.

–Claro que puede suceder. Ha sucedido en muchos países. América Latina es muy buen ejemplo. ¿Qué hacen los ejércitos? Reprimen, pero el Ejército mexicano no. ¿Qué hacen los ejércitos? Pesan políticamente y dan golpes de Estado, pero en el caso de México no tenemos esta historia.

–¿Y qué opina de la militarización de los organismos de seguridad pública? La Guardia Nacional es una policía militarizada. 

–Bueno, la Guardia Nacional es una agencia de seguridad pública y tiene una disciplina militar, pero no es un organismo militar en sí mismo.

Además, señala, López Obrador ha planteado el combate al narcotráfico no como un asunto militar, sino como un tema social que requiere políticas preventivas para reducir la capacidad del crimen organizado de reclutar jóvenes.

Y ya no es sólo el narco, son los secuestros, la extorsión, el tráfico de migrantes, la prostitución, el microtráfico, el derecho de piso. 

“Es el infierno –dice–, y hay que darle a la gente la mínima seguridad. Ése es el combate esencial al narco, darle a la gente mínima seguridad. ¿Vamos a acabar con los cárteles? Por favor. Es un problema de salud pública y de un comercio de alta rentabilidad. El sistema capitalista favorece la presencia del narco”.

Y antes, lo que había era un Ejército “que daba golpes espectaculares, a veces salían bien, a veces salían mal, localizaban a un narco, aventaban helicópteros, tanques, hacían una incursión, si podían, lo mataban, lo desnudabas, le ponías dólares en los calzones, le tomabas fotografías y decían ‘ya le dimos un fuerte golpe al narco’. El Ejército se retiraba y el narco regresaba. Eso no funciona. Eso era militarismo”.

Cuando se le plantea a Bartra el tema de las denuncias contra el Ejército y las evidencias que existen por espionaje telefónico ilegal y ocultamiento de información sobre el caso Ayotzinapa, el académico señala que no quiere caer “en la trampa” de refutar una por una esas acusaciones.

Yo diría que hay un actor fundamental en el caso Ayotzinapa –dice Bartra– al que hay que tenerle mucho respeto: es la familia, los padres, los hermanos y los compañeros de los desaparecidos, y ellos han tenido una larga y complicada negociación con el gobierno mexicano, con el presidente de la República, y lo que hay que buscar es una solución que nos dé a todos, como país, una salida moralmente aceptable. 

Texto publicado en la edición 0014 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.