CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) renunciaron a sus puestos en el servicio público para integrarse al equipo directivo del fondo de capital privado Mexico Infraestructure Partners (MIP), contratado por el gobierno federal para operar los esquemas de financiamiento diseñados para refinanciar la compra de las 13 plantas de Iberdrola en 6 mil millones de dólares. La operación comprometió al gobierno a pagar, al menos durante la próxima década, a los inversionistas que participan en instrumentos de los mercados de valores.

Se trata de varios de los exfuncionarios públicos que, en la Oficina del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, participaron directamente en la estructura y ejecución de la estrategia de financiamiento para la adquisición más importante – hasta ahora – de activos en el sector eléctrico, a cargo del fondo MIP que dirige Mario Gabriel Budebo, y cuyo mandato es seguir buscando la participación de más inversionistas como las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), luego de la emisión de un bono por más de 1,490 millones de dólares vía un fideicomiso, FIEMEX.

Pasar de un puesto en el gobierno a una empresa que, además, tiene contratos con el sector público se consideraba al inicio de la administración como una de esas malas prácticas que propiciaron corrupción durante los gobiernos del PRI y del PAN.

El traspaso bidireccional de roles y funciones entre el sector público y el sector privado es una mala práctica, conocida como “puertas giratorias” que pueden generar corrupción y conflictos de interés. Durante toda su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los funcionarios que aceptaron empleos en el sector privado aprovechando la información a la que tienen acceso como servidores públicos.

La Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), promulgada al inicio de la administración lopezobredorista, prohíbe que los funcionarios públicos al dejar su cargo en el gobierno ingresen a una compañía de los sectores regulados de su competencia. Para evitar conflictos de interés, la Ley de Austeridad estableció un plazo de 10 años para que pudieran emplearse en compañías relacionadas con su actividad.

Sin embargo, en abril de 2022, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prohibición de laborar en el sector privado por 10 años después de ejercer el servicio público vulnera la libertad de trabajo, por lo que consideró inconstitucional esa disposición.

El Pleno invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.

De acuerdo con la Corte, la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.

En la Ley Federal de Responsabilidades ya tampoco se establecen claramente las conductas de las que deban abstenerse exfuncionarios públicos y que podrían representar un conflicto de interés antes de cumplir un año, luego de separarse del cargo. La Ley observa el comportamiento de funcionarios en un nivel jerárquico superior, lo que pondría a salvo a los exservidores públicos de la SHCP que decidieron dejar sus puestos en la SHCP para integrarse a MIP, pues varios de ellos sólo estaban a cargo de direcciones.

La LFAR estableció que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. Esa disposición fue declarada inconstitucional.

Abogados especializados en administración pública explicaron que la inconstitucionalidad que determinó la SCJN respecto a la prohibición de trabajar durante 10 años en empresas privadas dejó una confusión respecto a los comportamientos que están prohibidos hasta por la Ley de Responsabilidades, aspecto que antes sí estaban claros con un plazo de un año como mínimo.

Por otra parte, destacaron que los exfuncionarios y el contratista MIP pueden argumentar que no están actuando en contra del interés de la SHCP y que, además, están cumpliendo un mandato del interés del Estado mexicano.

Así, se podría concluir que la decisión de MIP de contratar a algunos integrantes del equipo hacendario para cumplir con el contrato firmado con la SHCP y el FONADIN no involucra violaciones a la ley, pero sí, claramente, exhibe una clara ventaja para cumplir con el acuerdo que le permite cobrar comisiones dada la información y conocimiento de sus ahora empleados.

Y recordaron que, en derecho privado todo lo que no está prohibido está permitido mientras que en derecho público todo lo que no está expresamente permitido está prohibido.

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Así, la empresa de MIP, Quantum Energía, contrató a ex funcionarios de la SHCP que, durante meses, tuvieron a su cargo la relación con este administrador que firmó un contrato y mandato del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para obtener recursos a través del mercado de valores y refinanciar los 6,000 millones de dólares que se pagaron a la española Iberdrola.  A través de EXI Operadora Quantum, MIP gestiona sus fondos con participación en el sector de energía, transporte e infraestructura y Quantum Energía forma parte de esta estructura corporativa.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando el gobierno federal a través de la SHCP y el FONADIN colocaron entre inversionistas internacionales un bono por 1,490 millones de dólares para financiar la transacción mediante la cual se adquirió a Iberdrola 12 plantas de ciclo combinado y un campo de energía eólica.

Quantum Energía, que se ostenta como una compañía dedicada a la generación de energía eléctrica y que ahora también buscará promover la venta del fluido eléctrico, contrató desde mayo pasado a José Guillermo Petricioli Alfaro, como director legal de la administradora de las centrales de generación eléctrica del FONADIN.

En la SHCP, Petricioli Alfaro ocupó una plaza de director general dedicado a temas legales para la Oficina de Coordinación del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, un cargo que desempeñó durante los dos últimos años. Antes, entre 2021 y 2022, fue director jurídico en las empresas Columbia Pipeline Group y de Aldesa.

Como director jurídico de Quantum Energía, Petricioli integra ahora al equipo de abogados que necesita la administradora financiera y operativa de las centrales de generación eléctrica del FONADIN. Durante el desempeño de sus responsabilidades como funcionario público en la Secretaría de Hacienda, Petricioli Alfaro estuvo vinculado con la operación hacendaria para adquirir las plantas de Iberdrola trabajando directamente con Roberto Lazzeri, jefe de la Oficina del titular de la SHCP, quien le agradeció su participación en la emisión del bono que sirvió para refinanciar un crédito puente, financiamiento clave para adquirir las 13 plantas de la española Iberdrola.

En un comunicado, la dependencia informó que “la oficina del secretario operó en todo momento con su Coordinador de Asesores la agilidad de comunicaciones con los inversionistas. Este resultado es un reconocimiento explícito al apego del presidente de la República para el tránsito de la operación en todas las instancias oficiales involucradas”.

De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente del gobierno federal, Petricioli Alfaro ya no trabaja en la Secretaría de Hacienda y ahora forma parte de la nómina privada de Energía Quantum, de acuerdo con su perfil en la plataforma Linkedin.

Como administrador de inversiones, Mexico Infraestructure Partners MIP manifiesta a los inversionistas en los fondos que gestiona que tiene el derecho de recibir “comisiones de administración, como contraprestación por sus servicios”. El pago de una parte de dichas comisiones - advierte a los inversionistas - no depende de la realización o del éxito de las inversiones del fideicomiso que administra MIP.

En su perfil de Linkedin, Petricioli Alfaro precisa que formó parte del equipo de funcionarios públicos que estuvo a cargo de la adquisición de 13 plantas dedicadas a la generación de electricidad. Petricioli Alfaro precisa que en la SHCP coordinó acciones legales para regularizar permisos con todas las agencias de energía, estructurar financiamiento de proyectos públicos y privados por 6 mil millones de dólares, así como resolver multas por litigios.

Otro de los funcionarios que pasó a las filas de Quantum Energía fue Édgar Adrián Ayala Guerrero, quien, durante los últimos seis años, había sido director de Riesgo en la SHCP, ahora es director financiero en la administradora de MIP. Ayala Guerrero se integró a esta empresa en junio pasado, un mes después de Petricioli.

MIP también contrató, desde enero de 2024, a José Ramón Arzate Sánchez como Funding Manager, quien destaca entre sus logros profesionales, precisamente, haber participado en la emisión de un bono de 1,490 millones de dólares para refinanciar un crédito bancario puente. Entre su nuevo puesto y su cargo como director de Emisiones de Deuda Externa en la Secretaría de Hacienda, Arzate Sánchez ocupó un cargo transitorio en El Palacio de Hierro entre febrero de 2023 y noviembre de ese año. pero sólo fue una transición porque desde 2015, Arzate Sánchez había trabajado en la Secretaría de Hacienda.

José Antonio Anaya Cárdenas, quien ahora ocupa el puesto de director en Responsabilidad Social y Asuntos Públicos de Energía Quantum, había sido funcionario en la Secretaría de Hacienda desde noviembre de 2019. Entre enero de 2020 y mayo de 2024, Anaya Cárdenas participó en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La adquisición de las plantas de Iberdrola por mandato del FONADIN a MIP constituye la operación más importante que se ha registrado en el sector de la energía y la reciente emisión de un bono por más de 1,400 millones de dólares el pasado 10 de septiembre de 2024 requirió de la coordinación desde la SHCP con parte del equipo que ahora forma parte de la estructura de Quantum Energía.

MIP es el administrador de fondos de infraestructura y energía más grande de América Latina, con aproximadamente 11 mil millones de dólares en activos bajo administración.  FIEMEX opera la segunda plataforma de generación de energía más grande de México después de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una capacidad instalada total combinada de 8.5 Giga Watts que representa el 9.5% de la participación de mercado en el mercado eléctrico mexicano. Ahora, la empresa que dirige Budebo apuntala su contrato para refinanciar los recursos que aportó el FONADIN.