MONTERREY, NL.– El gobierno federal le mintió al consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, que integra junto con Estados Unidos y Canadá en el contexto del T-MEC) sobre las acciones de extracción de gas por el método de fracturación hidráulica realizadas hace una década en el municipio rural Los Ramones, en Nuevo León.

Por daños a mantos freáticos y terrenos, la CCA votó en favor de elaborar un expediente de hechos por omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en prácticas del sistema de explotación, conocido como fracking, para obtener gas shale mediante la inyección de agua en el subsuelo, en respuesta a una denuncia interpuesta en 2018. 

En el sexenio del gobernador priista Rodrigo Medina (2009-2015) los sondeos en el subsuelo produjeron un inédito fenómeno de sismicidad inducida en Nuevo León. Las trepidaciones se percibieron hasta la zona metropolitana de Monterrey, pero Medina negó los hechos y guardó silencio ante los reclamos generalizados.

La CCA evaluará los daños ocasionados por estas prácticas en el tema de seguridad, por el abandono de los pozos de sondeo y las afectaciones a la calidad del agua y a la infraestructura para su distribución, pues los sismos afectaron canales de riego y cuartearon casas, dice Antonio Hernández Ramírez, biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), activista que asesoró a los afectados para presentar la queja contra el gobierno federal.

Pese a las evidencias físicas y documentadas por los peticionarios, la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) –dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya en el actual sexenio de la 4T– informó que “no cuenta con reportes de incidentes ambientales relacionados con los pozos Tangram-1 y Nerita-1 (en Los Ramones y China, 80 y 120 kilómetros al norte de la capital, respectivamente), o de accidentes vinculados con los pozos mencionados, o con algún otro pozo ubicado en los municipios de Los Ramones y China, Nuevo León”, por lo que, desde su perspectiva, no habría motivo para realizar acciones de supervisión ni se han iniciado procedimientos administrativos.

Por ello señala que “las aseveraciones de los peticionarios son infundadas”.

Además, el gobierno demoró casi cinco años en responder al consejo de la CCA por motivos políticos, pues argumentó retrasos y dilaciones para revisar la legislación federal, expone Hernández.

Entrevistado por Proceso el 24 de enero último, Margarito Reyes, vecino de la comunidad Hacienda El Porvenir, de Los Ramones, denuncia que las cuarteaduras de las casas de la zona permanecen desde aquellas “explosiones” de hace una década; nadie les pagó reparaciones, pese al compromiso de directivos petroleros que ofrecieron indemnizaciones y arreglos.

Dese 2014 este medio (Proceso número 1957) dio cuenta de las afectaciones a casas que han padecido habitantes de Los Ramones y otros municipios cercanos por los movimientos telúricos causados por el fracking.

La queja 

El 3 de octubre de 2018 vecinos de Los Ramones y municipios aledaños presentaron una queja ante el organismo ambiental trilateral sobre las afectaciones del fracking en sus instalaciones y en los mantos acuíferos, lo que perjudicó sus actividades agrícolas y ganaderas: el empleo de millones de litros de agua para este propósito secó los mantos freáticos.

La petición quedó registrada (SEM-18-003) ante la CCA, cuyo consejo entregó al gobierno de México la notificación de la respuesta de los ciudadanos afectados, pero la Semarnat se demoró y respondió el año pasado.

La elaboración del expediente fue dada a conocer por la CCA el 2 de noviembre de 2023 en su reporte “Vota el consejo de la CCA en favor de la elaboración de un expediente de hechos sobre petición ciudadana relativa a operaciones de fracturación hidráulica en Nuevo León, México”. 

Luego de la contestación del gobierno mexicano a las demandas de los afectados, el consejo de la CCA recomendó la preparación del expediente relativo a la explotación de los pozos Nerita 1, en China, y Tangram 1. En esos documentos se pide al gobierno federal que asegure el uso sustentable de recursos hídricos durante la exploración con fracking, y la aplicación de medidas de seguridad para evitar deterioro de los recursos naturales.

Decenas de familias afectadas esperan que concluya la investigación que se hace sobre el supuesto empleo indebido de estas formas de explotación para reclamar una indemnización, pues su patrimonio quedó afectado de manera permanente.

El activista Hernández Ramírez señala que la apertura del expediente por la CCA confirma que el gobierno mexicano no aplicó de manera efectiva la legislación ambiental durante la operación de pozos de fracturación hidráulica en la entidad para evitar el impacto a la naturaleza del área.

La respuesta fue una mentira, agrega, pues los funcionarios federales rechazaron todos los señalamientos con la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Resolutivo que autoriza la evaluación, cuando no fue esa la información que se les pedía.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0009 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.