CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir el maíz transgénico, la minería a cielo abierto y el fracking, además de garantizar el acceso al agua.

El “Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua” busca prohibir la siembra y consumo humano del maíz transgénico.

A pesar de que la medida se presenta como un acto de soberanía alimentaria, destinado a proteger la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país, ha desatado una disputa comercial con Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta reforma incluye la modificación del artículo 4°. constitucional para reconocer al maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional que debe estar libre de modificaciones genéticas, así como la reforma del artículo 27 para fomentar el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificadas.

En diciembre de 2020, se publicó un decreto presidencial que prohíbe otorgar permisos para el uso, liberación o siembra de maíz transgénico en México. Sin embargo, en febrero de 2023, este decreto fue sustituido por uno nuevo que tiene como objetivo garantizar la inocuidad de la masa y la tortilla de maíz en la comida mexicana, alineándose así con las disposiciones del capítulo 9 del T-MEC.

Agua para todos

El tema del agua en la iniciativa presentada por López Obrador se centra en garantizar el derecho de acceso al agua para consumo personal y uso doméstico, así como en evitar la concesión de agua a particulares en zonas con baja disponibilidad hídrica.

Se destaca la importancia de proteger los recursos hídricos en áreas vulnerables a la sobreexplotación de acuíferos y a los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas y lluvias erráticas.

Además, se aborda la relación entre la disponibilidad y calidad del agua con actividades económicas, como la agricultura, la industria y el consumo humano, así como la problemática de concesiones en zonas de estrés hídrico, especialmente en el contexto de la minería, que es una industria intensiva en el consumo de agua.

Prohibición de minería

En cuanto a la minería, se destaca la sobreexplotación de los recursos hídricos del país en perjuicio de la población, ya que en los últimos 30 años se concesionó 40% del territorio nacional para la actividad minera. Se propone reformar el artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad de agua para consumo de las personas y uso doméstico. Además, se propone sancionar a las personas que realicen actividades de minería a cielo abierto.

En cuanto al fracking, se menciona que esta técnica de extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos implica riesgos para la salud pública y el medio ambiente, como la contaminación del aire y del agua, emisiones radiactivas, sismos inducidos y aceleramiento del cambio climático, por lo que se propone prohibir el fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos.

Una investigación realizada por Carto Crítica arroja luz sobre las operaciones mineras en el país, identificando un total de 97 minas metálicas a cielo abierto y 152 minas metálicas subterráneas que operan en el país. Muchas de estas minas no están registradas en una base de datos oficial, lo que dificulta la rendición de cuentas y la supervisión de su impacto ambiental y social.

La ausencia de una base de datos oficial que permita distinguir y caracterizar esas minas ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental de estas operaciones.

Según los datos recopilados por Carto Crítica, una proporción significativa de las minas metálicas en México no cumple con los requisitos básicos en términos de evaluaciones de impacto ambiental, depósitos de jales, concesiones de agua, permisos de descarga y reportes en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).