La industria minera en el país opera en las sombras, sin supervisión e incluso esquivando la legislación ambiental, lo que le posibilita extraer sin controles adecuados los recursos mineros y en diversas ocasiones generando impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades aledañas. Las instituciones encargadas de la supervisión ambiental y de la gestión de los recursos naturales son incapaces de evitar esas prácticas, ya sea por falta de recursos o de personal, factores que limitan su capacidad de vigilar las operaciones mineras.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las imágenes satelitales revelan el impacto de la actividad minera sobre el paisaje natural. Las minas a cielo abierto, como enormes cicatrices sobre la tierra, se extienden por hectáreas. Los caminos alrededor de las zonas de extracción son venas que conducen a montículos de una cosecha descomunal de minerales. Las presas de jales, como enormes espejos tóxicos en medio del desierto, reflejan la huella dejada por la codicia en, al menos, 874 operaciones mineras a escala nacional.

Asociación civil independiente que se dedica a estudiar el impacto socioambiental con base en la aplicación de tecnología geoespacial, la reutilización de datos abiertos nacionales y análisis cartográficos, CartoCrítica elaboró un mapa de minería 2023 a partir de más de 100 mil registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía (SE), el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y el Servicio Geológico de EU (USGS por sus siglas en inglés) en el cual traza las operaciones que se efectúan en el 9% del territorio mexicano que se encuentra concesionado para la explotación de minerales.

El estudio indica que sólo en Sonora son más de 34 mil las hectáreas devastadas por la explotación metálica, es decir, aproximadamente cuatro veces el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York. El complejo Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, donde en agosto de 2014 más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre se mezclaron con el cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora. A la fecha no se ha aplicado ninguna remediación efectiva, denuncian los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

“Escondidas a plena vista, ocultas entre decenas de miles de concesiones mineras, en su mayoría dedicadas a la exploración o especulación financiera, operan 97 minas metálicas a cielo abierto, y cientos más de minas metálicas subterráneas, de carbón y de otros minerales no metálicos. Sin que exista una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y hacerles rendir cuentas”, expone el informe que acompaña el mapa de CartoCrítica.

De acuerdo con el análisis titulado “Las minas en el territorio mexicano”, la falta de una base de datos oficial que distinga las minas a cielo abierto dificulta el seguimiento de las actividades extractivistas. Además, existe una falta de información pública sobre la producción, ubicación y características de las minas en el país, así como una falta de transparencia en cuanto a su impacto ambiental.

La asociación civil CartoCrítica, que dispuso un portal en internet “para defender el territorio nacional, los derechos humanos y el medioambiente”, así como para trabajar “en favor de la transparencia y el acceso libre a la información pública en México”, expone que existe un incumplimiento generalizado de las regulaciones ambientales, además de que falta transparencia y supervisión en la industria minera.

Como ejemplo, indica que una proporción significativa de las minas metálicas no cumple con los requisitos básicos en términos de evaluaciones de impacto ambiental, depósitos de jales, concesiones de agua, permisos de descarga y reportes en el Registro Público de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

Falta de datos

Aunque el Inegi, la Conagua, la Semarnat, la SE y el SGM cuentan con directorios y mapas de operaciones mineras, ninguna de las fuentes coincide entre sí, no se distingue la etapa –exploración, desarrollo o extracción–, no hay información de proyectos en inicio, cierre y abandono, no se especifica el tipo de operación y tampoco se incluye información de volumen de minerales extraídos.

“Identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para lograr la gestión ambiental. Si no conocemos ni cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas de estas minas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, se pregunta la organización que ha analizado geográficamente las operaciones mineras desde hace 12 años.

Según el informe, 62% de las minas metálicas no tenía concesiones para utilizar agua; 38% no proporcionó información o negó a la autoridad haber realizado evaluaciones ambientales. Además, 23% no proporcionó información sobre sus depósitos de jales. También destaca la falta de transparencia y supervisión en la industria minera metálica. Según el informe, 72% de las minas no tenía permisos de descarga y 55% no había presentado un solo reporte en el RETC en los últimos 17 años.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2431 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.