Oaxaca
Acusan habitantes de la Sierra de Juárez: Minera Natividad, una devastadora impune
La perforación de varios kilómetros de túneles y socavones, realizada por la Compañía Minera Natividad, devastó los manantiales, envenenó cursos de agua y afectó bosques en la oaxaqueña Sierra de Juárez, acusan comunidades zapotecas de Capulálpam de Méndez.
La perforación de varios kilómetros de túneles y socavones, realizada por la Compañía Minera Natividad, devastó los manantiales, envenenó cursos de agua y afectó bosques en la oaxaqueña Sierra de Juárez, acusan comunidades zapotecas de Capulálpam de Méndez. En el contexto de la ley del ramo aprobada por la Cámara de Diputados, los habitantes de la localidad se dicen “en una lucha de resistencia contra la minería”, pero añaden que poco se puede hacer frente a un potencial económico capaz de comprar funcionarios públicos en los órganos de gobierno estatales y federales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez ha tenido que soportar las prácticas de la Compañía Minera Natividad y Anexas, SA de CV, que ha devastado los manantiales que alimentaban el entorno natural por la perforación de 50 kilómetros de túneles y socavones en los bosques y acuíferos de la región en la Sierra de Juárez, Oaxaca.
Entre 2002 y 2011, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, se concesionaron más de 50 mil hectáreas a empresas privadas en tierras comunales de comunidades indígenas agrarias de dicha zona, sin realizar una consulta a los pueblos implicados.
Desde 2005 la comunidad de Capulálpam denunció el grave daño causado por la compañía minera, que además ha arrojado materiales tóxicos en ríos y arroyos y hasta la fecha no ha dado solución al conflicto.
Netzar Arreortúa Martínez, expresidente municipal de esa localidad, denuncia en entrevista telefónica con Proceso: “Estamos actualmente en una lucha de resistencia contra la minería, pero poco hemos podido hacer porque estamos ante un potencial económico que tiene la capacidad de comprar muchas conciencias y sobre todo a funcionarios públicos que están en los órganos de gobierno tanto estatal como federal”.
De acuerdo con Arreortúa, desde 2006 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó que la compañía minera derramó bifenilos policlorados (elementos químicos no degradables y cancerígenos) en suelos y fuentes de agua.
Fue en enero de 2017 cuando la misma Profepa llevó a cabo la clausura temporal de la mina La Natividad, debido a que ésta no cuenta con la autorización de impacto ambiental para actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En octubre de 2016 la Profepa emplazó a Minera Natividad y Anexas y se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total del sitio donde se realizaron las obras y actividades, condicionando su levantamiento a la presentación de la autorización en materia de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No obstante que la empresa, en el mismo octubre de 2016, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dicha autoridad le negó la suspensión provisional solicitada, consistente en el levantamiento de la clausura.
Sigue operando
Actualmente la minera sigue operando, pese a las irregularidades y afectaciones a la comunidad denunciadas, al mismo tiempo que se lleva un proceso legal promovido por las autoridades de la comunidad.
Netzar Arreortúa dice a este semanario que ha enviado cartas y solicitudes para reunirse con funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no ha tenido respuesta.
“Esta minera que me refiero estuvo en quinto lugar a nivel mundial de producción de oro. Eso quiere decir que hay valores muy importantes; pero a través de los años se están acabando todo y nos están afectando severamente nuestro territorio”, advierte.
El representante de la comunidad explica que no se percibe la afectación en la superficie porque la minera tiene kilómetros de túneles en el subsuelo y ha dañado y contaminado los manantiales por los altos índices de productos químicos que utilizan.
De acuerdo con el documento Resumen estadístico de la minería en México, coordinado por Sol Pérez, investigadora del Programa Tierra y Territorio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar), de las concesiones mineras vigentes en 2022 se identificaron mil 459 títulos de concesión que abarcan 2 millones 876 mil 171 hectáreas de territorios indígenas, que equivalen a 11.1% del territorio total indígena.
Además, el estudio –cuya copia tiene Proceso– indica que de los 747 municipios con alta presencia indígena, 320 tienen al menos una concesión minera en sus territorios.
La reforma a la Ley Minera que promueve el gobierno de López Obrador busca reestablecer derechos a los pueblos indígenas y hacer valer los mecanismos de consulta para el establecimiento de proyectos mineros, además de privilegiar el cuidado de los recursos naturales.
Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la reforma “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales”.
La investigación de Fundar deja ver que el de Fox es el gobierno que ha otorgado mayores títulos de concesión, con una cifra de 17 mil 774; seguido por el de Calderón, con 12 mil 274; en el de Ernesto Zedillo se dieron 9 mil 990 concesiones; con Carlos Salinas de Gortari fueron 3 mil 100; con Enrique Peña Nieto, 3 mil; mientras que con López Obrador se han otorgado 165 títulos de concesión.
En suma, al cierre de 2022, 10.9% del territorio nacional está ocupado con 25 mil 237 concesiones mineras. Sonora es el estado con más títulos: 4 mil 411; seguido por Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila.
Fiebre del oro… y otros metales
Fundar reveló que en 2021 se extrajo seis veces más oro que en el 2000. En 2021, 14 compañías extrajeron 70% del oro en México, la mayor parte explotada por la minera Fresnillo, seguida por Newmont Corporation, Torex Gold, Equinox Gold, Agnico Eagle, Pan American Silver, Alamos Gold, Coeur Mining, Minera Frisco, First Majestic Silver Corp, principalmente.
En el caso de la plata, México es el país número uno a nivel mundial de donde se extrae este metal precioso.
Grupo Bal, de la familia Baillères, es la empresa que más extrae plata del país con 31.8% de la producción total, seguido por Newmont Corporation, con 17.6%; First Majestic Silver Corp con 7.2%; y en menor medida Cocur Mining y Fortuna Silver.
Mientras que la explotación del cobre es monopolizada por Grupo México, de Germán Larrea, con 66%, seguida por Minera Frisco, de Carlos Slim, que concentra 3.5% de la extracción; Capstone Cooper, con 3.3%; Frontera Mining, 1.7%; Korea Resources, 1.5%; y Sierra Metals, 1%; mientras que Industrias Peñoles, extrae 0.9%, según el documento de Fundar.
La reforma en materia de minería y otras leyes relacionadas impulsada por el gobierno de López Obrador y presentada el pasado 28 de marzo significaba para las comunidades una reivindicación de sus derechos.
Sin embargo, las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, que la madrugada del viernes 21 aprobaron fast-track, dejó puntos rojos para las comunidades, como el uso de los recursos hídricos sin límite de tiempo, cuando la iniciativa limitaba a las mineras cinco años.
Otro en punto en contra para las comunidades es que el Estado no será quien determine el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, sino que las mismas compañías se encargarán de elaborarlos.
Además se reduce la contraprestación a los pueblos indígenas de 10%, como lo planteaba la iniciativa de López Obrador a sólo 5% de las utilidades obtenidas por las empresas por la actividad minera realizada.
En la iniciativa aprobada se estableció que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Postcierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública.
“Históricamente no solamente en las últimas tres décadas, sino en distintos momentos de la historia, pues se han violentado sistemáticamente los derechos de las comunidades. Muchos de quienes legislan, obedecen a esos intereses privados y las leyes también han sido modificadas, han sido construidas incluso para responder a esos intereses empresariales”, advierte Maira Olivo Paz, abogada del programa Tierra y Territorio, de Fundar.
Olivo Paz, quien recibió el Premio Nacional de la Juventud en Defensa de los Derechos Indígenas, reconoce que hay de fondo intereses económicos que buscarán detener la reforma.
“Creemos que están dadas las condiciones, pero efectivamente, hay una serie de intereses de un grupo minúsculo de empresas mineras, también del sector empresarial, que se ha beneficiado de este saqueo, de estas leyes y que permite justamente que no rindan cuentas sobre el agua que usan, que puedan despojar a comunidades de sus territorios, que se impongan estos proyectos mineros vulnerando derechos colectivos como el derecho al consentimiento y a la consulta en materia indígena”.
Recuerda que en las comunidades donde están operando proyectos mineros prevalecen altos índices también de pobreza y de descomposición social.
“Hay muchos impactos negativos en materia ambiental, muy poca contribución en materia fiscal, por ejemplo, y una serie de elementos que indican que ni beneficia a las comunidades ni genera desarrollo comunitario, ni genera empleos y que es falso totalmente que vaya a colapsar la economía del país si estas reformas se aprueban”, reflexiona en entrevista con Proceso.
Confía en que la nueva Ley Minera se apruebe y recuerda que hay estrategias jurídicas que se están emprendiendo e inclusive existen sentencias que han logrado revertir y cancelar concesiones, como el caso de la comunidad de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
En febrero de 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante el Amparo en Revisión 134/2021, que las concesiones mineras otorgadas en 2003 y 2009 a la compañía canadiense Almaden Minerals, violaban los derechos de la comunidad por no haber sido consultadas ni contar con el consentimiento de la comunidad indígena, lo que obligó a su cancelación.
Para Netzar Arreortúa, la reforma es un acto de justicia: “Parece que se va a hacer un acto de justicia a las comunidades indígenas, que somos dueños de los territorios y que somos los pueblos originarios, que hemos estado siempre aquí dando la batalla, cuidando el territorio, cuidando nuestros bosques que producen oxígeno de calidad y agua para las generaciones actuales y futuras”.
