Los magnos eventos deportivos internacionales son una herramienta efectiva con la que los regímenes autoritaritos suelen limpiarse la cara, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 no serán la excepción. En medio de una “paz mafiosa” el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha instaurado una política del miedo violentando sistemáticamente los derechos humanos, lo mismo de pandilleros que de sus opositores. Detrás de una burbuja de seguridad, se esconde una realidad aterradora, dice a Proceso el periodista Sergio Arauz, especialista en política y corrupción de El Faro, el medio independiente que también ha sufrido las atrocidades del bukelismo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La edición XXIV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrá lugar en San Salvador, la capital del país en el que su presidente, Nayib Bukele, ha instaurado un régimen autoritario basado en el miedo y mediante una “paz mafiosa” que consiste en encarcelar pandilleros, pero sin atender las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad que, justamente, generaron el nacimiento de estos grupos criminales.

En entrevista con Proceso, el periodista Sergio Arauz, quien desde 2000 ha trabajado en el diario digital El Faro, uno de los medios independientes de El Salvador que ha documentado –y sufrido en carne propia– las atrocidades de Bukele, describe el contexto social y político en el que tendrán lugar los Juegos Centroamericanos, la justa regional más antigua del mundo.

“Se van a desarrollar en un contexto de seguridad bastante paradójico, es decir, el país vive desde hace algún tiempo una reducción drástica de homicidios y de delitos comunes. Hay una mayoría de gente que apoya al presidente Bukele, quien ha encarcelado en los últimos 14 meses a más de 70 mil personas.

“Pero es una paz mafiosa que no puede ser duradera. Una paz que es la base de muchas injusticias. El Faro ha publicado, también organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, la misma ONU, atestiguado, retratado, investigado y profundizado sobre una sistemática violación a los derechos humanos en la que vive el país.

“Son condiciones en las que una persona y un grupo político (el partido Nuevas Ideas) están transformando y moldeando un país para concentrar más poder. Algo importante es que el próximo año hay elecciones generales: presidencial, de diputados y alcaldes y se están impulsando reformas que transforman nuestro sistema político”, expone Arauz, quien es el subjefe de redacción de El Faro.

La madrugada del miércoles 7, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reducción de 84 a 60 diputados, lo que acomodará el escenario electoral a favor del presidente Nayib Bukele y su partido. Este cambio drástico ocurrió ocho meses antes de las elecciones en las que el propio Bukele ha dicho que buscará la reelección, a pesar de que esto viola la Constitución. De igual forma, la Asamblea Legislativa pretende reducir los municipios del país de 262 a 44.

“Van a eliminar 218 de un plumazo. Las reglas de juego han sido cambiadas y un sistema que hasta hace unas semanas funcionaba en el país para elegir a nuestros diputados y garantizar el pluralismo en la asamblea, porque favorecía a las minorías parlamentarias, ahora privilegiará a los partidos mayoritarios.

“Con esto te puedo decir que de cara a los Juegos Centroamericanos encontrarás un país en el que primará un ambiente de mucha propaganda y marketing, pero que detrás de eso se esconde una realidad aterradora. Vivimos el desmantelamiento de una democracia”, asegura el periodista especializado en política y corrupción.

Músculo político

Históricamente, los países con regímenes autoritarios y dictatoriales han solicitado a los organismos deportivos internacionales las sedes de las competencias más importantes como los Mundiales o los Juegos Olímpicos. Incluso lo hacen aquellos que desean demostrar que son democracias modernas donde no se violan los derechos humanos. Se trata de mostrar el músculo político.

Los ejemplos sobran: la dictadura de Jorge Rafael Videla en el Mundial de Argentina 1978, Sudáfrica en la Copa del Mundo 2010 donde el abolido apartheid y las condiciones de desventaja económica de las personas de raza negra se respiraban en casa esquina; la Rusia de Vladimir Putin con los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014 y el Mundial de 2018, lo mismo en el caso de China con la justa veraniega de Beijing 2008 y la de invierno de 2022.

–¿Está convencido de que el presidente Bukele solicitó que El Salvador fuera sede de los Juegos Centroamericanos con esta intención política?— se le cuestiona a Arauz.

–Sí, es mostrar una burbuja. Al igual que se celebrará el concurso de Miss Universo este año. También se están realizando cuatro campeonatos de distintas categorías internacionales de surf y han venido muchos atletas.

“Detrás de esto se esconde una realidad que no se ve, porque el régimen se asegura de que todo esté muy fríamente preparado para mostrar el país que quieren que aparezca en la televisión y en los anuncios publicitarios. La intención de realizar eventos de este tipo es para limpiarle la cara a un sistema autoritario. Los atletas y la gente tienen la responsabilidad de enterarse del país al que vienen, de hacer una lectura más crítica que vaya más allá de los lugares burbuja”.

Arauz asegura que la situación que priva en El Salvador es muy similar a lo que ocurre en otros países de Centroamérica y del Caribe. Menciona a Guatemala donde hay una persecución encarnizada de defensores de derechos humanos, periodistas y procuradores de justicia. En Nicaragua “ya no existe la democracia”, dice, hay presos políticos y se extinguió la disidencia. Así está Honduras, país que está padeciendo “la instalación de políticos corruptos y del crimen organizado”.

–¿Qué mensaje debe llegar a México, a los deportistas que participan?

–Que no se dejen influenciar por la propaganda. La audiencia confunde propaganda con información o noticias, piensan que la propaganda es lo mismo que el periodismo. Cuando alguien aparece con discursos de súper héroe, que promete soluciones fáciles a problemas complejos muy probablemente te están timando.

“Meter presos a los pandilleros puede calmar los ánimos de mucha gente que vive en situaciones difíciles, que quiere sangre y ver encarceladas a estas personas, pero a la larga no es la solución, pues esconde injusticia y sufrimiento. También esconde una violencia que vas a pagar en el futuro. Esta paz mafiosa que ahora se vive va salir cara a la larga porque las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad que dieron vida a las pandillas no han cambiado.

“Este país sigue siendo pobre, tiene problemas económicos serios, de desigualdad y corrupción. Eso es lo que va a ser difícil que entienda la gente. Los problemas estructurales que nos llevaron a que en nuestra sociedad germinara un fenómeno como el de las pandillas no han cambiado”.

–¿Qué lectura le damos a que el medio hermano de Bukele, Yamil, sea el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos?

–Refleja la forma en que se está gobernando. Recuerdo que en el primer reportaje político que escribimos el 1 de junio de 2019, que fue el día que subió al poder Bukele, dijimos que este gobierno es familiar. Hay distintos artículos periodísticos que prueban que nos gobierna la familia Bukele con sus aliados, amigos y socios; es un régimen en el que manda Nayib Bukele, pero quiene tiene el poder de la toma de decisiones son principalmente sus hermanos de papá y mamá: Karim, Yusef e Ibrajim. Ellos llevan las riendas del gobierno junto con él.

“También se ha publicado que detrás de ellos existe un gabinete oculto venezolano. Aquí sólo se ataca la corrupción de los que no son gobernantes o del partido oficial. El nepotismo se ha normalizado. La mayoría de la gente dice: “Es normal, déjenlo trabajar; miren todo lo que está haciendo”. Es un presidente que gobierna como si fuera un emperador romano, pan y circo al pueblo.

“No importa que existan hechos de corrupción y que estos se denuncien, la gente no se indigna. Lo irónico es que Bukele llegó al poder porque denunció la instalación de redes familiares del partido en el que él estuvo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. También denunció muchas prácticas corruptas que investigaron medios como El Faro que no se han erradicado.

“Estamos viviendo el punto más opaco de la historia en términos de gestión pública. La información que debería ser pública está siendo reservada, es casi secreta. No hay transparencia en las compras públicas ni quiénes son los principales beneficiarios de las licitaciones de los grandes proyectos, así que es normal que la gente no se indigne por ver al hermano del presidente dirigiendo el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador”.

Popularidad

Las encuestas indican que Nayib Bukele goza de una aprobación de más del 80 por ciento de la población y esto se explica, destaca Arauz, porque no hay una oposición organizada. Como es un régimen autoritario mucha gente tiene miedo a expresarse y se están concretando las condiciones para que se instaure un régimen totalitario, pues se están desmantelando las instituciones que promovían el pluralismo político.

“Esa popularidad es real, lastimosamente, pero está basada en un régimen autoritario: la gente tiene miedo, no hay garantías democráticas, no hay Estado de derecho; pueden detenerte por cualquier cosa, por la simple apreciación de un policía si dice que te mostraste nervioso cuando te hizo una pregunta”.

Sergio Arauz, integrante del equipo que ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo del IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) en 2013 por la publicación del reportaje “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios”, hace un recuento de la vida que El Salvador llevó desde que en 1994 se instaló la democracia tras la firma de los Acuerdos de Paz, dos años antes, entre el gobierno y la guerrilla.

El país sufría los estragos de una guerra civil de 12 años en la que murieron más de 75 mil salvadoreños. Durante los últimos 30 años en El Salvador prevaleció la corrupción, hubo pactos entre políticos y pandillas, pero también intentos por fortalecer las instituciones. Hubo pluralidad y división, aunque la democracia no alcanzó para resolver los problemas sociales.

Entre lo positivo, nació una generación de medios y periodistas que ejercieron la libertad de expresión de una forma muy diferente a lo que ha pasado con Nayib Bukele. En abril último, El Faro anunció el traslado de su estructura administrativa y legal a Costa Rica, debido a “la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”. La redacción sigue en el país.

Este medio, el primer periódico digital latinoamericano y que vio la primera luz en 1998, ha investigado múltiples casos de corrupción del poder político y judicial. En 2021 destapó las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio-18

“Teníamos un sistema judicial funcional, pero corrupto. Se crearon las condiciones para que el señor Bukele impusiera su narrativa libertadora o de refundación. Hizo una campaña muy agresiva en redes sociales, es una persona joven que se promueve como alguien fresco y cool, pero su campaña es de medias verdades. Denunció los pactos de todos los políticos del pasado con las pandillas para reducir los homicidios de forma oscura. Hubo salvadoreños que nos dimos cuenta de que había un botón que podía reducir las muertes y ese botón lo manejaban las pandillas. Bukele también pactó con los criminales.

“Hizo una campaña diciendo que iba a acabar con la corrupción y con el nepotismo. Cuando ganó en 2019, los dos partidos mayoritarios todavía tenían el poder, tenían mayoría en la Asamblea; en la Corte Suprema de Justicia tenían magistrados electos de forma normal, pero cuando él tomó el poder destituyó al fiscal general y a los magistrados y los sustituyó por personas del bukelismo. También inició una reforma judicial inédita.

“Ahora no existe un Estado de derecho funcional, si me llevan detenido no tengo las condiciones para asegurar que en un juicio voy a poder defenderme. Puedo estar preso meses o años bajo la arbitrariedad de los carceleros. Hay mucha gente a la que los jueces le dictaminan libertad condicional o le dan cartas de libertad y el jefe del centro penal no lo libera. No hay ley, no funcionan las reglas en este país”.

Arauz asegura que en El Salvador se está repitiendo la historia de inicios del siglo XX cuando se instauró un dictador que cumplió más de tres mandatos consecutivos, Maximiliano Hernández Martínez a quien, sobre todo las personas de mayor edad, recuerdan como el gobierno en el que la población vivió más segura, a pesar de la encarnizada persecución a las personas de raza negra. Existe mucha indiferencia a la masacre indígena que el militar ordenó en 1932. Se trata del mayor etnocidio en este país.

Reportaje publicado el 18 de junio en la edición 2433 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.