Tras la sentencia de la Corte que anula el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, la corporación creada por el presidente López Obrador –que cuenta con cien mil elementos– se encuentra en “incertidumbre” y en riesgo de perder a los militares que la integran, pues ocho de cada 10 de sus uniformados podrían regresar a las Fuerzas Armadas, advierte el comisario Saúl Hiram Parra de la Rocha, subjefe de Planeación Administrativa y Logística de la Guardia Nacional. En entrevista con Proceso, también expone los riesgos a corto plazo para la seguridad pública del país si no se tienen los lineamientos sobre cómo debe acatarse el fallo de los ministros. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El propósito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de hacerse del control de la seguridad pública vía la Guardia Nacional (GN), quedó en la incertidumbre tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó su incorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Máximo Tribunal del país aún no ha precisado los alcances de su sentencia, pero entre los mandos de ese cuerpo está la posibilidad de que sus elementos, que en su mayoría pertenecen a las Fuerzas Armadas, regresen al Ejército y la Marina.

Aunque la Sedena tiene el respaldo legal para mantenerse en labores de seguridad pública hasta el año 2028 en apoyo a la Guardia Nacional, a partir de 2024 deberá ajustarse a la autoridad de la secretaría que está al mando de Rosa Icela Rodríguez, y salir de la órbita de la Sedena.

En qué condiciones deberá hacerlo, se sabrá hasta que la Corte lo aclare en el cierre definitivo del juicio constitucional que sentenció en abril último.

Se trata de un escenario que ni la Sedena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador tenían considerado. Como promotora de la creación de la Guardia Nacional, la Sedena perderá el control de más de cien mil elementos, del manejo de cerca de 286 cuarteles construidos hasta ahora y de un presupuesto que para este año ascendió a 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos, de los poco más de 48 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Seguridad.

Lo que suceda con la Guardia Nacional dependerá también de lo que decida el gobierno federal que comienza en octubre de 2024 y del respaldo que pueda tener en el Congreso de la Unión.

“Una vez que tengamos bien planteados los lineamientos (por parte de la Suprema Corte) sabremos realmente cuál es la ruta que vamos a seguir para todos los que integramos a esta Guardia Nacional”, dice en entrevista con Proceso el comisario Saúl Hiram Parra de la Rocha, subjefe de Planeación Administrativa y Logística de la Guardia Nacional.

La resolución de la Corte, asegura, “definitivamente creó incertidumbre: quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a manejar las cosas”.

Ante esas dudas, dice que la Sedena y la comandancia general de la Guardia Nacional “fueron a todos los rincones y hablaron con todo el personal” para tranquilizarlos sobre la conservación de sus beneficios al pasarse de las Fuerzas Armadas a ese cuerpo (policial) y que conservarán “todo lo que tienen de su secretaría de origen”.

El reto será cómo hacerlo. Con esta complicación inesperada “realmente existe un riesgo”, dice durante la entrevista realizada en las instalaciones de la Guardia Nacional y que pertenecieron a la extinta Policía Federal.

El comisario afirma: “Si no cuenta con el cobijo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y sus elementos dejan de pertenecer aquí a la Guardia Nacional, en un momento dado, con esta situación que no estaba programada, puede crear situaciones complicadas para su desarrollo en el corto tiempo (…) El personal puede sentirse desmotivo y regresar” a sus instituciones de origen.

Ese escenario configura un desmantelamiento, pues ocho de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a las Fuerzas Armadas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2429 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.