Con la idea de dotar de recursos a las comunidades impactadas por la extracción, se creó en 2014 el Fondo minero. El dinero, sin embargo, ha quedado disperso en tres secretarías –Economía, Educación Pública y Hacienda–, después de que el presidente López Obrador ordenó en 2020 la extinción de los fideicomisos. Tampoco hay claridad sobre el uso y destino del Fondo minero que, sin embargo, los empresarios aseguran siguen aportando.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Los recursos económicos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, que alguna vez fueron destinados a las comunidades afectadas por la explotación minera, pasó a ser dinero disperso, sin hoja de ruta y sin claridad sobre su uso.

Las comunidades, organizaciones civiles y la misma industria minera han hecho eco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se reestablezcan los recursos y se transparente su aplicación.

Netzar Arreortúa Martínez, activista de la Comunidad Indígena Zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca, donde opera la Compañía Minera Natividad y Anexas, SA de CV, advierte en entrevista con Proceso:

“Hay un impuesto a la minería que también se estableció desde hace ya algunos años a las mineras y que supuestamente iba a ser para beneficio también de las comunidades. En nuestro caso no se ha visto algún beneficio sobre este impuesto ni las mineras han acercado a la comunidad. De plano no ha habido nada de esto.”

Agrega que, desafortunadamente, el Fondo Minero no impacta ni económicamente ni socialmente a las comunidades.

De acuerdo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Fondo Minero entró en vigor en 2014, derivado de una reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), y se constituye por el pago de derechos a la actividad minera.

El objetivo inicial del fondo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), era elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera.

Así se consignó en los documentos que dieron origen al fondo, en las reglas de operación puestas en marcha para operar el mandato entre 2014 y 2018.

Con las reformas propuestas a la LFD en 2020, se eliminó la disposición que ­vincula la aplicación del fondo a comunidades y municipios donde hay extracción minera, y se transformó el mecanismo para su ejecución, centrada ahora en la Secretaría de Educación Pública (SEP)

“Pero con una aplicación igualmente centralizada, sin transparencia y certeza sobre los criterios de asignación, los mecanismos de participación en la asignación y monitoreo de los recursos”, señaló Fundar en el documento Fondo Minero. Preocupaciones y propuestas, publicado el 4 de noviembre de 2019.

Según la Cámara Minera de México (Camimex), el fondo surgió como parte de la Reforma Fiscal de 2013 para cobrar un impuesto especial de 7.5% sobre la utilidad operativa de las empresas extractoras de metales –más 0.5% adicional al tratarse de oro o plata–, para después destinar esos recursos al desarrollo de comunidades cercanas a las operaciones.

Al cierre de 2020 dichos recursos habían ascendido a alrededor de 22 mil millones de pesos.

Ajustes

En 2019 el Fondo Minero comenzó a ser administrado por parte del gobierno federal de manera directa, sin intermediarios, primero por medio de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la nueva conformación del Fondo Minero, 85% de los recursos se irían a la SEP, mientras que 10% de lo recaudado sería para el gobierno federal, para que lo destine a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

En tanto, el restante 5% le tocaría a la Secretaría de Economía (SE) para fortalecer al sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.

Finalmente, el 6 de noviembre de 2020 se decretó la extinción de 108 fondos y fideicomisos, entre los que se estaba el Fondo Minero.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2427 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.