Veracruz
Veracruz: Pese a abusos, el gobernador rechaza recomendaciones de la CNDH
El gobernador Cuitláhuac García rechaza las tres recomendaciones de la CNDH y cinco de la comisión estatal que evidencian la práctica de tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada que han realizado funcionarios y policías estatales.
Tres recomendaciones de la CNDH y cinco de la comisión estatal evidencian la práctica de tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada que han realizado funcionarios y agentes de corporaciones policiacas de Veracruz. Pero el gobernador -Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns, rechazan dichas recomendaciones. El mandatario estatal las considera parte del conflicto político que mantiene con el senador Ricardo Monreal. Con ello evade el problema de fondo: las violaciones a los derechos humanos en la entidad.
XALAPA, Ver. (Proceso).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, han rechazado por lo menos tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cinco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que evidencian la práctica de tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada en la entidad, que arrastra un historial de este tipo de abusos y delitos acumulados durante varios sexenios.
El tema llegó al Senado a solicitud de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lo cual provocó que el gobernador –para evadir el fondo de las conductas arbitrarias atribuidas a servidores públicos y corporaciones, algunas de las cuales ni siquiera corresponden a su mandato, sino a sus antecesores– lo asumiera como parte del conflicto político que la 4T tiene con el senador Ricardo Monreal.
Esto ocurre pese a que el primer día de su gobierno, Cuitláhuac García emitió una alerta inédita en Veracruz: advirtió una crisis de violaciones a derechos humanos en materia de desaparición de personas y se comprometió al respeto irrestricto de los derechos humanos. Así, creó la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, un paso que generó una esperanza en colectivos del estado después del gobierno represivo de Javier Duarte. Pero las expectativas se diluyeron con el tiempo.
En enero pasado, a cuatro años del gobierno del morenista, Piedra Ibarra pidió al Senado llamar a comparecer a García junto a la titular de la Fiscalía General del Estado, para que expliquen su rechazo a dos recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, una por tortura sexual y la otra por una detención arbitraria.
Se trata de dos recomendaciones en temas álgidos para Veracruz que han provocado escándalos políticos. La primera es la 51VG/2022 por la tortura y abuso sexual a July Raquel Flores Garfias –sentenciada por su participación en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa, María Guadalupe Martínez Aguilar– y la segunda, la 59/2022, por la detención de José Manuel del Río Virgen –secretario técnico del Senado–, quien estuvo preso 178 días acusado por el presunto asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Remigio Tovar, imputación que no se sustentó.
Lejos de aceptar las recomendaciones, el gobernador anunció además que rechazaría una tercera, derivada de la detención ilegal de ocho personas y el cateo de policías a una bodega en Río Blanco, donde se acusó a elementos policiacos de simular pruebas.
El rechazo de las recomendaciones se ha hecho ya una práctica común en su gobierno, ejemplo que ha seguido la fiscalía general, instancia que además rechazó cinco recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
García Jiménez y la fiscal se enfrentaron con la CNDH y enviaron oficios –de los cuales Proceso tiene copia– donde acusaron al organismo de que las pruebas recabadas en los expedientes de July y José del Río carecen de legalidad. No obstante, las investigaciones y testimonios que logró documentar el organismo defensor de derechos humanos señalan lo contrario contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz.
July y Del Río
La CNDH acreditó que July Raquel Flores, detenida el 6 de noviembre de 2020, fue víctima de diversos actos de tortura, agresiones físicas, psicológicas y sexuales cometidas por elementos ministeriales de la fiscalía estatal durante su traslado de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo en Coatepec, con el fin de que aceptara su participación en el homicidio de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar.
Al llegar al Cereso fue revisada por una enfermera y no un médico, por lo que en el acta de ingreso no se asentó que había sido víctima de tortura y violación sexual. Dos días después en la entrevista con personal de psicología del centro, manifestó haber sido violada, pero esto no se denunció ni se notificó a superiores para proceder legalmente.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el caso, advirtió que las pruebas que sostiene la fiscalía son endebles, pues se basan en un contrato de compraventa del coche que se utilizó para cometer el homicidio de la rectora, el cual July utilizaba para trabajar como chofer de Uber.
La defensa de July aportó pruebas de que el día del asesinato ella se encontraba haciendo labores de jardinería en un kínder en la Ciudad de México, a más de 300 kilómetros del lugar de los hechos.
El gobernador y la fiscal rechazaron las recomendaciones y señalaron que la mujer no refirió ante el juez que fue víctima de tortura y acusaron que el protocolo de Estambul que practicó el organismo defensor se hizo con peritos no acreditados, y en un dictamen de la fiscalía, realizado el 28 de abril de 2021, no se encontró evidencia de secuelas emocionales ni trastornos atribuidos a tortura.
La respuesta del gobernador, remitida a través del representante legal y director jurídico de la Secretaría de Gobierno, José Pale García, incluso señaló a la CNDH por violentar el derecho de audiencia de funcionarios de su gobierno y acreditar la tortura sólo en el dicho de July Raquel, y expuso: “No pueden convalidar las afirmaciones, mismas que carecen de sustento probatorio; la CNDH se basó en suposiciones parciales, realizando un análisis tendencioso del material conflictivo y una interpretación irresponsable de las condiciones de la quejosa”.
La CNDH consideró la actuación del gobierno de Cuitláhuac García en este caso como “estigmatizante y sin perspectiva de género”, que lejos de respetar el marco de derechos, criminaliza a la víctima.
El otro caso tiene que ver con la recomendación 59/022 por la violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, la libertad y el acceso a la justicia contra José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
En la recomendación se incluye a las personas que viajaban con él, entre ellos su hija, una menor de edad con diagnóstico de espectro autista.
La CNDH señaló que el día de la detención (22 de diciembre de 2021), una camioneta con ocho hombres armados los obligó a detenerse de forma violenta; también advirtió que la autoridad local nunca “citó a comparecer a José Manuel para que pudiera ejercer el derecho a una defensa adecuada dentro del proceso penal”, antes de que el juez le girara una orden de aprehensión, el 9 de diciembre de 2021.
Además se documentó que los hechos no se acreditaron ante un juez el día de la audiencia inicial. Pero en su respuesta, la fiscalía señaló que no podía aceptar una recomendación “que adolece de un verdadero sustento lógico-jurídico en el que los posicionamientos de la CNDH se basaron en conjeturas, realizadas mediante un análisis débil del material probatorio, alejándose de los principios de la lógica, experiencia y la legalidad”, se asentó en un documento firmado por Hernán Cortés Hernández, fiscal coordinador especializado en asuntos indígenas y de derechos humanos.
La tercera recomendación que el gobierno adelantó que rechazará es la 88VG/2023, en la cual la CNDH determinó que tanto la fiscalía como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública simularon pruebas para justificar el cateo ilegal a una bodega, así como la detención de seis personas, “al extremo de colocar armas y drogas” para comprometer legalmente a las víctimas.
El gobernador se defendió y aseguró que no hubo intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública el día del cateo –aunque hay videos que lo muestran–, y agregó que existe la presunción de que en la bodega se guardaba mercancía robada a tráileres en los tramos carreteros de La Tinaja, Córdoba y Orizaba, aunque esto tampoco se comprobó.
“Fuego mediático”
El gobernador aseguró que la solicitud de Rosario Piedra para que el Senado haya pedido su comparecencia es un tema político, pues la petición fue dirigida a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, con quien el veracruzano ha sostenido varios desencuentros, derivados principalmente por la detención de José Manuel del Río Virgen, amigo de Monreal.
Cuitláhuac recordó que es el segundo intento para que comparezca en el Senado; la primera fue cuando el senador Dante Delgado organizó una comisión para que investigara los supuestos abusos en su gobierno –por la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad, lo cual después fue declarado inconstitucional– y dijo: “Yo con gusto voy, el que nada debe nada teme, pero no haré el juego; quieren a alguien ahí para echarle fuego mediático”.
El morenista alegó que su gobierno está del lado de las víctimas y no de los delincuentes, y sostuvo que en el caso de July “están defendiendo a una homicida, no es alguien inocente; la rectora no fue violada, fue asesinada, no se puede basar la recomendación en el dicho de esa persona, que es una delincuente”.
También alegó que el tema central del llamado al Senado no es por el caso de July Flores, sino por la recomendación del caso de José Manuel del Río, quien después de salir libre retomó su trabajo como secretario técnico en la Cámara: “Los opositores nos quieren ver ahí y habría que preguntarles: ‘¿Están del lado de las víctimas o de los delincuentes?’. Hay que ir para quitarles las máscaras”.
La reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la que se acordaría llamar a comparecer a Cuitláhuac, la fiscal y 28 servidores públicos que no atendieron recomendaciones de la CNDH, debió realizarse el pasado 30 de marzo, pero se suspendió por falta de quórum; los senadores de Morena no asistieron.
Unos días después, mediante un comunicado, la presidenta de la CNDH recordó que las solicitudes de comparecencia ante el Senado son el único mecanismo que tiene el organismo para hacer cumplir sus recomendaciones y es su facultad legal, misma que, aseguró, ha ejercido “con el único objetivo de velar por el interés de las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
También dejó entrever que esta solicitud no lleva dedicatoria a ninguna autoridad en especial, pues la ha solicitado en el caso de 39 distintas instancias federales y gobiernos por recomendaciones no aceptadas, y aseguró que el organismo “no permite ser usado para fines particulares” ni para agendas partidistas o personales.
No es político: Monreal
Ante el debate, el senador morenista Ricardo Monreal sostuvo que el llamado no tenía que ver con un tema partidista o personal: “Es un asunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha solicitado al Senado y depende de la carga de la comisión, pero en cualquier momento se tendrá que dar cuenta y cumplimiento a ese requerimiento”.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no coincidió con esta postura, y a pregunta expresa en la conferencia mañanera del lunes 10, dijo: “Acerca de los derechos humanos, no tengo información puntual. Lo que sí puedo decir es que mis paisanos veracruzanos tienen la dicha de contar con un buen gobernador; Cuitláhuac García es una gente trabajadora y sobre todo honesta, porque Veracruz había padecido de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ahora es algo completamente distinto”.
Luego, tras insistir en que “hay oposición porque Cuitláhuac es recto y no cede al chantaje y habían convertido a Veracruz en un botín”, el presidente aseguró que los señalamientos contra el gobernador son obra de “malquerientes, gente que no está conforme porque ya no tienen los privilegios que tenían antes”.
Anaís Palacios Flores, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dice en entrevista que es grave la postura de no aceptar una recomendación porque significa negar que hay fallas y omisiones en el gobierno: “Se investigan violaciones a los derechos humanos o incluso las omisiones en las investigaciones, faltas al debido proceso, y la tarea del gobierno es aceptar e investigar para evitar la repetición; no tiene que ver con culpables o inocentes”.
A estas recomendaciones de la CNDH se suman otras que aun cuando no corresponden al periodo de Cuitláhuac García, las debe cumplir por estar dirigidas al gobierno de Veracruz.
Es el caso de la recomendación del 24/2019 por la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván en 2013. La CNDH recomendó la reparación económica del daño y una disculpa pública, pero ninguna se ha cumplido. A una solicitud de información hecha vía transparencia, la Secretaría de Seguridad Pública respondió que está a la espera de un dictamen de la Comisión de Atención a Víctimas para cuantificar el monto de la reparación del daño.
La disculpa pública encabezada por Cuitláhuac García y el titular de la SSP se programó para el 11 de enero de este año, pero fue cancelada de último momento por cambios en la agenda del gobernador.
Otro caso emblemático es la recomendación 5VG/2017 por la desaparición de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que fueron detenidos en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016 por policías estatales y después entregados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Celestino Espinoza Rivera, abogado del caso, señaló que el gobierno de Veracruz ha cumplido parcialmente la recomendación de la CNDH emitida en 2017 por la desaparición de los jóvenes, pese a que ya hubo una disculpa pública.
Por ejemplo, no se han aplicado las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la ONU por este caso. La cadena de mando, que incluye al exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, sigue intocable.
