En correspondencia con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, presentó en marzo pasado una iniciativa que reformaría la Constitución Política para que mediante el voto popular se elija a jueces y magistrados del Poder Judicial, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contraparte, el reconocido jurista italiano Luigi Ferrajoli advierte en entrevista que eso es contrario al constitucionalismo y a la lógica del estado de derecho.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el Poder Judicial y los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos.

Así lo considera en entrevista con Proceso el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli, quien enfatiza la importancia de mantener la separación de los poderes democráticos y, específicamente, de que el Poder Judicial permanezca legitimado mediante las leyes y no mediante el voto popular, como se propuso en días recientes en la Cámara de Senadores, en consonancia con la propuesta planteada desde el inicio del sexenio por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jurista italiano, considerado entre los principales teóricos contemporáneos del garantismo jurídico, reconoce que la confrontación constante que hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México es un fenómeno que también se produce en su país natal y afirmó que ese conflicto depende de la legitimación propia de uno y otro poder.

“Este conflicto entre justicia y política, que se ha producido también en Italia, depende de la falta de solución del problema de las fuentes legítimas. El poder político y el poder judicial tienen fuentes de legitimación no solamente diversas, sino opuestas; es decir, el poder político es legitimado en la representatividad, en el carácter representativo de la voluntad popular, y digo esto con muchas comillas porque hay muchos defectos en los mecanismos de representatividad y ésta tiene el poder de producir nuevos derechos, mientras que la jurisdicción tiene como legitimación la actuación de la ley conectada del poder político, porque tiene el deber de actuar lo que la ley, como expresión de la política, ha establecido.”

Sin embargo, señala, esa actuación está vinculada a la verdad procesal según la cual “ninguna mayoría, ningún gobierno, ninguna opinión pública, puede hacer verdadero lo que es falso ni falso lo que es verdadero”.

Por ello, el también profesor emérito de filosofía del derecho de la Università Roma Tre subraya la importancia de la independencia del Poder Judicial y explica que los jueces deben conocer la ley y ejercer su aplicación sin estar condicionados a ningún tipo de consenso.

“Un verdadero juez debe tener la posibilidad y también el coraje de absolver cuando todo el mundo refiere la condena, y de condenar cuando todo el mundo requiere la absolución. Por otra parte, la jurisdicción es también garante de los derechos de los individuos contramayoritarios, es decir, no es la mayoría la que decide en un proceso penal, como en el modelo de crucifixión de Jesucristo, de la justicia de los estadios, del linchamiento o de las formas de justicia popular; ahora sí se debe hacer justicia cognitiva y esto significa que esta separación (de poderes) es la base del respeto recíproco”, explica.

Ferrajoli añade que en la escena pública de los países el Poder Legislativo tiene mayor responsabilidad de la que se cree, pues en la actividad judicial hay una excesiva discrecionalidad cuando las leyes son cada vez menos claras.

“El poder político tiene una sola manera de hacer valer su voluntad: producir leyes claras, distintas, que reduzcan el arbitrio y la discrecionalidad del Poder Judicial, y obviamente, si se produce con el populismo y la demagogia una legislación indeterminada, contradictoria, eso abre espacios inevitables”, indica.

Una propuesta contraria al derecho

En marzo pasado el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa de reforma al artículo 94 de la Constitución para que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos mediante voto popular “en los términos que establezca la ley electoral”.

Armenta, legislador perteneciente a la bancada morenista en el Senado, señaló que con su iniciativa busca que el PJF funcione de la misma forma en que lo hacen el Ejecutivo y el Legislativo, para que sea “la democracia la que les otorgue esos puestos (a jueces, magistrados y ministros) y no una minoría a la que los antes mencionados sientan deberles el puesto y terminen estableciendo una justicia bajo subordinación”.

La propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir a los ministros de la Corte, magistrados electorales, de Circuito, de Apelación, jueces de Distrito y consejeros de la Judicatura Federal en el articulado que establece los cargos de elección popular.

Al ser cuestionado sobre esta propuesta, Ferrajoli señala: “No, eso no es posible, es contrario a la lógica del estado de derecho, porque la legitimación de los jueces no es mayoritaria, es antimayoritaria; no puede ser expresión de la voluntad política mayoritaria ni del pluralismo, no tiene sentido tener jueces de derecha, de izquierda, de centro… el juez debe ser independiente de la política. Es una propuesta contraria a la lógica misma del constitucionalismo y del estado de derecho.”

La propuesta de Armenta fue presentada en el contexto de diversos ataques emitidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra el PJF y la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, en los que el titular del Ejecutivo afirmó que, tras la elección de la primera mujer al frente del Poder Judicial Federal, los jueces han dejado salir más imputados.

“Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo el presidente en su conferencia matutina del pasado 1 de marzo.

López Obrador aseveró que la ministra presidenta Piña descuidó la vigilancia de los jueces, lo que ha provocado el incremento del número de resoluciones desfavorables al gobierno federal.

En cambio, Ferrajoli indica que el incremento global que existe actualmente en las incidencias delictivas produce inevitablemente la intervención judicial ante el peligro a la libertad de las personas, por lo cual es necesario también reducir la arbitrariedad, la confusión y el caos creado por normas poco claras.

Para el jurista, en este sentido es necesario establecer una sola ley penal en la que se estipulen todos los delitos y todas las penas.

Los discursos del presidente contra la titular de la SCJN y los integrantes del PJF derivaron en la quema de un muñeco de Norma Piña en el acto de conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera del pasado 18 de marzo que fue encabezado por López Obrador.

El hecho fue condenado por integrantes de la oposición y posteriormente el presidente intentó unirse a estas condenas reprochando que él también sufrió ataques similares cuando todavía no era mandatario federal, y minimizó los reclamos contra sus seguidores.

Para Ferrajoli esos discursos de odio son el fruto de una demagogia irresponsable que se emite ante el control que deben ejercer los jueces sobre el ejercicio del poder.

“Yo creo que ese odio es el fruto de una demagogia irresponsable, el rol de la judicatura es también un rol de control de la ilegalidad, controla la esfera ilegítima del ejercicio del poder político, y no la esfera legítima, como la corrupción o el mal ejercicio, que son actos ilegítimos, y también leyes inválidas; es decir, tiene una competencia sobre la esfera ilegítima del ejercicio del poder, la esfera legítima es intocable; es la única manera de garantizar no sólo la separación, también el respeto recíproco de que el ejercicio de la política y de la administración se desarrollen de manera legítima, porque la ilegitimidad y la corrupción son no solamente delitos, son también una violación de la democracia”, comenta.

El jurista destaca que cuando un juez participa de actos de corrupción debe ser procesado conforme a las leyes penales y de anticorrupción; asimismo habla de la importancia de reformar las legislaciones en la materia para combatir efectivamente la criminalidad que se comete desde el poder público.

“La corrupción tiene, lamentablemente, un carácter contagioso, es decir que su impunidad produce su desarrollo, y en ese sentido se puede decir que se ha producido en estos años un cambio de la cuestión criminal.

“La criminalidad del poder, tanto de los poderes criminales como de los crímenes de los poderes, esta criminalidad requeriría una reforma del derecho penal, porque no se ha producido un fundamento de la cuestión penal a la altura de la nueva cuestión criminal, que es la criminalidad del poder; esto significaría una reserva de código no solamente de reservas de ley, enfocada a reducir el trabajo de todo el derecho penal burocrático, y sobre todo sería necesario eliminar el derecho penal declamatorio, que no tiene eficacia”, precisa.

Necesario, limitar los poderes públicos

López Obrador ha mostrado constantemente sus deseos de modificar el sistema de pesos y contrapesos establecido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el llamado Plan B de la reforma electoral, con el que busca cambiar la estructura y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral o el veto que dejó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, “inservible” ante la falta de quórum legal para sesionar.

Sin embargo, Ferrajoli considera que la limitación del poder es necesaria para evitar precisamente los conflictos dentro de la esfera pública.

“En una democracia los poderes deben ser limitados por otros poderes, y fragmentados los poderes federales, estatales, políticos: legislativo, ejecutivo, judicial. El verdadero secreto es la conciencia de que el poder, como decía Montesquieu, tiene la tendencia a desarrollarse en forma absoluta y también en formas ilegales, es lamentablemente esa ley de la naturaleza de la que hablaba Montesquieu.

“Esto significa que los contrapesos son esenciales y también es esencial reducir este conflicto. Hemos hablado de la necesidad de una legislación clara, y para el poder político la única manera de vincular la jurisdicción a su voluntad es producir leyes claras”, afirma.

El jurista recuerda que el voto ciudadano legitima al poder político, pero afirma que es necesario que la democracia representativa se vuelva parlamentaria y no presidencial, pues de esa manera se controla también la tendencia absolutista del poder de la que hablaba Montesquieu.

“Una democracia representativa debe ser tendencialmente una democracia no presidencial, pues el presidente, órgano monocrático, no puede representar la complicidad y el pluralismo, y siempre está en peligro de dar una dirección autoritaria al sistema político; segunda condición, el carácter proporcional de la ley electoral, porque todo el mundo debe poder participar; y la tercera, la más importante, es una relación mediada entre ciudadanos e instituciones políticas y mediada entre éstas y los partidos políticos, que deben ser órganos de la sociedad.

“Siempre he teorizado y sostenido la necesidad de repensar el principio de la separación de los poderes señalado por Montesquieu en 1748, para establecer la separación entre los partidos y las instituciones. Los partidos deben ser órganos de la sociedad, que hacen los programas, que lideran las candidaturas, que llaman a responder a los elegidos, pero no deben tener funciones directas de gobierno, contrario a lo que pasa cuando los líderes de los partidos son los gobernantes; el dirigente de partido, cuando queda como gobernante, tiene que entregar su rol a otras personas que puedan controlar el partido; replantear el carácter social de los partidos es una condición para que la participación de los ciudadanos y su voto tenga una función efectiva de selección en el principio de representatividad de la clase política”, expresa.

En este escenario político, Ferrajoli afirma que las garantías primarias las cumplen las instituciones del Estado que se enfocan en brindar servicios de salud, educación, vivienda, protección al medio ambiente, entre otras.

El jurista observa que en México las instituciones encargadas de esas garantías primarias dependen directamente del poder político, pese a que deberían ser independientes.

Y, por otra parte, las instituciones de garantías secundarias están representadas en el Poder Judicial, pues intervienen en casos de violaciones o patologías dentro del sistema, lo que justifica aún más la necesidad de que se mantengan independientes.

“No es el consenso lo que produce la legitimidad de este poder (judicial), porque ninguna mayoría, incluso el consenso o la unanimidad del poder público, puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero, esto implica una independencia radical que naturalmente requiere también una semántica del lenguaje legal”, concluye.

Reportaje publicado el 9 de abril en la edición 2423 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.