Prensa
De los señalamientos estigmatizantes a la agresión directa
En su labor cotidiana de escudriñar al poder, periodistas y medios han sido objeto de la descalificación y la estigmatización por parte del presidente López Obrador. Pero los señalamientos han escalado y, en el caso de Proceso, han pasado a la agresión verbal directa.
En su labor cotidiana de escudriñar al poder, periodistas y medios han sido objeto de la descalificación y la estigmatización por parte del presidente López Obrador. Pero los señalamientos han escalado y, en el caso de Proceso, han pasado a la agresión verbal directa. El 25 de marzo, Jesús Esquivel, corresponsal de este medio en Washington, fue hostilizado por la funcionaria de la SEP Azucena Pimentel. Previamente ella y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, habían solicitado a Twitter suspender la cuenta del periodista.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La escalada de agresiones contra periodistas y medios de comunicación se ha trasladado de las descalificaciones desde el atril presidencial a la intimidación de forma directa. Esto último lo padeció el 25 de marzo J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington.
El reportero “almorzaba con unos amigos en un restaurante de la Ciudad de México, cuando Azucena Pimentel, actual directora de Aprende, de la Secretaría de Educación Pública, acompañada de un hombre, quien dijo ser su esposo, se acercó y le dijo: ‘Yo soy Azucena Pimentel y eres un acosador’, palabra que repitió varias veces”, documentó el martes 4 Artículo 19, organización internacional de defensa de la libertad de expresión.
El capítulo México de Artículo 19, junto con el Comité Internacional de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, expresaron su preocupación de que “en un país donde muchas mujeres son efectivamente acosadas, una funcionaria utilice esta palabra de manera malintencionada para desacreditar la labor informativa de un periodista”.
En 2005 Pimentel era productora en el noticiero Primero Noticias, que conducía Carlos Loret de Mola, cuando ocurrió el montaje de la detención de la francesa Florence Cassez y de Israel Vallarta por el supuesto delito de secuestro, en un operativo de la Agencia Federal de Investigación dirigida en ese entonces por Genaro García Luna, recientemente declarado culpable en una corte de Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.
En su conferencia del 10 de diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la incorporación de Pimentel a la Oficina de Comunicación de la Presidencia a pesar de que trabajaba con Loret de Mola cuando se hizo el montaje.
“Hay que esperar a que ella dé su versión y que explique, por qué presuntamente o supuestamente actúa así, si ella es responsable o no (…) De que está mal un comportamiento de esos, claro que está mal”, respondió.
El 7 de abril de 2021, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, explicó el presunto montaje y habló del testimonio de Laura Barranco –colaboradora de Loret de Mola–, quien en el curso de la transmisión en vivo, “ha señalado que en 13 ocasiones le dijo a Loret: ‘Para ya’”.
En la misma conferencia, durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes cuestionó: “Azucena Pimentel contribuyó a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta (…) ¿Piensa seguir manteniendo en su equipo de Comunicación Social a quien era productora de Primero Noticias?”
El presidente respondió: “Si ella está involucrada en este asunto no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros (…) Pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos”.
Ese día la funcionaria respondió en su blog: “No tuve conocimiento del hecho antes de que se nos informara desde el lugar. Mis acciones y decisiones respondieron exclusivamente a la información que llegaba en el momento y a lo que veía y escuchaba en un monitor al igual que millones de personas lo hacían en sus casas”.
La respuesta del vocero presidencial no llegó. “Desde entonces, J. Jesús Esquivel solicitaba a Ramírez Cuevas, vía su cuenta en Twitter, la información que el presidente prometió. Pasaron meses, y en diciembre pasado, Twitter Estados Unidos suspendió la cuenta del periodista. Cuando Jesús interpone una revisión ante la plataforma, ésta le contesta que las cuentas de dos funcionarios públicos: @JesusRCuevas y @Pimentela_, es decir de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, y Azucena Pimentel, funcionaria de la SEP, habían solicitado la suspensión”, indica el comunicado de las tres organizaciones internacionales.
De acuerdo con el sitio de servidores públicos, Pimentel Mendoza inició en una dirección del área de Comunicación Social de la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y ahora es directora general de AprendeMx, de la SEP, con un salario bruto mensual de 147 mil 757 pesos. Entró a la coordinación del programa el 1 de mayo de 2021.
Descalificación presidencial
Esta intención de suspender cuentas de redes sociales de periodistas va a la par de lo que diario se escucha en las conferencias matutinas, en voz del titular del Ejecutivo Federal, donde si alguno de los representantes de medios cuestiona al político en el poder, se le acusa de ser vocero de la oposición.
Este semanario también ha sido objeto de reiterados señalamientos negativos desde la tribuna presidencial. El 17 de octubre de 2022 acusó a Proceso de hacer un “periodismo conservador, al servicio de minorías corruptas”, en respuesta al reportaje del reportero de esta casa editorial, Mathieu Tourliere, publicado en el sitio web el 5 de octubre de 2022, en el que se informó de la supuesta protección al narcotráfico por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco.
“Cuando era gobernador de Tabasco, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (aspirante presidencial), entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC”.
Una de las reacciones del presidente fue: “Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear”.
–¿La Sedena no saldría a negar que son reales estos informes, en todo caso? –se le preguntó.
–No, pero no voy a polemizar contigo –contestó.
–¿Por qué?
–Porque tú traes un propósito, o sea, es una línea del Proceso, como el Reforma, como El Universal (…) Son campañas sucias, guerras sucias.
Enseguida ordenó a su vocero proyectar el poema de Rubén Darío “La calumnia” que, dijo, “es la réplica a Proceso” y lanzó otra declaración: “A mí me repiten mucho: ‘Oiga, si ladran es porque vamos caminando’, yo lo diría de otra manera, yo diría como el liberal Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento (…) Con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno”.
Después del poema dijo “Posdata: dirigido al hampa del periodismo”.
El 10 de marzo de este año la reportera de Animal Político Nayeli Roldán expuso la investigación que varios medios, entre ellos Proceso, publicaron sobre el uso de Pegasus por parte del Ejército para espiar a un defensor de derechos humanos y otros dos civiles.
Al solicitar que el general Audomaro Martínez acudiera a explicar la base legal del espionaje, el Ejecutivo federal contestó: “No tienen por qué venir, nosotros informamos, hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando (…) no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros (…) ustedes no van a poner la agenda, ¿por qué? O sea, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse”.
La agenda, como se ha visto, sí se puede poner cuando se trata de temas relacionados con programas sociales, aún en vísperas de procesos electorales.
El 23 de marzo de este año el reportero Mathieu Tourliere, que ha investigado la utilización de Pegasus por parte de Sedena, señaló que no se ha cumplido la instrucción presidencial de transparentar el contrato que la Defensa Nacional firmó en 2019 con una empresa que contaba con la representación para vender la tecnología de NCO Group, que ofrece el software intrusivo.
“Yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé ustedes de dónde están sacando la información, quién se las está entregando. Entonces debo de tener cuidado”, respondió el mandatario.
Al aclararle que la información vino del hackeo del Colectivo Guacamaya, por la vulnerabilidad que presentaron los sistemas de seguridad de la Sedena, el encono escaló.
“Ah, fíjese, ya nos vamos entendiendo. ¿Quién es Guacamaya?”, dijo.
–Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado –replicó el reportero.
–Yo sospecho que (Guacamaya) son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González –dijo el mandatario, sin que hasta el momento su gobierno esclarezca por qué fue posible el hackeo.
“Entonces, ¿qué quiere Proceso? ¿qué es lo que busca?, ¿que puedan los delincuentes –y aquí no sólo estoy hablando de la delincuencia organizada, sino los de cuello blanco, porque se alimentan y se nutren mutuamente– quieren que el gobierno entre en crisis?, ¿que haya un descontrol completo por la inseguridad, por la violencia?”, responsabilizó el presidente.
Y remató: “Ahora la confrontación es porque Proceso se derechizó, se volvió conservador, un vocero más del conservadurismo”.
Obstáculos a la labor periodística
En noviembre de 2018, como presidente electo, arremetió contra Proceso por la portada de la edición 2192 titulada: “AMLO se aísla. El fantasma del fracaso”.
“La ‘plausible’ decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma constitucional y un acompañamiento del Congreso y de su gabinete, porque si la emprende solo, así sea el jefe de Estado, fracasará, advierte el constitucionalista Diego Valadés”, se lee en la nota firmada por el periodista Álvaro Delgado.
El tabasqueño respondió en un video: “Hubo polémica, una revista sacó una foto, no sólo la de la portada, sino también al interior, una donde aparezco así ya decrépito, chocheando y el título de la portada es de que estoy solo y que se avizora el fracaso, muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal”.
Desde entonces el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, fue enfático en cerrar la posibilidad de una entrevista: ni con Proceso, “ni con ningún otro medio”, debido a que el semanario solicitó una réplica con López Obrador.
El vocero también ha limitado la cobertura de eventos relevantes del presidente, como el levantamiento de imágenes de las reuniones bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y Canadá, Justin Trudeau, con el pretexto de que hay requisitos que no se cumplen. Lo mismo ocurrió cuando impidió la entrada de este semanario a una reunión del gabinete de seguridad, a la que la prensa fue invitada por el propio presidente.
Las palabras desde el atril presidencial se han trasladado a agresiones verbales en eventos multitudinarios, como sucedió durante el 85 aniversario de la expropiación petrolera, en el Zócalo.
Los asistentes de diferentes estados mostraban amabilidad con los medios, hasta la llegada de un grupo que se introdujo específicamente alrededor del templete de prensa. Entonces comenzaron las agresiones orquestadas, en su mayoría, de forma específica: “Fuera Proceso”, “fuera Dalila”, “chayoteros”, gritaban y acompañaban las frases con señas obscenas que quedaron registradas en videos y con algunos intentos de alcanzar la agresión física.
En Voces contra la indiferencia: informe anual 2022, Artículo 19 registró que el año pasado “en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal”.
En enero de este año Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de ONU-Derechos Humanos afirmó que en México “es fundamental que las autoridades a todo nivel condenen pública e inequívocamente todo ataque contra la libertad de expresión y que apoyemos estrategias integrales que reviertan esta grave tendencia”.
