En el proceso de reforma de las pensiones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desoyó advertencias, enojos y denuncias. Incluso pretendió justificar su posición argumentando que “la multitud no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa soberano a través de sus representantes electos”, pero esa frase provocó aún más indignación social y radicalización en las protestas. Para contrarrestarlas, el gobierno francés ha lanzado a las fuerzas de seguridad a reprimirlas severamente, lo que ha generado una espiral de enfrentamientos.

PARÍS (Proceso).— “¡La autoridad judicial no está al servicio de la represión del movimiento social!”, proclama el Sindicato de la Magistratura (SM). “Violencia policial, detenciones masivas: se busca intimidar a los manifestantes y poner fin al movimiento social!”, denuncia el Sindicato de los Abogados de Francia (SAF). “Las intervenciones de las fuerzas del orden son desproporcionadas. Es una violación al derecho a manifestarse”, se indigna Patrick Baudouin, presidente de la Liga de los Derechos Humanos (LDH), quien habla inclusive de “una situación particularmente alarmante para la democracia”.

Desde el jueves 16, día en que la primera ministra Elisabeth Borne activó el artículo 49.3 de la Constitución para imponer la polémica reforma de las pensiones de Emmanuel Macron sin someterla a votación de los diputados, crecen las protestas y movilizaciones espontáneas en toda Francia.

Se iniciaron la misma noche del jueves 16 al viernes 17, siguieron durante todo el fin de semana y cobraron aún más fuerza el lunes 20, cuando la moción de censura al gobierno, presentada por un grupo parlamentario transpartidista, fue rechazada por una muy leve mayoría de apenas nueve votos en contra.

El miércoles 22 el Ministerio de Interior y los sindicatos coincidieron –hecho excepcional– en contabilizar mil 200 manifestaciones y acciones de repudio contra la reforma y el 49.3 a nivel nacional.

“Estos movimientos se dan para denunciar el acto de fuerza del gobierno. Pero una vez más la reacción de las fuerzas del orden son desmedidas y particularmente violentas”, acusa el Sindicato de los Abogados de Francia que hace la lista de los abusos policiales.

Tanto en París como en varias ciudades de provincia, dicen, las fuerzas del orden cargan sin previo aviso verbal, provocando movimientos de multitudes peligrosos para manifestantes y paseantes. También acorralan y rodean a los manifestantes sin dejarles salida alguna, para poder detenerlos masivamente, haciendo caso omiso del Consejo de Estado que dictaminó hace dos años la ilegalidad de esa llamada “táctica de nasa de pescar”.

En sólo cinco días, del 16 al 21 de marzo, las fuerzas del orden arrestaron a 850 personas en todo el país. La mayoría salió libre de cargos, pero después de muchas horas de custodia.

“No se trata de situaciones individuales aisladas, sino de una doctrina deliberada y asumida, cuyo objetivo no es tanto mantener el orden como intimidar a los manifestantes”, recalca el SAF.

Precisa Claire Dujardin, presidenta del sindicato: “No hay que olvidar que la policía registra la identidad de los detenidos, les toma fotos y huellas digitales. Eso puede disuadir a la gente de seguir manifestándose”.

“Por si eso fuera poco –agrega Dujardin–, crece el número de expulsiones violentas de huelguistas que controlan entradas y salidas de sus lugares de trabajo, así como detenciones y enjuiciamiento de los ‘Robin de los Bosques’, (integrantes de la Confederación General del Trabajo de las electrificadoras que protestan contra la reforma de las pensiones dando acceso gratuito a la luz a personas de escasos recursos).”

El Sindicato de la Magistratura coincide con el SAF. Alerta:

“Vimos escenas indignas de una democracia: policías ejerciendo violencia ilegítima contra manifestantes y street medics (médicos que, vestidos de blanco, brindan primeros auxilios a los heridos en las protestas), decenas de manifestantes detenidos colectivamente y forzados a permanecer sentados en el suelo con las manos en la cabeza, periodistas amenazados o golpeados mientras reporteaban…”

Y agrega: “Detrás de esas imágenes están las directivas que el Ministerio del Interior envió a todos los prefectos de Francia y las órdenes que dio a las fuerzas de seguridad de reprimir las manifestaciones en todo el país. El gobierno sigue despreciando el movimiento social. La violencia no deja de crecer.”

Detenciones abusivas

La secretaria general del Sindicato de la Magistratura, Nelly Bertrand, enfatiza que del 16 a 17 de marzo la policía mantuvo bajo custodia a 292 personas en París. Después de examinar sus casos, los jueces únicamente sometieron a procedimientos penales a nueve detenidos.

“Hay un abuso de la custodia, que en realidad se emplea para impedir concentraciones de manifestantes e infundir miedo. Debemos rechazar la transformación de un procedimiento penal en instrumento de mantenimiento del orden. El papel de la autoridad judicial es garantizar los derechos y las libertades de las personas. Por lo tanto, debemos protegerlas en el ejercicio de sus derechos esenciales a la democracia: las libertades de expresión y de manifestación.”

El presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Patrick Baudouin, preocupado por los brotes esporádicos de violencia que surgen durante estas protestas callejeras espontáneas, precisa:

“El Ministerio del Interior asegura que lucha contra el desorden. Pero se le ve como un pirómano que no logra apagar el incendio. No debe perderse de vista que la causa de estas manifestaciones es el empeño del poder en imponer su reforma como dé lugar. En su amplia mayoría las marchas son pacíficas, pero degeneran cuando por una u otra razón intervienen policías que actúan con una brutalidad que recuerda la violencia ejercida contra el movimiento de los chalecos amarillos.”

En particular a Patrick Baudouin le indigna el despliegue de las Brigadas de Represión de Acciones Violentas (BraV), temibles policías motorizados.

“La sola aparición de los BraV es percibida como sumamente agresiva por los manifestantes y lógicamente desencadena reacciones violentas”, deplora.

Al unísono con los abogados, los magistrados y las ONG, los partidos de oposición y los medios de comunicación denuncian también la represión “desmedida” a las protestas improvisadas contra el 49.3.

La defensora de los Derechos, Claire Hédon, publicó el martes 21 un comunicado de prensa en el que manifestó su preocupación ante la actuación de la policía, señalando en particular las “denuncias de detenciones preventivas de manifestantes y de personas que se encontraban a proximidad de las manifestaciones”.

“Eso puede generar medidas de privación de libertad desproporcionadas y favorecer tensiones”, advierte Hédon.

Autoridad administrativa independiente inscrita en la Constitución, la institución del Defensor de los Derechos es la autoridad de control externo encargada de velar por el respeto de las reglas de deontología por parte de los responsables de la seguridad. Sus intervenciones públicas, siempre expresadas en términos medidos sin dejar de ser severas, tienen mucho peso en Francia.

Fiel a sí mismo, Emmanuel Macron desoyó advertencias, indignación y denuncias.

Peor todavía, dos días antes de la novena movilización nacional contra la reforma de las pensiones y el 49.3, el presidente enfatizó en una reunión con los diputados de su partido que “la multitud no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa soberano a través de sus representantes electos”.

La reacción del presidente de la Liga de los Derechos Humanos resume el sentir general: “Lo que ‘olvida’ Emmanuel Macron es que la reacción de la calle es legítima porque existe un movimiento de gran envergadura, mayoritario y profundamente hostil a la reforma de las pensiones y a lo que pasó en el parlamento. Decirnos ahora que esa movilización carece de legitimidad es profundamente provocador y además es históricamente erróneo. De nuevo se echa leña al fuego.”

El retador

Al día siguiente, interrogado sobre esa frase en una entrevista televisada –la primera después de semanas de silencio–, Macron fue más provocador aún al aludir de manera descabellada a la invasión del capitolio por los partidarios de Donald Trump y al asalto del Palacio Presidencial por los seguidores de Jair Bolsonaro.

Esa comparación creo tanta estupefacción y despertó tanta indignación en Francia que Stéphane Séjourné, secretario general de Renacimiento, tuvo que intervenir de emergencia para tratar de matizar el improperio presidencial:

“El presidente no comparó a los manifestantes con los partidarios de Trump en el Capitolio. En cambio condenó a quienes causan estragos en las calles y atacan nuestras instituciones en actos de tipo insurreccional…”, explicó sumamente incómodo refiriéndose a algunos ataques contra sedes locales de diputados macronistas o de parlamentarios de derecha que apoyan la reforma de las pensiones .

Pero no convenció a nadie ni apagó la rabia que la soberbia presidencial atiza día tras día.

En el colmo de la humillación para Emmanuel Macron, el viernes 24 la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, manifestó su inconformidad con la actual política de mantenimiento del orden en Francia. Lo hizo en un extenso comunicado de prensa en el que destacó:

“Las condiciones en que las libertades de expresión y de reunión se ejercen en Francia en el contexto de la movilización social contra la reforma de las pensiones son preocupantes.”

Señaló que existe un uso excesivo de la fuerza, además de las detenciones y custodias abusivas, y un regreso a “prácticas policiales usadas contra los chalecos amarillos” que ya habían sido condenadas en 2019 en el contexto de su responsabilidad en el seno del Consejo de Europa.