Francia
Las multitudinarias manifestaciones que Macron no ve ni escucha
Francia está inmersa en una pugna por saber quién tiene más fuerza: el presidente Emmanuel Macron, que busca imponer una reforma a las pensiones, que esencialmente aplaza dos años la edad de jubilación, o los millones de franceses que han salido a las calles para protestar.
Francia está inmersa en una pugna por saber quién tiene más fuerza: el presidente Emmanuel Macron, que busca imponer una reforma a las pensiones, que esencialmente aplaza dos años la edad de jubilación, o los millones de franceses que han salido a las calles para gritarle a su presidente que imponer más sacrificios a los trabajadores dista de ser la única solución para salvar el sistema. Como ninguna de las dos posiciones cede, la nación gala acumula energía, cuya tensión se puede liberar con desastrosas consecuencias.
PARÍS (Proceso).– “Desde el 19 de enero la población se moviliza contra la reforma de las pensiones (…) Hasta la fecha esas movilizaciones masivas encabezadas por un frente intersindical unido no han recibido la mínima respuesta de parte del gobierno. Semejante situación no puede durar más. El silencio del presidente constituye un grave problema democrático que lleva inevitablemente a una situación que puede volverse explosiva. Por lo tanto, consciente de la gravedad del momento, el frente intersindical le solicita por correo una cita urgente para pedirle que retire su reforma.”
Rodeada por los dirigentes de las ocho principales confederaciones sindicales de Francia y de cinco organizaciones de defensa de la juventud, Patricia Drevon, alta responsable de Fuerza Obrera, se expresa en tono grave y decidido.
Es el martes 7. Son las 8:30 de la noche. Acaba de terminarse la sexta jornada de huelgas y marchas de protesta contra la reforma de las pensiones en menos de dos meses.
A lo largo de todo el día, 3 millones 500 mil manifestantes desfilaron en más de 300 ciudades de Francia, según aseguran los organizadores. Una cifra récord. Y aun si el Ministerio del Interior afirma haber registrado 1 millón 280 mil personas en las calles galas, voceros del gobierno reconocen una “fuerte participación popular” a esas marchas.
Paralelamente a la movilización callejera perturbaron la actividad económica del país huelgas de conductores de tren y metro, controladores aéreos, camioneros, trabajadores de refinerías y del sector energético, sin hablar del paro del personal de la educación nacional que causó el cierre de una multitud de centros de estudios y del personal médico de los hospitales públicos o de los recolectores de basura. La lista no es exhaustiva.
Que le guste o no al presidente, Emmanuel Macron, una mayoría creciente de franceses –entre 64% y 72%, según distintos sondeos de opinión– se opone a su reforma de las pensiones y 59% de ellos afirma aprobar la perspectiva de huelgas indefinidas que está poniendo en marcha el frente intersindical.
La meta es lograr que la presión del sector empresarial adicionada a la de la calle obligue al gobierno a renunciar a sus dos medidas emblemáticas: aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y subir de un año (de 42 a 43) el periodo de cotización necesario para disfrutar de una pensión completa.
El Ejecutivo defiende estas medidas con uñas y dientes. Son indispensables, dice, para garantizar la viabilidad del sistema pensional amenazado en las próximas décadas por el envejecimiento de la población gala.
Pensiones impredecibles
Además de los gremios, rechazan la reforma el Partido Socialista y el Partido Comunista, las distintas formaciones ecologistas y la izquierda radical Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon, al igual que la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.
También la denuncian prestigiosos economistas que al filo de análisis meticulosos del proyecto de ley y de las promesas gubernamentales evidenciaron numerosas contradicciones, “verdades a medias” e inclusive “mentiras descaradas”.
Entre estas “manipulaciones” destaca el anuncio enfático de una pensión mínima de mil 200 euros para jubilados –no se precisó su número– que recibirán pensiones muy bajas, a pesar de haber cumplido todos los requisitos previstos por la ley.
Acorralado por economistas y diputados de izquierda, Olivier Dussopt, ministro del Trabajo, mencionó primero la cifra de 40 mil futuros beneficiarios, pero, cuestionado de nuevo, tuvo que reconocer que sólo “entre 10 mil y 20 mil personas” serían favorecidas.
Del mismo modo se desinflaron totalmente afirmaciones de Dussopt y Elizabeth Borne, primera ministra, según las cuales la reforma iba a corregir las desigualdades que gangrenan el sistema actual de pensiones favoreciendo en particular a las mujeres, los trabajadores que integraron el mundo laboral a temprana edad y los asalariados mayores de 55 años.
Más larga es la lista de los “engaños” del gobierno destapados en las últimas semanas, pero la quiebra del sistema de pensiones por repartición presentada como ineludible si los franceses no aceptan trabajar más tiempo y cotizar más fue la que concentró las críticas más acerbas de eminentes expertos independientes.
Todos coinciden: el sistema de pensiones depende de tantos parámetros complejos e inestables que nadie puede predecir su futuro a ciencia cierta. En cambio, recalcan, imponer más sacrificios a los trabajadores franceses dista de ser la única solución para salvar el sistema. Existen alternativas, insisten, entre ellas: aumentar ligeramente bases de cotizaciones de empleadores y empleados, reducir los 200 mil millones de euros anuales de subsidios otorgados por el gobierno al sector privado, reactivar una parte de los impuestos sobre los ingresos del capital intocados desde 2018…
Todos aseguran además que reformar las pensiones en el actual contexto francés dista de ser una prioridad.
Es precisamente lo que acaba de enfatizar Jacques Attali en el diario Les Echos. Economista y analista político, asesor presidencial de François Mitterrand durante 10 años, Attali, que lleva más de cuatro décadas navegando en las altas esferas del poder en Francia, fue el mentor de Emmanuel Macron.
En 2007 “descubrió” a ese brillante joven inspector de Hacienda y lo integró de inmediato a la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés que dirigía a solicitud del entonces presidente Nicolas Sarkozy. Luego lo presentó a François Hollande, quien acabó confiándole el Ministerio de la Economía, la Industria y la Transformación Digital en 2014. Ese cargo importante sirvió de trampolín a Macron para lanzarse como candidato a la presidencia en 2016.
La nota de opinión que esa eminencia gris de la política gala pública en Les Echos es implacable para el jefe de Estado aun si nunca menciona a Macron por su nombre.
Después de hacer la lista de las reformas realmente apremiantes que requiere el país –educación pública, sistema hospitalario, cambios institucionales, mutación ecológica…–, Attali se pregunta por qué “se incluyó” en esa lista “un ajuste marginal de eventuales y lejanos déficits de los regímenes de pensiones”. Y agrega: “No se hubiera descartado el análisis de los expertos más agudos del país que consideran que ese ajuste dista de ser urgente”.
Y asesta: “Veo una sola explicación: se prometió hacer esa reforma y se decidió hacerla porque aparentemente era la más fácil. Es un poco como el borracho que busca sus llaves en la luz de un farol no porque allí las perdió, sino porque allí hay luz”. Attali sugiere a modo de conclusión que la mejor opción sería renunciar a esa reforma.
En vano. El presidente no hace caso a nadie.
“En realidad Emmanuel Macron convirtió esa reforma en asunto personal”, deplora Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien, al igual que sus homólogos del frente intersindical, observa con inquietud las repercusiones cada vez más alarmantes del “empeño soberbio” del jefe de Estado en no tomar en cuenta la fuerza de la movilización que se extiende a todo el territorio francés.
Según las cifras de los sindicatos de los 3 millones 500 mil franceses que salieron a las calles el 7 de marzo, 700 mil lo hicieron en París y los demás –o sea 2 millones 800 mil (1 millón 200 mil según el Ministerio del Interior)– se manifestaron en grandes ciudades de la provincia, pero sobre todo en ciudades medianas y pequeñas.
Se calcula que en estas últimas entre 12 y 25% de la población se volcaron a las calles. Es un fenómeno a la vez histórico e inédito, aseguran sociólogos e historiadores, ya que en estos municipios la influencia de los partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales bajó muchísimo en los últimos años.
El detonante
¿Cómo explicar esa situación? Según Axel Bruneau, historiador, coautor de un informe sobre el tema publicado por la Fundación Jean Jaurès, grupo de análisis y reflexión política de referencia en Francia, las consecuencias de la reforma de las pensiones serán sin lugar a duda más dolorosas en estas ciudades medianas y pequeñas que cuentan con una proporción de trabajadores manuales, artesanos, obreros o empleados desempeñándose en servicios de atención personal superior a la que existe en las grandes zonas urbanas.
En algunas ciudades medianas inclusive los principales empleadores públicos son los ayuntamientos y los hospitales públicos. Muchos asalariados en todos estos municipios empiezan a trabajar antes de haber cumplido 20 o 22 años y, por lo tanto, serán los primeros ‘castigados’ por el aumento de la edad mínima legal de jubilación a los 64 años.
Precisa por su parte Willy Pelletier, sociólogo, catedrático de la Universidad de Picardie-Jules Verne (norte de Francia) y coordinador de la Fundación Copernic, grupo de reflexión sobre problemáticas sociales:
“La movilización actual en las ciudades medianas y pequeñas rebasa la oposición a la reforma de las pensiones. En realidad, concentra todas las frustraciones y el coraje que provocan la inflación, el creciente costo de los artículos de primera necesidad, el alza del precio de la gasolina (indispensable en estos territorios que carecen de buenos servicios de transporte publico) y la poca atención que les presta el poder central.”
El sociólogo insiste en que millones de franceses que viven en estos municipios se sienten marginados y despreciados. Además de transporte público, carecen de médicos, de comercios y espacios de sociabilidad, de escuelas para sus hijos…
Fueron esos sentimientos de abandono y humillación que expresó el movimiento de los chalecos amarillos –surgido justamente en estos territorios olvidados–, por lo menos en su fase inicial de noviembre y diciembre de 2018.
Y no es casual si vuelven a aparecer estos mismos chalecos amarillos en las marchas de protesta de la Francia profunda y también en las grandes urbes. Pero ahora se manifiestan en el marco de un movimiento organizado y supervisado por un frente sindical unido que sabe evitar provocaciones y desbordamientos, y lleva su lucha en forma pacífica.
¿Hasta cuándo? Intensas son las discusiones en el seno de la coalición gremial. Y en ellas por supuesto abundan las referencias a los chalecos amarillos que sumaron 280 mil personas en el momento más álgido de su movimiento y acabaron “arrancando” 17 mil millones de euros de subsidios al gobierno.
“¿Acaso hay que quemar coches y sembrar el caos para que ese gobierno nos escuche?”, pregunta Renaud Henry, alto responsable de la CGT de Marsella y advierte: “Por el momento, los sindicatos logran canalizar el coraje de los manifestantes y organizarlos, pero no lo podrán hacer de forma indefinida”.
Los líderes sindicales reconocen la necesidad de no limitarse a “la rutina de las manifestaciones” y de “instaurar una correlación de fuerzas más agresiva” con el gobierno.
Es la razón por la que empezaron a endurecer sus acciones iniciando a partir del martes 7 huelgas renovables que estorban –sin paralizarlo– el funcionamiento de sectores esenciales de la economía, como las refinerías, puertos, centros de energía eléctrica, transportes ferroviario y aéreo, la recolección de basura.
El frente sindical que de todos modos no abandona la presión callejera, convocó nuevas marchas de protesta en todo el país, una el sábado 11, para dar oportunidad de manifestarse a quienes no lo pueden hacer en días de semana, y el miércoles 15, día en que una comisión mixta paritaria integrada por siete senadores y siete diputados analizará el texto del proyecto de ley de reforma de las pensiones revisado por el Senado.
Se intensifica la prueba de fuerza entre Emmanuel Macron y millones de franceses.
