El decreto presidencial que restringe el uso de glifosato y prohíbe la siembra de semillas de maíz transgénico –a partir de marzo de 2024– pone en riesgo la producción de alimentos en el país, según el representante de los fabricantes de agroquímicos; también advierte que los programas oficiales están orientados a “comprar gente”, y la falta de vigilancia ha derivado en la proliferación de plaguicidas piratas, poniendo en riesgo a miles de campesinos y consumidores.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dos visiones acerca del campo se enfrentan después de la aparición del decreto que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Por un lado, el lobby agroquímico defiende el uso “responsable” de herbicidas y semillas transgénicas y, por el otro, funcionarios públicos pugnan por una transición agroecológica comunitaria.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero último establece como fecha límite el 31 de marzo de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato, una sustancia química que altera el ecosistema, probablemente cancerígena y objeto de disputas políticas en todo el mundo. Sin embargo, los fabricantes de agroquímicos no están satisfechos con el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su restricción provocaría un impacto económico negativo.

Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), considera que las decisiones tomadas por el Ejecutivo en materia agrícola son sesgadas e incluso dogmáticas, con bases científicas frágiles que se disuelven como herbicida en el agua.

–¿En qué forma prohibir los plaguicidas afecta la producción nacional?

–Prohibir no es la alternativa. Detrás de la prohibición hay mucho estudio científico por hacer. Algunos países que eliminaron plaguicidas con base en el criterio de la toxicidad sufrieron un impacto económico más grave porque ya no pudieron controlar las plagas. El gobierno tiene que informar a los campesinos y uno de los organismos responsables es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en su lista aún mantiene productos tóxicos que desaparecieron hace más de 12 años.

–¿Cómo ha sido la respuesta de la Cofepris?

–Tenemos socios dentro de la Unión que en este gobierno no han sacado un solo registro y eso entorpece el crecimiento. A alguien por ahí se le ocurrió que los orgánicos no deben registrarse porque son orgánicos. El ántrax es orgánico y puede venir en bolsas. Los virus son orgánicos y pueden venir en cualquier envase. Entonces los plaguicidas tienen que registrarse, evaluarse y estudiarse.

–¿Se garantiza la inocuidad de los productos que consumimos?

–No hay nada inocuo, por ejemplo, el agua no es inocua. El problema es que este país no tiene agua potable. No hay una sola planta potabilizadora del gobierno que haga una verdadera potabilización del agua.

En el registro sanitario de la Cofepris se contabilizan 171 productos que contienen glifosato como ingrediente activo. Glyfort, Roundup, Faena, Coloso, Cacique, Nobel, Lafam, Eurosato y Agroma son algunas de sus presentaciones comerciales. Entre las empresas que lo venden –muchas de ellas con vigencia indeterminada– se encuentran, Agricultura Nacional, Dow Agrosciences, Agroquímicos Versa, Petroagro y Velsimex, además de las fusiones trasnacionales Bayer-Monsanto y Syngenta-ChemChina.

Según cálculos de la UMFFAAC, el mercado de agroquímicos en el país tiene un valor anual aproximado de más de 15 mil millones de pesos, es decir, casi el mismo monto presupuestario del programa oficial Fertilizantes para el Bienestar este año.

–¿Cómo vislumbra la situación del campo en el país?

–Se ve complicada porque, bien o mal, los gobiernos del pasado han hecho programas que han afectado al campo de una forma o de otra. El gobierno actual desarmó esos modelos, pues los apoyos no van orientados realmente al campo, sino a un tema electoral como la compra de votos. Por ejemplo, la entrega de fertilizantes ha sido un desastre porque llegan cuando ya no se necesitan. El campo y lo que viene alrededor de él no va para bien y estamos notando cómo el agricultor está desistiendo para sembrar en algunas zonas.

En julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de 500 millones de dólares para rehabilitar y construir plantas de fertilizantes que surtirán de manera gratuita a dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Un año antes, en abril de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que no se acreditó la distribución de 170 mil 988 sacos de fertilizante –por un monto de 82 millones 104 mil 300 pesos– en los 125 Centros de Distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encargados del programa Fertilizantes para el Bienestar (Proceso 2394).

–¿Han existido avances en el gobierno de López Obrador?

–Veo más retrocesos que avances. Hemos crecido en las exportaciones del sector agropecuario, pero no es por apoyo de los programas oficiales, al contrario, vemos que el gobierno no ve con buenos ojos el crecimiento de las empresas privadas en la producción agropecuaria. Sin embargo, uno de los grandes errores del último año es la mala orientación de los recursos al campo.

Para González, además de que López Obrador convirtió los programas de apoyo al campo en una plataforma clientelar, otro de los problemas es la presencia de una fisura entre los funcionarios que se alimenta de contradicciones.   

–¿Qué papel ha jugado la Secretaría de Agricultura?

–El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, tiene sentado en la misma mesa a Víctor Suárez Carrera, que de alguna manera tiene una ideología y un concepto del campo fuera de la realidad. Hay una separación entre el secretario y el subsecretario: uno va para el norte y otro para el sur. Villalobos tiene una visión de tecnificar al campo y de apoyar a los productores; Suárez ve un México como de los años setenta: es un ideólogo tratando de volver a la milpa de subsistencia y resistencia.

–¿Hay una romantización del campo?

–Si hablamos de romantización, hay una relación tóxica, para ponerlo en términos coloquiales. Los programas oficiales no van orientados al crecimiento, están orientados a comprar gente.

El decreto propone al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como instancia para apoyar las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones para buscar alternativas al herbicida. Además, se le confiere la competencia para recomendar anualmente la cantidad de glifosato autorizado a particulares para su importación.

–¿Qué opinión le merece la política en ciencia de María Elena Álvarez-Buylla Roces?

–La directora del Conacyt no ha venido a ayudar a mejorar la ciencia y tecnología. Al final quien vende la tecnología son las empresas, el gobierno está atrapado en un círculo vicioso de pagar y gastar.

–¿Prevalece un radicalismo ideológico?

–Definitivamente. Yo creo que al presidente le han hecho llegar ideas que no estaban en su cabeza. Mucho es el idealismo que no lo deja pensar, pareciera que hay gente con un dejo de venganza, tratando de hacer lo que nunca pudieron hacer hace 20 años, con información obsoleta.

–¿Qué papel juega la ideología en el uso de agroquímicos?

–Desafortunadamente lo están poniendo como un tema fatalista. No podemos pensar que todos los agricultores hacen mal uso de los plaguicidas. Hay agricultores verdaderamente tecnificados, que tienen ciencia y conciencia de lo que están aplicando y que además cuidan mucho, porque al final su fruta va a estar en un supermercado. Los plaguicidas tienen miles de años de uso. El azufre, el sulfato de cobre y la cal son plaguicidas. Cuando se ve como algo tóxico es ver el lado negativo. Si el gobierno quiere ser un regulador en la materia, pues la gente que está ahí no conoce, son ideólogos que no lo están haciendo científicamente.

En agosto de 2020 el tema del glifosato dividió al gobierno federal, cuando se filtró a los medios un audio donde el extitular de la Semarnat Víctor Manuel Toledo Manzur criticaba abiertamente el poder de Alfonso Romo, el exjefe de la Oficina de la Presidencia cuestionado por devastar mantos acuíferos en la Península de Yucatán, señalándolo como “el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología” (Proceso 2301).

Apenas el 10 de enero último, López Obrador anunció que Romo Garza volverá a operar para el gobierno mexicano, en un nuevo “comité conjunto” destinado a planear el regreso de las industrias en América del Norte.

Derivado del desorden político al interior del gobierno federal, González Cepeda también alerta sobre la piratería de plaguicidas.

–¿Qué papel juega la aduana en el ingreso de ese tipo de plaguicidas?

–Es una coladera. La ley establece que quien distribuya, fabrique o comercialice un plaguicida sin el registro correspondiente va a la cárcel. Plaguicidas piratas hay por todos lados porque hay forma traerlos de Estados Unidos, Guatemala, India o China. En 2021 el Observatorio Ciudadano calculó en alrededor de 200 millones de dólares la venta de plaguicidas ilegales. Si la autoridad dice que los plaguicidas son muy tóxicos, que revise los permisos de importación, contenedores, y que no deje pasar un solo kilo debidamente regulado, registrado y con autorización.

Resquicios

La organización Sin Maíz no hay País, integrada por diversos colectivos sociales y ambientales, ha manifestado reiteradamente la urgencia de llevar a cabo una transición agroecológica a fin de eliminar el uso de semillas transgénicas y plaguicidas altamente peligrosos. Sin embargo, han señalado que existe una visión retrógrada en defensa de los intereses de la élite agroempresarial y las transnacionales que controlan las semillas, así como los plaguicidas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2421 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.