Pese al inédito fallo de la Corte que cancela dos concesiones de la Minera Gorrión, la subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd. ha sustituido con artilugios a autoridades locales, con el objetivo de comprar conciencias y forzar la explotación de oro y plata, advierten habitantes de Santa María Zotoltepec y de Zacatepec, localidades próximas a la zona donde la empresa pretende explotar una mina a cielo abierto.

SANTA MARÍA ZOTOLTEPEC, PUE. (Proceso). - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, desde el 16 de febrero de 2022, las dos concesiones con las cuales Minera Gorrión (MG), subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd, inició exploraciones en esta región. Pero lejos de frenar actividades, la empresa ha intensificado su presencia en este municipio, al grado de establecer una especie de tutela sobre las dos comunidades más cercanas a su proyecto.

“Aquí, la minera está en todo, prácticamente se ha apropiado de nuestras comunidades”, advierten habitantes de Santa María Zotoltepec y de Zacatepec, las localidades más próximas a la zona donde la empresa ha encontrado yacimientos de oro y plata que pretende explotar con una mina a cielo abierto.

Ixtacamaxtitlán, ubicada a dos horas y media de Puebla capital, en la región conocida como Sierra Norte, cuenta con más de 25 mil habitantes, de los cuales, de acuerdo con el Inegi, más de 78% vive en condiciones de marginación. Zotoltepec y Zacatepec son dos de las 126 comunidades que conforman esta demarcación.

Desde hace años, Minera Gorrión (MG) renta las oficinas centrales de la casa comunitaria, el principal edificio de Zotoltepec, de donde desplazó al juez de paz que antes ocupaba ese espacio. En lámina dorada, un logotipo de la empresa sobresale en la fachada, y un carrito minero fue colocado a las afueras del llamado “módulo de información”, donde confluye toda actividad del pueblo.

No hay mina, tampoco concesiones, pero los mineros se han convertido en los patrocinadores de todo en estas poblaciones.

La subsidiaria de la firma canadiense ha sustituido a las autoridades locales para la organización y el reparto de regalos de cualquier festejo, lo mismo del Día de Reyes o del Niño, que de la Madre o del Padre.

Los representantes de MG son los invitados de honor de todo acto y ejercen influencia en los comités de la primaria, la secundaria y el bachillerato de la localidad, que tiene unos 500 habitantes y se ubica al pie del cerro Uno, el que por cierto sería totalmente triturado para extraerle los metales preciosos.

En los espacios públicos la minera patrocina clases de zumba, bordado, inglés, música, danza y lectura. Entrega becas, sillas de ruedas, cubrebocas, gel antibacterial, equipo médico; dona lentes, auspicia un equipo de futbol y también financia obras en planteles escolares y en templos.

En su página institucional, la compañía divulga que ha pagado a líderes comunitarios, a regidores y autoridades locales viajes para que conozcan la operación de minas en otras entidades del país.

Además, imparte cursos de verano a niños de primaria, donde las banderas de México y de Canadá ondean una al lado de la otra y se transmite el mismo mensaje que se promueve en cualquier actividad: la mina es lo mejor que puede pasarle a este municipio.

Almaden asegura que sus acciones son parte de un programa de vinculación y responsabilidad social con las comunidades aledañas a su proyecto, pero los opositores a la mina acusan que la firma abusa de su poder económico y de la pobreza de los habitantes para comprar autoridades y adeptos.

Apenas el 20 de febrero, MG firmó un acuerdo con ejidatarios de Zotoltepec consistente en la entrega de un paquete de semilla mejorada, pesticidas y capacitación, y la promesa de construir un reservorio de agua, a cambio de que los pobladores se asuman como parte de un “futuro plan de gestión social” del proyecto minero. Los apoyos se repartieron en cajas que decían “Salud y Bienestar”.

Luego de esto, los simpatizantes de la mina convocaron a una asamblea ejidal el 26 de febrero en la cual proponían remover a los representantes del comisariado presidido por Viola Moreno, abierta opositora a la mina. La asamblea no se llevó a cabo por falta de cuórum.

En entrevista, la comisariada ejidal afirma que la gente de la mina es la que está impulsando la revocación de su mandato, que debería concluir en diciembre de este año.

“Yo no estoy ni estaré de acuerdo con la mina, porque veo que es algo que va a perjudicar a mi comunidad”, dice Moreno, quien explica que, para sustituirla, la empresa promueve a un poblador que ya perdió sus derechos ejidales pues vendió sus parcelas precisamente a la firma canadiense.

Todo esto ocurre pese a que, desde el 20 de julio de 2022, al acatar la orden de la SCJN, la Secretaría de Economía (SE) declaró insubsistentes las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2 que había autorizado a la subsidiaria de Almaden Minerals en 2003 y 2009, respectivamente.

El fallo del juicio de revisión de amparo 134/2021 se basó en que la SE omitió realizar los mecanismos necesarios de consulta a la comunidad indígena de Tecoltemi, ubicada en el área de influencia del proyecto minero.

El máximo tribunal aclaró que el efecto de la sentencia era para que la Secretaría de Economía se pronunciara nuevamente en relación con la factibilidad de expedir los títulos solicitados, y que en caso de que se considerase que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgar esos permisos tendría que realizar la consulta a la comunidad indígena.

No obstante, Minera Gorrión dio su propia interpretación al fallo. Consideró que la sentencia dejaba a salvo sus derechos sobre las concesiones y que la renovación de éstas sólo está supeditada a que la SE cumpla con la consulta indígena que omitió.

Sin embargo, este 23 de febrero la SE notificó al Poder Judicial que no es factible volver a emitir las concesiones a la minera por fallas técnicas contenidas en sus solicitudes.

La empresa recalcó que esa resolución de Economía aún no es aceptada por el Juzgado de Distrito y que por tanto “seguirá apoyando la consulta indígena ordenada por la SCJN y haciendo valer sus derechos como competente”.

Pompeyo Herrera, integrante del movimiento contra la mina, señala que desde que la Corte invalidó las concesiones, la empresa ya no tiene ningún sustento legal para permanecer en este municipio, pero que en lugar de irse o frenar sus actividades con la comunidad, las intensificó.

Acusa que la subsidiaria –posiblemente con la idea de que la SE instrumentará la consulta– se ha dedicado a cooptar a más pobladores, incluso a algunos que antes eran opositores al proyecto, sin importar el daño que con eso pueda causar al tejido social del pueblo.

En el Estudio de Impacto Social, Cultural y Espiritual Indígena respecto al proyecto minero “Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”, que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) entregó a Economía, se considera que ya no es factible la implementación tardía de la consulta libre, previa e informada, pues “de origen” se ha violado la “buena fe” prevista por el numeral 2 del artículo 6 del Convenio 169.

El instituto aclara que el contexto social, en el cual la empresa minera se ha insertado en las comunidades, ya no es apropiado “para el desarrollo de un procedimiento de consulta (sin vicios malintencionados de origen) con carácter neutral, objetivo, informativo, de buena fe”.

Los pobladores esperan que ahora el juez asignado por la SCJN para la ejecución del fallo declare que la resolución ya fue acatada por la SE al cancelar en forma definitiva los permisos para Minera Gorrión, aunque temen que, aun así, la empresa siga en esa comunidad e insista en que se le aprueben nuevas concesiones.

“Queremos que las autoridades vengan a ponerle un alto a la minera; sin concesiones, ya no debería seguir aquí. Sólo está dañando a nuestra comunidad”, reclama Herrera.

Incluso las fiestas patronales, que siempre fueron factor de cohesión de la comunidad, ya no son lo mismo, dice Lucía Martínez, vecina de este lugar. “Antes todos cooperábamos, convivíamos y nos divertíamos en armonía, ahora eso se acabó porque el pueblo está dividido. Hasta entre integrantes de una misma familia hay pleitos porque unos están a favor y otros en contra de la mina”, explica.

En las procesiones de la virgen de la Candelaria (2 de febrero) y de la Asunción (15 de agosto), principales fiestas religiosas de Zotoltepec, los trabajadores de Gorrión son los que van al frente, portando una gran manta.

Ella, como otros opositores al proyecto, ha dejado de participar en esas fiestas pues la empresa se posesionó de espacios y tradiciones, y quienes están en contra –que hoy resultan minoría– son “muy mal vistos”.

En el estudio realizado por el INPI se expone el actuar de la minera:

“De los procesos llevados a cabo por la empresa hasta ahora (etapa de exploración, barrenación, informes, reportes, solicitudes, etcétera) ninguno ha sido consultado, consensuado ni informado oportunamente a las comunidades locales ni a sus autoridades comunitarias, con las cuales supuestamente mantiene ‘comunicación abierta y transparente’, por lo que, de origen, se pone en duda la responsabilidad social que la empresa pretende acreditar.”

Agrega que, en cambio, con el fin de tener una anuencia de las comunidades, la minera destaca de manera continua su presencia como un “actor crucial” en la dinámica diaria de la localidad, para lo cual desarrolla acciones de beneficencia “que no representan las necesidades reales de la población”.

Por su parte, Daniel Santamaría, vicepresidente de la empresa, subraya en comunicados oficiales que MG dio 74 empleos locales en la etapa de exploración, con prestaciones superiores a la media nacional, y que en la etapa de construcción proyecta crear 600 puestos de trabajo, que se sumarían a 420 que ya están en operación.

En septiembre de 2022 la empresa estableció un convenio con el “Grupo de Riego de Pequeños Propietarios del Grupo de Zacatepec, AC”, para ampliar un reservorio de agua de 5 mil litros que construyó hace tres años con apoyos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su página, Minera Gorrión refiere que desde 2014 abrió un área de Responsabilidad Social Empresarial y Atención Comunitaria, pues se dice convencida de que la vinculación comunitaria y el tejido de redes sociales conforman “uno de los ejes rectores que llevan al éxito de los proyectos y mejoran la vida de los vecinos de las comunidades que habitan las áreas de influencia”.

También sostiene que sus acciones están comprometidas con el respeto a los derechos humanos y orientadas al “cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”.

Fuera de estas dos comunidades, Minera Gorrión parece no darse por enterada del descontento que genera en la zona. Además del litigio que desde 2015 iniciaron Tecoltemi y la unión de ejidos de Atcolhua, en otras localidades indígenas, como Almeya y Cruz de Ocote, se acordó rechazar el acceso al proyecto, así como declinar la venta o cesión de derechos ejidatarios en favor de la empresa. En julio de 2021 pobladores del ejido Loma Larga retuvieron maquinaria de la minera que, sin autorización, entró a su territorio para hacer barrenaciones.

El reporte del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) evidencia que Almaden omitió informar a sus inversionistas sobre potenciales riesgos para su inversión derivados del litigio interpuesto en su contra desde 2015, así como informar de denuncias presentadas en dependencias y de la creciente inconformidad popular en contra del proyecto.

Compras con engaños

En la evaluación “Minería Canadiense en Puebla y su Impacto en los Derechos Humanos”, realizada en 2017 por PODER, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua, se da cuenta que Morgan Poliquin, director ejecutivo e hijo de Duane Poliquin, fundador de Almaden Minerals, conoce “a detalle” el territorio del proyecto Ixtaca.

Expertos en investigación de empresas encontraron que Morgan Poliquin hizo su tesis doctoral de la Universidad de Exeter, Inglaterra, sobre la geología de la Sierra Madre Oriental y el Eje Transvolcánico de México.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2419 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.