PUEBLA, Pue., (apro).- La comunidad nahua Tecoltemi y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, del municipio de Ixtacamaxtitlán, demandaron que la justicia federal dé por cumplimentada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la cual se cancelan las concesiones otorgadas a la minera canadiense Almaden Minerals en esa localidad. 

En rueda de prensa, los pobladores señalaron que luego de que la semana pasada la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible otorgar los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2 por no ajustarse a la Ley Minera y su reglamento, el juez de distrito de Puebla debe dar por ejecutada la sentencia que emitió la SCJN el 16 de febrero de 2022. 

Apoyados por organizaciones civiles, indicaron que con la emisión de ese resolutivo se confirma que Almaden Minerals ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y que ya no se le otorgaron nuevamente esos permisos.  

“Por lo tanto debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de actividad dentro de ese municipio”, mencionaron.  

Diana Pérez, abogada de la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., quien ha llevado este litigio que inició desde 2015, refiere que contrario a lo que ha alegado la minera, el fallo de la SCJN tuvo tres efectos: uno que dejaba inconsistentes las concesiones, otro que pedía la Secretaría de Economía pronunciarse sobre la factibilidad de entregar nuevos títulos y un tercero que decía que, si aún era factible la concesión, se realizara la consulta a la comunidad Tecoltemi.  

“Por tanto, al haberse declarado la no factibilidad resulta improcedente llevar a cabo la consulta y debe darse automáticamente cumplida la sentencia por parte del Juez de Distrito a cargo de la ejecución (de la sentencia de la SCJN)”, explicó. 

En este sentido, rechazaron la postura de Almaden Minerals que, en comunicados emitidos el 22 y 23 de febrero, ha alegado que la SE ha incumplido la sentencia pues asegura que el mandato de la SCJN ordenaba forzosamente a la dependencia realizar la consulta a las comunidades. 

Las organizaciones y pobladores señalaron que además de la decisión de la SE, están las evaluaciones de impacto social y ambiental que emitieron la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que concluyen que ese proyecto minero en Ixtacamaxtitlán tendría múltiples efectos negativos.  

Indicaron que este es un logro histórico para las comunidades que luchan en defensa de su territorio y de su derecho a la libre autodeterminación.  

“Por todo lo anterior, hacemos un atento llamado al Juez de Distrito, que conoce de la ejecución, para dar por cumplida la sentencia, en apego al mandato de la SCJN y del marco convencional de derechos de pueblos indígenas”, recalcaron los pobladores.