OAXACA, Oax. (apro).- Las autoridades municipales y agrarias de San Pedro Quiatoni advirtieron que si no se cancelan las 12 concesiones mineras a favor de las empresas Don David Gold y Minerales El Prado que afectan su territorio, realizaran acciones contundentes que definirán “políticamente el estado en los próximos años”.

De entrada, “la asamblea comunitaria San Pedro Quiatoni determinó su rechazo a toda la clase política que solamente en periodos electorales se acuerdan de nuestra comunidad” y advirtió que “no serán bien recibidos, sean del color que sean”.

Su determinante acuerdo es porque “nuestra comunidad agraria solicito´ apoyo a nuestros representantes populares, en particular a los diputados del Congreso de Oaxaca, a los diputados federales y senadores del estado de Oaxaca, para que se pronunciaran en tribuna a favor de nuestra lucha, sin embargo, como dichos pronunciamientos no generan utilidad política, hicieron caso omiso de nuestras peticiones”.

Es por ello que toda la comunidad zapoteca, en asamblea general de fecha 29 de enero del 2023, “ha tomado, por unanimidad, la convicta determinación de defender con todos nuestros esfuerzos físicos, materiales y legales nuestras tierras y territorio, esto para impedir que se siga cometiendo la explotación desmedida e irracional de nuestros recursos naturales y minerales”.

Luego que las autoridades federales, representantes populares y poder judicial federal se han mostrado insensibles a sus  demandas, “el pueblo está decido a hacer marchas, a realizar bloqueos y a tomar otras acciones que no nos gustaría afectar a la ciudadanía, pero si no nos dejan otro camino a eso vamos a llegar. No sabemos cuándo, en un mes, dos meses, tres meses, un año”.

En una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el presidente municipal de San Pedro Quiatoni, Marcelo García Sánchez; el comisariado de Bienes Comunales, Martín López López, el presidente del Comité pro defensa de la Tierra y el Territorio, Raymundo López García, los representantes jurídicos Simitrio Ruiz y Elías López Martínez, recodaron que este 13 de febrero del 2023, se cumplieron tres años de que presentaron una demanda de amparo y aunque ganaron la suspensión de plano, las empresas mineras no la acatan.

Detallaron que la demanda de amparo promovida en los Juzgados Federales y radicada con el número 178/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito, se señalaron como actos reclamados la entrega de 12 concesiones mineras a favor de las empresas mineras Don David Gild, S.A de C.V (11 concesiones) y Minerales El Prado S.A de C.V (1 concesión), esto sin que las autoridades federales los hayan consultado.

Sin consulta previa

Y es que la Secretaría de Economía, Subsecretaría de Mina y Dirección General de Minas, nunca implementaron, previamente a dicha expedición, la consulta previa, libre e informada para lograr el consentimiento de la comunidad agraria e indígena zapoteca de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca, violentando flagrantemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así mismo, se denunció como acto reclamado el proceder fraudulento de la empresa minera Don David Gold S.A de C.V de construir una bocamina en la localidad de San José de Gracia, perteneciente a los terrenos de San Pedro Totolapam, sin embargo, la explotación de los recursos minerales se están realizando bajo el subsuelo de San Pedro Quiatoni.

“Es preciso manifestar que, desde la admisión de la demanda de amparo, se concedió a nuestra comunidad agraria quejosa la suspensión de plano, para el efecto de que la tercera interesada Don David Gold se abstenga de extraer los recursos minerales bajo el subsuelo de nuestro territorio, determinación que hasta el momento la empresa minera ha incumplido a lo largo de estos tres años”.

Denunciaron que “la empresa minera ha incurrido en actitudes dilatorias procesales, pues por cada acuerdo favorable a nuestra comunidad ha interpuesto recursos de quejas frívolas e improcedentes con el único afán de entorpecer y retardar el proceso, mismas que han sido desechadas por el Tribunal Colegiado. Son más de ocho quejas las que han sido declaradas improcedentes”.

Se quejaron que “el 03 de marzo del 2020, se presento´ el escrito de ofrecimiento de pruebas por parte de la comunidad quejosa, entre las que destacan las periciales en topografía, producción minera, contabilidad y avalúo, mismas que fueron admitidas en su totalidad por el Tribunal Federal, sin embargo, dado las políticas presupuestales del Consejo de la Judicatura Federal, ha sido muy complicado la designación de peritos oficiales en la materia, lo que ha retardado aún más el proceso”.

Finalmente, exhortaron “los tribunales federales para que den celeridad procesal a su caso, pues a tres años de distancia, ni siquiera se ha podido terminar con el desahogo de pruebas que fueron admitidas, lo que ha repercutido directamente en nuestro perjuicio, pues en tanto, la empresa minera sigue extrayendo recursos minerales en el subsuelo de nuestro territorio, haciendo caso omiso de la suspensión de plano decretada”.

Mientras tanto, los pozos se han secado, el río se ha contaminado, varias viviendas se han cuarteado por las explosiones subterráneas y el pueblo ya está decidido a defender su tierra y territorio aún a costa de sus vidas.