La Ley General de Comunicación Social, vigente desde diciembre pasado, está suscitando un alud de acciones de inconstitucionalidad. Ayuntamientos panistas agrupados en la ANAC, dirigencias partidistas de oposición, el INE y medios coinciden en que el bajísimo tope de gasto en comunicación social atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Una vez interpuestos los recursos, la última palabra será de la Suprema Corte.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, se está convirtiendo en una de las más impugnadas de la historia: durante la última semana de enero y la primera de febrero se espera que al menos 320 municipios demanden su invalidez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha ley tiene errores en su redacción y en su artículo 26, penúltimo párrafo, mandata limitar el gasto en publicidad a 0.1% del presupuesto de cada uno de los poderes de la Unión, así como de los estados, municipios, los órganos autónomos y toda dependencia o entidad del Estado.

Como se sabe, en 10 días y sin análisis, discusión ni consenso, las bancadas oficialistas (Morena, PT y PVEM) aprobaron el 15 de diciembre dicha ley que, junto con la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, forman parte del paquete conocido como “Plan B”, cuya polémica se centra en la restricción al gasto en publicidad, tomando por sorpresa a las administraciones públicas e inclusive a los gobiernos emanados de Morena, excepto el federal.

En la conocida como Ley Chayote, la restricción se basa en imponer a todo el aparato de Estado una medida de austeridad mediante el tope en gastos publicitarios de 0.1%, lo que en dinero se traduce en unos 8 mil millones de pesos disponibles para el gobierno de la República, pero en una asfixia en el rubro para los demás poderes y órdenes de gobierno que pueden disponer inclusive de unos cuantos miles de pesos, dependiendo de su presupuesto.

El impacto inmediato fue para miles de medios de comunicación en estados y municipios, pues los gobiernos estatales y los ayuntamientos frenaron su gasto y postergaron las firmas de contratos de publicidad que suelen realizarse en enero. Lo anterior, en medio de una crisis agravada por la falta de publicidad privada que está optando por difusión propia en redes sociales, así como por la disposición de aumento a los salarios mínimos para periodistas que entró en vigor en enero (Proceso 2411).

Durante la mayor parte del mes, los equipos jurídicos de gobiernos estatales y ayuntamientos empezaron sus análisis para controvertir la ley, por ahora poniendo en el tapete de las discusiones dos principios: federalismo, por lo que toca a la autonomía presupuestal que les concede el artículo 115 constitucional, y derecho a la información, por lo que compete a la necesidad de comunicar.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2414 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 5 de febrero de 2023.