CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expuso los puntos generales de la estrategia jurídica para revertir el llamado plan B de reforma electoral, aprobado en diciembre pasado, en la que destaca una acción de inconstitucionalidad por la dirigencia del partido y otra a través de sus diputados.

Además, anticipó, planean una serie de controversias constitucionales presentadas por estados y municipios en contra de la Ley General de Comunicación Social. En total, tres vías de litigio constitucional con el propósito de revertir el paquete de reformas aprobado el pasado 15 de diciembre.

Desde el mismo 15 de diciembre, el PAN anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a disposiciones electorales, pero esta mañana, en Mérida, Yucatán, Cortés Mendoza abundó sobre la presentación de controversias constitucionales que presentarán estados y municipios.

En su edición más reciente, la revista Proceso informó que el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, aprobada como parte del paquete de reformas del Plan B, dispone que estados y municipios no pueden gastar más del 0.1% en publicidad gubernamental, lo que limita la difusión de acciones de gobierno y pone en severo aprieto a los medios de comunicación.

Al respecto, dijo que se encuentran en análisis con los ayuntamientos de extracción panista sobre las condiciones de las controversias que se presenten.

Los recursos se presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “porque los están limitando seriamente en su capacidad de informar, de poder difundir las acciones de sus gobiernos, limitándolos en su posibilidad de dar a conocer lo que ellos están haciendo mientras que el gobierno federal todos los días mal usa Palacio Nacional para hacer política y difusión y atacar a la oposición”.

Respecto a las reformas en materia electoral, el dirigente del PAN expuso que será en dos vías: una es a través de un tercio de las firmas de integrantes de la Cámara de Diputados, y otra, por la facultad de los presidentes de partido para presentar una acción de inconstitucionalidad.