El 28 de enero de 1970 –el último año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– una nutrida fuerza militar atacó a indígenas totonacos en la comunidad serrana de Monte Chila. La versión oficial fue que ahí anidaba una banda de forajidos; los testimonios de los pobladores actuales y narraciones históricas coinciden que se trató de una masacre. Ahora defensores de los derechos humanos y habitantes del lugar exigen justicia y reparación del daño para las familias de las víctimas.

JOLAPA, Pue. (Proceso).-  Durante tres meses los cadáveres de decenas de indígenas totonacos –ancianos, niñas, niños, mujeres y hombres– quedaron a la intemperie, a merced de la descomposición y de animales carroñeros, en la espesa vegetación de Monte Chila, en la Sierra Norte de Puebla.

Los testimonios coinciden que cuando los militares permitieron que un sacerdote y un grupo de laicos entraran a Monte Chila a recuperar los cuerpos de sus familiares y vecinos caídos, sólo hallaron huesos y partes inidentificables, por lo que no les quedó otro remedio que depositarlos en una fosa común.

José, poblador de Jopala, recuerda que cuando era niño acompañó a su padre y a un cura a esta terrible misión, por lo que ubica dónde quedaron enterrados los restos, que corresponderían a unas 34 o 40 personas.

Pero no eran todas las víctimas. Algunos aseguran que fueron masacradas al menos 80 o 100, otros que 300 y hay quien dice que 500. En ese monte, dicen, se pueden encontrar calaveras y huesos en surcos, veredas, barrancas y árboles. “Monte Chila se convirtió en un cementerio”, resumen.

Los lugareños consideran que los soldados, pertenecientes a los batallones 26 y 37 del Ejército Mexicano, dejaron los cuerpos expuestos, prohibiendo darles sepultura, como una forma de escarmiento, para sembrar el terror en esta región.

Lograron su propósito, pues a 53 años de esos hechos aún persiste el “temor a represalias” por hablar de lo ocurrido esa madrugada del 28 de enero de 1970, el último año de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz –poblano, por cierto–, y se cumplía el primero del gobierno de Rafael Moreno Valle, médico militar, abuelo del fallecido panista del mismo nombre que igual fue gobernador de Puebla.

Gerardo Pérez Muñoz, impulsor y coorganizador del primer acto conmemorativo que se realiza en Puebla sobre esos hechos, afirma que la matanza de Monte Chila fue un etnocidio que tuvo como fondo el despojo de tierras a indígenas y campesinos, donde jugaron un papel fundamental los caciques locales y regionales, así como sus redes con el poder político y económico.

No debe pasarse por alto, señala, que años después de esta sangrienta represión, justo en esas tierras localizadas en los límites con Veracruz, se erigió una hacienda llamada Oro Verde, productora de café, que quedó en manos de alemanes.

La versión que corre entre los pobladores es que directivos de la Volkswagen, entonces recién instalada en Puebla (1964), y el general y entonces gobernador Moreno Valle estuvieron involucrados en la compra posterior de ese fértil monte, que se extiende en forma de meseta a lo largo de más de 10 kilómetros y tiene a un costado el río Necaxa.

Desde antes de la llegada de los españoles, Jolapa estaba poblada por grupos totonacos y nahuas. A la fecha se hablan cinco lenguas indígenas, en particular el totonaco. Pérez Muñoz refiere que la localidad está inserta en una región dominada por cacicazgos, lo cual explica el temor que ha persistido entre sus pobladores a hablar sobre esta masacre que se ha mantenido “acallada e impune”.

El pasado 28 de enero, al cumplirse 53 años, el activista llamó la atención sobre este hecho en el foro de discusión para la Ley de la Memoria, organizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidos en 1965-1990.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2415 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.